Edgardo Rovira: No falta corazón, sobran capitalistas
Fernando Almeida tiene 13 años y es el segundo de siete hermanos de una familia cuyo único sostén es el padre que realiza changas de albañilería en Virasoro. Fernando sufre de “miocardiopatía dilatada por influenza B”, vino al Garrahan con la esperanza de ingresar en la lista de espera del Incucai, pero en el hospital fueron determinantes, luego de ser evaluado, el equipo de profesionales determinó que: “Teniendo en cuenta el diagnóstico, la condición social y familiar (…) se concluye que el paciente no reúne criterios para ingresar en la lista de trasplante cardíaco del Incucai”, sin tanto eufemismo ni protocolo, lo que dejaron en claro es que Fernando no es apto para un trasplante por su condición social, es pobre.
Ningún funcionario de Cambiemos, sea de Nación, de Provincia o de Ciudad, dieron algún tipo de respuesta, ni ayuda o solución. Los que se comunicaron, demostrando que si hay decisión política se pueden encontrar soluciones, fueron del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, los mismos informaron que la gobernación está dispuesta a otorgarle a Fernando toda la asistencia social y económica que necesita para sortear cualquier postoperatorio con la contención y el cuidado que requiere un trasplante cardíaco. También se comprometieron a articular entre las áreas de Salud y Desarrollo Social para detectar y resolver los casos de personas que necesitan ser trasplantadas y no cuentan con condiciones socio-ambientales adecuadas para hacerse cargo de los cuidados posteriores a recibir el trasplante. Santa Fe, con todas su limitaciones y contradicciones que puedan tener sus Ministerios, tiene un paradigma diametralmente opuesto al de Cambiemos y se deja ver en esta medida.
Mientras el gobierno de Macri habla de recuperación económica, la verdad es que las condiciones de vida de millones de argentinos empeoran día a día. En la Argentina, según datos de la UCA, casi seis de cada diez chicos menores de 18 años son pobres o lo eran hasta el primer trimestre de 2017. Esto se traduce en que 7,6 millones de niños, prácticamente el 59%, no cubre necesidades básicas ni tiene asistencia médica. Eso quiere decir que sólo 4 menores de 18 años estarían según el Garrahan en condiciones de recibir un trasplante de corazón.
La pobreza y la salud están interrelacionadas. De la misma manera, la pobreza es una variable de accesibilidad a recibir un trasplante hoy en día. El Estado debe hacerse cargo de eso y brindar las ayudas necesarias para permitir el acceso al trasplante de cualquier argentino que obtenga un órgano. Lo que sucedió con Fernando manifiesta la fragilidad y las limitaciones que tiene el Sistema de Salud Pública. Las políticas de Macri en la materia son altamente perjudiciales para el acceso de la salud y la prevención. Entre 2017 y 2018 ajustó un -12,2% el presupuesto de Salud, redujo un 50% el presupuesto en “atención de la madre y el niño” y un 50% en “atención sanitaria en el territorio”. Esos programas son necesarios, por ejemplo, para que Fernando tenga recursos para afrontar el postoperatorio.
La pobreza y la salud están interrelacionadas. De la misma manera, la pobreza es una variable de accesibilidad a recibir un trasplante hoy en día. El Estado debe hacerse cargo de eso y brindar las ayudas necesarias para permitir el acceso al trasplante de cualquier argentino que obtenga un órgano.
Con la asunción de Mauricio Macri, la brecha de desigualdad en el acceso a la salud se profundizó. La sanidad pública en Argentina no es insostenible, ineficaz ni onerosa como dicen los neoliberales de turno. El sistema de salud argentino es el más universal de Latinoamérica. El modelo privatizador que ha puesto en marcha Cambiemos viene a destruir los principios del Dr. Carrillo, pilares de nuestro Sistema de Salud, y consiste en subcontratar la gestión, recortar prestaciones, centralizar y subejecutar presupuestos.
