Edgardo Rovira: Doctrina de Seguridad Nacional 3.0

El Decreto 727/2006 reglamenta la Ley Nº 23.554 que establece los principios básicos, competencia del Consejo de Defensa Nacional, atribuciones del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En su artículo 1º, dicha reglamentación establece que: “Las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior y en la Ley Nº 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas en lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en operaciones de apoyo a la seguridad interior. Se entenderá como ´agresión de origen externo´ el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”. En su artículo 3ºaclara que: “El Sistema de Defensa Nacional no podrá contemplar en su formulación doctrinaria, en la planificación y adiestramiento, en la previsión de las adquisiciones de equipos y/o medios, como así tampoco en las actividades relativas a la producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior, conforme la misma aparece delimitada en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior”.

La Argentina estableció un marco normativo que delimita con precisión el rol de las Fuerzas Armadas. La Ley de Defensa Nacional 23.554 del año 1988 introdujo en su momento una novedad importante, separó del conflicto interno lo vinculado con la defensa nacional, por ende, las Fuerzas Armadas dejaban de estar facultadas para operar dentro del territorio (el conflicto interno pertenece al campo de la Seguridad Interior y el conflicto externo al campo de la Defensa Nacional). De esta manera, se terminaba con la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional y fortalecía la autoridad de conducción de las Fuerzas Armadas en el presidente de la Nación y del ministro de Defensa, iniciando un nuevo rumbo del gobierno civil en temas relacionados a la defensa nacional. Quizás esta haya sido una de las conquistas fundamentales logradas en nuestro país a partir de la recuperación de la democracia.

El gobierno nacional en estos casi dos años de gestión tomó decisiones y expresó posicionamientos que quiebran esa demarcación y debilitó todo mecanismo que sostenía la conducción civil de las Fuerzas Armadas. El macrismo considera que la legislación debe acoger nuevamente el concepto integral de Seguridad, teniendo como elemento decisorio el nivel de agresión que existe, medida dicha agresión en las consecuencias que tenga sobre el sistema.  Por todos los medios, el Gobierno y las Fuerzas Armadas buscan derogar el decreto de Néstor Kirchner que reglamentó en 2006 la Ley de Defensa Nacional. Buscan ampliar el concepto de “agresiones de origen externo”, para ampliar facultades y rangos de acción de las Fuerzas Armadas.

El gobierno nacional en estos casi dos años de gestión tomó decisiones y expresó posicionamientos que quiebran esa demarcación y debilitó todo mecanismo que sostenía la conducción civil de las Fuerzas Armadas

En el último mes y medio se dieron reuniones entre el presidente Mauricio Macri, el ministro de Defensa Oscar Aguad, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete Marcos Peña para avanzar en la reforma de la Ley de Defensa Nacional. La intención del gobierno es dotar de “un nuevo y moderno rol” a las Fuerzas Armadas para combatir, según ellos, el avance del narcotráfico y el terrorismo, especialmente en el norte del país y el conurbano, además de contribuir a la defensa de las fronteras.

Desde el comienzo de su gobierno, Macri dio pasos para plasmar la nueva política en la materia. La responsable de su instrumentación ha sido y es la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y el instrumento utilizado ha sido la declaración de la emergencia de seguridad mediante el decreto 228/2016 y su prórroga mediante el decreto 50/2017. Sumemos a este nuevo presente de las Fuerzas Armadas el decreto (N° 721/16) que derogael decreto fundacional dictado por el presidente Raúl Alfonsín(N° 436/84), presentado por el gobierno de Cambiemos como un “reordenamiento administrativo”, que viene a devolverle autonomía a las Fuerzas Armadas para resolver ascensos y bajas, designaciones de personal, traslados, premios, entre otras cuestiones que hasta ese momento eran atribuciones del Ministerio de Defensa. Otra cuestión importante es que a través de ese decreto se reincorpora personal retirado para la tarea “docente”, abriendo la posibilidad a que vuelvan a estar activos y dentro de la jerarquía militar muchos efectivos que fueron parte del proceso militar.

Otra cuestión importante es que a través de ese decreto se reincorpora personal retirado para la tarea “docente”, abriendo la posibilidad a que vuelvan a estar activos y dentro de la jerarquía militar muchos efectivos que fueron parte del proceso militar

De la misma manera, el Gobierno habilitó a las Fuerzas Armadas, a través de la resolución 154-E/2017, que deroga otra firmada por la ministra Garré, a realizar tareas de inteligencia interior, expresamente vedada por las leyes de Defensa, Seguridad Interior e Inteligencia. Con la excusa de hacer “informes socio ambientales”, se permite el espionaje sobre actores sociales, además se ordena el equipamiento y la capacitación de los uniformados en el “principio de progresividad en el uso de la fuerza”, contrario a la esencia de la formación militar, y habilita a los jefes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea a asistir jurídicamente a quienes enfrenten procesos por las previsibles derivaciones de la resolución”. Para habilitar el espionaje interno el gobierno invocó la necesidad de “garantizar la integridad de los establecimientos militares”, que exigiría un “inmediato rediseño de los sistemas de seguridad de las Fuerzas Armadas con nuevos criterios para minimizar y contrarrestar hechos delictivos”.

