
Dilma y Lula, condenados por 13 años de inclusión

Con el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y la detención de Lula da Silva, el aparato político-mediático-judicial que ejerce el poder real en Brasil, al que se sumó el Ejército en los últimos días, condenó las políticas inclusivas de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, y se deshizo en poco tiempo (al menos por ahora) de los dos dirigentes que lideraron ese proceso transformador.
Por Claudio Siniscalco
Con luces y sombras, los gobiernos de Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva promovieron durante 13 años una serie de avances políticos, económicos y sociales que no solo le cambiaron la vida a decenas de millones de personas, sino que ubicaron a Brasil entre las principales economías del mundo.
Desde el año 2003, cuando el Partido de los Trabajadores (PT) accedió al poder en Brasil a través de la elección de Lula da Silva, más de 30 millones de brasileños consiguieron salir de la pobreza, al tiempo que se registró también un ascenso de las clases medias.
Combatir el hambre fue una prioridad del gobierno de Lula, al punto de crear un ministerio dedicado exclusivamente para esta tarea. En seis años la desnutrición de Brasil se redujo un 73 por ciento y la mortalidad infantil en un 45 por ciento.
Su política fue un ejemplo en el mundo, y el liderazgo de Lula y de Brasil fue elogiado en todas las latitudes. La lucha contra el hambre incluyó una batería de medidas como restaurantes populares, programas de lactancia materna, promoción de la agricultura familiar, distribución de alimentos a los más pobres, la entrega de microcréditos y fomento de las economías locales.
La generación de millones de empleos formales para padres de familia buscó reducir el trabajo infantil y llevar a estos niños y jóvenes a las 214 escuelas de educación básica nuevas, así como a las 14 universidades federales construidas durante su periodo.
En 2010, Lula dejó su segundo mandato con 80 por ciento de aprobación, 7,5 por ciento de crecimiento económico y un salario mínimo 54 por ciento mayor al de su primer Gobierno.
Su sucesora en el cargo, Dilma Rousseff amplió los planes sociales y en su primer mandato se generaron más de 5,4 millones de puestos de trabajo, al tiempo que el incremento del salario mínimo significó que los trabajadores brasileños tuviesen el mayor poder adquisitivo desde 1979.
Asimismo, entre 2008 y 2012, la tasa de desempleo se redujo en 30 por ciento. Igualmente, disminuyó la deuda pública y crecieron las reservas internacionales.
Entre los planes sociales aplicados en este período se destacan el programa «Bolsa Familia», el plan habitacional «Mi Casa, Mi Vida» y el plan «Más Médicos».
El programa Bolsa Familia otorgó ayuda financiera a familias de bajos recursos, además de brindar educación gratuita para los niños. Benefició a más de 11 millones de familias, que representan alrededor de 50 millones de brasileños.
Por otra parte, el plan habitacional «Mi Casa, Mi Vida», surgido en 2009, supuso la entrega de viviendas a hogares cuyos ingresos no sumaban más de tres salarios mínimos mensuales. Además de su impacto habitacional, la aplicación del programa generó cerca de dos millones de empleos.
Asimismo, el programa «Más Médicos», impulsado en 2013 por Rousseff, involucró a alrededor de 20.000 profesionales de la salud, de los que aproximadamente 12.000 son médicos cubanos, que atendieron a más de 60 millones de personas, distribuidas en cuatro mil municipios y 34 distritos sanitarios indígenas.
“La buena alimentación de la población debería ser la prioridad de todos los hombres públicos y de los ciudadanos de buena voluntad. No es normal que un gobernante no ponga la lucha contra el hambre como una prioridad de sus presupuestos, así como en sus políticas”, dijo Lula poco después de finalizar su segundo mandato.
Seguramente en ese momento no sabía que ese tipo de pensamientos, plasmados en políticas públicas, lo llevarían a la cárcel unos años después.