Debemos resaltar que la semana pasada el Gobierno avanzó en dos medidas que manifiestan las verdaderas intenciones que el macrismo tiene. Por un lado, comenzó el programa de privatización de la Salud Pública en Mendoza, con el tan mentado programa de Cobertura Universal de Salud (CUS). Por otro lado, el PAMI creo la Fundación PAMI-INSSJ, una ONG con objetivos sospechosamente similares a los de la Obra Social de los jubilados.
La puesta en marcha del CUS comenzó con el Decreto 908/2016 y es la punta de flecha para la privatización operativa del sector de salud en Argentina, dejando en manos del Estado solo los servicios médicos de las capas más pobres de la población, que en el mejor de los casos recibirá una cobertura básica, elemental e insuficiente. La reforma que pretende Macri busca privatizar el sector y aumentar la inequidad respecto al derecho a la atención médica.
El mismo es un maquillaje del sistema de Salud para terminar privatizando, por ejemplo el servicio de hospitales en provincias que no podrán financiar su funcionamiento. Desde la implementación de este nuevo paradigma de salud, las prestaciones que brinden los hospitales, sólo se ceñirán al Programa Médico Obligatorio (PMO): cualquier afección que requiera un tratamiento por fuera de esa cobertura básica tendrá que ser autorizada especialmente o el paciente deberá pagar. Con el CUS, se busca que el Estado financie la demanda de salud –prepagas para la población en general- en lugar de la oferta (centros de atención primaria, hospitales, clínicas, dispensarios, obras sociales, etc). Con el CUS, la Argentina dejará de tener un Sistema Federalizado de salud, donde cada Gobierno provincial despliega sus propias políticas dependiendo necesidades y protocolos. Macri busca imponer un modelo único y centralizado, donde se financia y se privilegia a los sectores privados de la salud y la seguridad social para que atienda a los pacientes en lugar de los hospitales públicos o de las obras sociales y con ello el gran negocio se concentra en manos de unos pocos, por ello cuando se dice que van a consensuar provincia por provincia, eso se hará a costa de la reducción de los presupuestos en salud. El Programa afectará a los usuarios de hospitales públicos, pero también a los afiliados de las obras sociales y las prepagas ya que, se sacarán prestaciones del PMO. De esta manera, los tratamientos que hasta hoy financiaban las entidades de salud sindical o privada, deberán ser abonadas por los usuarios.
El Programa afectará a los usuarios de hospitales públicos, pero también a los afiliados de las obras sociales y las prepagas ya que, se sacarán prestaciones del PMO. De esta manera, los tratamientos que hasta hoy financiaban las entidades de salud sindical o privada, deberán ser abonadas por los usuarios.
El cambio de paradigma impulsado por el gobierno de Macri cierra con la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de la Salud (AGNET). El organismo –deberá ser creado por ley- está especialmente en la mira del sindicalismo ya que decidirá qué medicamentos y tratamientos serán parte del PMO y definirá la cobertura de los tratamientos de alta complejidad y costo. La iniciativa es impulsada desde el año pasado y logró dictamen de mayoría en noviembre de 2016. Es decir, que si no se aprueba este año, perderá estado parlamentario y deberá presentarse nuevamente en 2018. Macri espera después del 22 de octubre avanzar con el proyecto.
La primera medida del programa es el CUS Remedios que ya está en funcionamiento y reemplaza al Plan Remediar. El reemplazo no significó sólo un cambio de denominación, sino también la cantidad de medicamentos para entregar de forma gratuita que disminuyó de 71 a 45.