Con el DNU 595/17 el presidente Mauricio Macri autorizó un préstamo por casi $ 16.000.000.000 para “la atención de los requerimientos inherentes a la defensa nacional” para “adquisición de Patrulleros Oceánicos OPV”, “Adquisición de Aeronaves Beechraft T-6 Texan, Motores Aeronáuticos Turbohélice PT6A-68 y Soporte Adicional”, “Recuperación de las Capacidades de Transporte Aéreo de las Fuerzas Armadas – Aviones Transporte Mediano” y “Suministro de Pistolas calibre 9×19, Rifles de asalto y Know-How”. Ya a finales de octubre de 2016, en el proyecto de presupuesto 2017, el Ministerio de Hacienda autorizaba partidas que correspondían a adquisición de bienes en ejercicios futuros. Según el mismo, el Ministerio de Defensa se quedaría con importes devengados que ascienden a unos u$s 2.400.000.000 para adquirir diversos sistemas de armas a ser suministradas a las distintas fuerzas argentinas.

El Gobierno busca alinear los ejercicios militares con la nueva política de seguridad nacional que plantea. Buscando capacitar a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad interior. El terrorismo y el narcotráfico aparecen como las nuevas amenazas a conjurar y para ello se prepara a las fuerzas armadas no para la defensa sino para el enfrentamiento interno.

Para que las Fuerzas Armadas tengan un rol activo en la lucha contra el narcotráfico con participación directa y principal del Departamento de Defensa de los EEUU. El Ejército ya presta hoy una estrecha cooperación con Gendarmería y Prefectura en la frontera norte con la excusa de frenar el “avance del narcotráfico”. Se han realizado de manera conjunta varios operativos en Misiones, Corrientes y Formosa. Claro que las Fuerzas Armadas aún están limitadas por ley en este accionar, pero sin embargo realizan operaciones, se mueven en el territorio y comienzan a desempolvar esa vieja estructura de inteligencia y control social.

Desde Casa Rosada dicen “Hay que entender que tanto el terrorismo como el narcotráfico ya no reconocen fronteras y si decidimos combatir esto con seriedad y eficiencia no vemos por qué no podemos poner a trabajar en esta lucha a las Fuerzas Armadas”.

No sólo Macri quiere que las Fuerzas Armadas tengan presencia en la “seguridad interior”, la idea es que los militares hagan inteligencia junto con la Agencia Federal de Inteligencia (exSide) y el Ministerio de Seguridad.

Este comportamiento del Gobierno juega a los hechos consumados, cuyas nefastas consecuencias serán muy difíciles de modificar y revertir en el mediano y largo plazo.

Como si todo esto no fuera suficiente, hay un retroceso importante en la intromisión de Estados Unidos en la soberanía nacional. Washington tiene un diseño geopolítico y estratégico definido que puede avanzar libremente con Macri

Como si todo esto no fuera suficiente, hay un retroceso importante en la intromisión de Estados Unidos en la soberanía nacional. Washington tiene un diseño geopolítico y estratégico definido que puede avanzar libremente con Macri. El objetivo de Trump y el Pentágono es recuperar y aumentar la presencia militar en la América del Sur, que parecía haberse reducido drásticamente desde que perdieron la base de Manta, en el Ecuador, y desde que la Corte en Colombia consideró inconstitucional la instalación de siete bases militares bajo el “Plan Colombia”. Bases reconocidas como tales existen en El Salvador, Cuba, Aruba, Curaçao y Puerto Rico. Al mismo tiempo los Estados Unidos mantienen en América Latina bases informales denominadas, quasi-bases. Encontramos quasi-bases en Perú, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Colombia, entro otros países, a lo largo del litoral del Pacífico. Ahora hay que agregarle las quasi-bases que el gobierno de Macri permitió construir a Estados Unidos, una en Tierra del Fuego y la Triple Frontera, representando una amenaza a la soberanía de la Argentina y la seguridad interior de nuestro país. Para eso, a mediados de mayo de 2016 una delegación del Ministerio de Defensa viajó a EE.UU. para desarrollar varios puntos de un proyecto de “cooperación militar” acordado entre Mauricio Macri y Barack Obama.

El gobierno de Macri justifica la instalación de la base militar norteamericana en Ushuaia alegando que en el lugar se realizarán “tareas científicas” y la de la Triple Frontera, para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. El enfoque del macrismo responde a la política de Estados Unidos cuyo énfasis y centro de atención está puesto en las denominadas “nuevas amenazas”.

