Ecuador: nuevo capítulo de la persecución judicial a Correa
El fiscal general de Ecuador, Paúl Pérez, solicitó vincular al ex presidente Rafael Correa con el secuestro de Fernando Blada -ex asambleísta- sucedido en agosto de 2010. Dicha acusación se sostiene en declaraciones de antiguos agentes de la inteligencia ecuatoriana.
Así las cosas, el ex mandatario está siendo víctima de una nueva forma de persecución política, denominada “lawfare”, la cual se basa en un intento de imponer una condena judicial sostenida por una condena mediática, la cual carece de pruebas y argumentos sólidos.
No es el primer jefe de Estado que sufre una arremetida de esas características. En Brasil, el caso más emblemático es el de Luiz Inácio “Lula” da Silva; mientras que en Argentina, la figura política que viene siendo blanco de una guerra judicial, no es otra que Cristina Fernández de Kirchner.
Tras conocerse la noticia, el propio Correa aseveró que “el pedido del fiscal de mi vinculación en el caso Balda. No tiene ninguna fundamentación, ni se refiere a ningún elemento procesal. Es decir, primero me ‘vincula’ y luego buscará el porqué. Totalmente inconstitucional, pero cumpliendo las consignas políticas”.
“Se los dije: jamás podrán encontrar una sola prueba, por eso recurrirán a falsos testimonios. Lo mismo hicieron con Lula y Jorge (Glas)”, sostuvo a través de las redes sociales.
“Detrás del ataque se encuentra la mano negra de los sectores desestabilizadores”
En diálogo con el periodista Héctor Bernardo, el analista político Jorge Kreyness explicó que la maniobra “se repite en varios países de la región: atacan y demonizan a los líderes populares. No es difícil sospechar que detrás de este ataque a Correa se encuentra la mano negra de los mismos sectores que impulsan la desestabilización de gobiernos como el de Nicaragua y Venezuela, y la demonización de líderes como Lula y Cristina”.
“Es una matriz creada por el Imperio, y, con sus diferencias en cada país, se dio contra Lula en Brasil y también contra Cristina Fernández de Kirchner en Argentina”, agregó.
Para finalizar, en una nota publicada en Diario Contexto, Kreyness aseveró que el entramado “entre un sector de la corporación judicial y el poder mediático”, se vio claramente “en Argentina cuando jueces de primera instancia trabaron la aplicación de la Ley de Medios que combatía la concentración y democratizaba la comunicación”.