Sobre la creación de la Fundación PAMI quedan más dudas que certezas. Lo primero que uno puede resaltar es que la resolución dice que la fundación se crea para “coadyuvar” exclusivamente a administrar el hospital de Mar del Plata, que fue expropiado y rebautizado como Houssay. Pero el PAMI ya gestiona el Hospital Francés y el Españoly lo hace sin necesidad de haber creado ningún ente privado para tal fin. Además, el estatuto de la fundación define para ésta el mismo objeto que el del PAMI, la atención integral de la salud de los jubilados y pensionados de todo el país, por lo que se puede inferir que no se crea sólo para gestionar el Houssay. El PAMI es un ente autárquico, fiscalizado por el Ministerio de Bienestar Social. La Fundación es una ONG y como tal, tiene muy pocas exigencias fiscales sobre el manejo de sus fondos. La ONG PAMI también será en su gestión y en sus números manejada por el Instituto PAMI. En otras palabras, el Director Ejecutivo de PAMI será el controlador de Consejo Administrativo de PAMI, compuestos por los mismos integrantes. La Fundación no se encuentra obligada a prestarle ayuda a una persona determinada. El criterio de una Fundación siempre será discrecional. La Ley 19.032 prohíbe expresamente la delegación de la gestión, el control y la administración. También la Ley prohíbe expresamente que las autoridades del PAMI tengan relaciones con los efectores y proveedores.
La Fundación no se encuentra obligada a prestarle ayuda a una persona determinada. El criterio de una Fundación siempre será discrecional. La Ley 19.032 prohíbe expresamente la delegación de la gestión, el control y la administración. También la Ley prohíbe expresamente que las autoridades del PAMI tengan relaciones con los efectores y proveedores.
La Fundación PAMI podrá dar prestaciones sanitarias y sociales que brinde el o los efectores cuya gestión se encargue, por lo que en los hechos se le permite a la fundación contratar personal. Entre otras facultades, podrá realizar compras directas sin licitaciones, y podrá encargar a terceros tareas relacionadas con la atención de los afiliados. Esta Fundación privada, tiene como objeto gestionar dineros públicos, por lo tanto, es una gran redistribuidora de ingresos.
Con las políticas de Macri volvimos a una lógica economicista y neoliberal de la Salud. Otra vez son las recetas de ajuste estructural que impone el manual de acción del FMI. Otra vez son las recomendaciones del Banco Mundial las que vienen a salvar nuestro presente y futuro. Cambiemos quiere implantar un modelo de copagos y avanzar en privatizaciones. Utilizando el eufemismo de la “Salud del Futuro”, promueve una concentración cada vez mayor del financiamiento del sistema en el sector privado a costa de desarticular el modelo de solidaridad. Esta privatización progresiva de la salud también expresa el deterioro del sistema de obras sociales y del sector público. Esto es lo que justamente el macrismo quiere, que el Estado no se entrometa en el libre juego del mercado de salud.
La salud no es una mercancía, es un derecho. La salud no es un gasto, es una inversión. Pero los centros de salud, sean hospitales, clínicas o centros de trasplantes consideran otro factor al decidir quién entra a ese grupo de pacientes y quién no
La salud no es una mercancía, es un derecho. La salud no es un gasto, es una inversión. Pero los centros de salud, sean hospitales, clínicas o centros de trasplantes consideran otro factor al decidir quién entra a ese grupo de pacientes y quién no. El que tiene dinero, no tiene problema ya que puede pagar la cirugía, anotarse en varias listas, comprar un órgano, no tener discriminación a la hora de ser elegido, pagar los medicamentos de por vida luego de la operación. El que no puede costear esos gastos o abrir esas puertas, debe morir, vivimos en un sistema que no admite débiles, ni enfermos pobres que son una carga, según ellos, para las arcas del Estado y toda la sociedad. Un paciente debe ser capaz de costear los remedios que evitan que su cuerpo rechace el órgano, debe ser capaz de pagar condiciones de vida digna para no echar a perder la operación.
Es clara la contradicción de modelos entre la idea igualitaria de equidad que plantea la Constitución Nacional y llevó adelante el gobierno kirchnerista, con el modelo neoliberal que se orienta en las recomendaciones del Banco Mundial. En el primer modelo, la concepción igualitarista aplicada a la salud se basa en el principio de igualdad de beneficios integrales para toda la población y de manera gratuita. El segundo modelo es el neoliberal, el mismo presenta un plan de beneficios básicos marginal, dentro de un sistema privado desregulado, al cual somos obligados a aportar y en el que se cubren sólo los gastos mínimos.
