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Un diputado pidió prohibir el uso del “gas veneno” llamado como “gas pimienta”

El diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para prohibir la utilización del gas pimienta en el marco de manifestaciones sociales en espacios públicos por parte de las fuerzas de seguridad. 

“El gas pimienta, también conocido como spray de pimienta, es un agente químico inflamatorio que puede causar ceguera temporal, sensaciones de ardor en la piel, espasmos musculares y dificultades respiratorias. Su uso en contextos de manifestaciones puede resultar en heridas corporales graves y desencadenar episodios cardíacos, respiratorios y psíquicos”, explicó.

El proyecto se apoya en diversos estudios, incluyendo uno de la Sociedad Argentina de Pediatría, han evidenciado los efectos severos del aerosol de pimienta. Estos incluyen ceguera temporal de 15 a 30 minutos, ardor en la piel por 45 a 60 minutos, espasmos de la parte superior del cuerpo y tos que dificulta la respiración y el habla: “Un químico de este tipo tiene la intención de lesionar a quienes se movilizan y su uso incorrecto puede tener consecuencias graves para la salud”. 

Moneda corriente 

Valdés también se refirió a los hechos ocurridos en la Plaza de los Dos Congresos durante el tratamiento de los proyectos de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos y la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes en el Senado de la Nación.

“La represión desatada por las fuerzas de seguridad dejó un saldo preocupante de víctimas de abusos. La utilización irresponsable y desproporcionada de gases MK-9, con su compuesto capsaicina de 2 millones de unidades Scoville, generó dificultades respiratorias y lesiones oculares tanto en manifestantes como en legisladores y personal del Congreso”, detalló. 

El derecho 

También destacó que “el derecho a manifestarse y a la protesta son derechos consagrados por nuestra Constitución Nacional y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y ningún protocolo debería limitar o coartar su desarrollo”.

“El Poder Ejecutivo, sus fuerzas de seguridad, y la Justicia deben garantizar estos derechos fundamentales y la libertad de expresión de la comunidad, no habilitando el uso de gases que han demostrado lesionar la salud de los manifestantes”.

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