El 10 de noviembre de 2016 el gobierno del estado norteamericano de Georgia anunció que la Guardia Nacional de ese estado había sido seleccionada como la operadora del Comando Sur Militar Estadounidense para Argentina como parte del Programa de Asociación Estatal (SPP según sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa. La noticia fue dada a conocer el 14 de diciembre de 2016 por el Ministerio de Defensa argentino a través del Informe de Prensa 523/16.

El convenio expresa que “el SPP entre el Estado de Georgia y Argentina establecerá las bases para desarrollar una relación exitosa a largo plazo, mediante el conocimiento en respuesta a la compartición de emergencia y desastres, la mejora de la seguridad fronteriza y el fortalecimiento de la cooperación en Operaciones de Paz y su preparación”. Es clara la intención que tiene el presidente Mauricio Macri, permitir que las Fuerzas Armadas y el Comando Sur Militar de EEUU vigilen la frontera y se encarguen de la “seguridad interior” de los argentinos. El convenio agrega: “Gracias a la Alianza, la Guardia Nacional llevará a cabo acciones militares entre los dos grupos, no sólo en apoyo de los objetivos de seguridad y defensa, sino que también hará uso de las relaciones y de respuesta, no sólo con los medios militares sino también con el gobierno, y los sectores sociales y económicos. Como se establece en los documentos oficiales la Guardia Nacional se guía por los objetivos de Política Exterior del Departamento de Estado y los de Seguridad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En este tipo de colaboración, el Convenio determina expresamente que cuando lo consideren necesario los efectivos militares de la Guardia Nacional podrán operar en el país asociado y si es necesario tomar decisiones con y por sobre las Fuerzas Armadas y de Seguridad locales.

Dentro de este contexto, el jueves 7 de septiembre de 2017 el Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto enviado por el Ministerio de Defensa (a propuesta de la Armada Argentina) de permitir el ingreso de tropas norteamericanas al territorio nacional para llevar adelante un ejercicio combinado denominado “Cormorán”

Dentro de este contexto, el jueves 7 de septiembre de 2017 el Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto enviado por el Ministerio de Defensa (a propuesta de la Armada Argentina) de permitir el ingreso de tropas norteamericanas al territorio nacional para llevar adelante un ejercicio combinado denominado “Cormorán”. Todos los años las cámaras legislativas deben dar tratamiento al programa de ejercicios propuestos por los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores y Culto. Así lo disponte la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 28 que establece que corresponde al Congreso Nacional “permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de fuerzas nacionales fuera de él” y la ley 25.880 que regula el procedimiento por el cual el Poder Ejecutivo debe solicitar autorización al Congreso.

Los ejercicios propuestos vienen a darse en medio de un caso de desaparición forzada y de acusación por parte del gobierno nacional hacia los pueblos originarios bajo el mote de terrorista.Sólo las senadoras del ARI, Magdalena Odarda (Río Negro); y la senadora del Frente para la Victoria, María Inés ïlatti Vergara (Chaco) se opusieron en el Senado a la autorización que requirió el Ejecutivo para que ingresen tropas militares extranjeras a la Patagonia, en particular al territorio de la provincia del Chubut. “El Presidente nos solicitó se autorice el ingreso de unidades de la Armada estadounidense, para realizar un ejercicio conjunto en nuestra Patagonia. Entendemos que el momento que está atravesando el país no permite que avancemos en este ejercicio, por eso rechazamos, en soledad, el pedido del Ejecutivo”, explico Odarda.

Durante los 12 años del kirchnerismo se logró completar el entramado institucional y normativo de la política de defensa, iniciado con la sanción de la ley de Defensa Nacional, en un proceso de modernización sin precedentes en el que nuestro país había logrado consolidar el control civil más avanzado de Latinoamérica

La Cámara de Diputados deberá aprobar o rechazar la media sanción que dio el Senado, que avala maniobras en Chubut. El Secretario General de ATE y CTA Río Negro crítico duramente los ejercicios propuestos: “Estas fuerzas militares extranjeras llegarán para custodiar los intereses de los Lewis y los Benetton. La sanción de esta ley es altamente sugestiva y tenemos que impedir que se apruebe justo en este contexto de represión y uso excesivo que estamos atravesando en la Patagonia. Llama la atención que esta iniciativa se vote en momentos en los que existen cuestionamientos y un fuerte estado de sospecha sobre las autoridades y las fuerzas de seguridad nacionales”.

Durante los 12 años del kirchnerismo se logró completar el entramado institucional y normativo de la política de defensa, iniciado con la sanción de la ley de Defensa Nacional, en un proceso de modernización sin precedentes en el que nuestro país había logrado consolidar el control civil más avanzado de Latinoamérica. Con la asunción de Mauricio Macri hemos vuelto atrás 40 años. Es necesario entender la gravedad del asunto, el peligro que corren las garantías constitucionales y la propia democracia al devolverle a las Fuerzas Armadas su potestad de partido político, ese que ostentó durante todo el siglo XX. Tampoco es para desconocer el intento de reinstaurar la Doctrina de Seguridad Nacional de Estados Unidos dentro del territorio argentino.