Desmantelamiento de la política de pensiones: “Gastaron 65 millones en la Cumbre Global de Discapacidad pero condenan a muerte a miles de personas”

“Las y los trabajadores de la ex Comisión Nacional de Pensiones denunciamos el proceso de desmantelamiento de la política pública de pensiones, desde el inicio de la gestión Cambiemos, que perjudica principalmente a la población más vulnerable de nuestra sociedad: personas con discapacidad”.  Así comienza un comunicado firmado por Walter Pignataro, secretario general de ATE Pensiones, que reproducimos a continuación.

Los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad, quienes se presentan ante los medios y la opinión pública como paladines de la transparencia, son en realidad eficientes tecnócratas que bajan masivamente pensiones no contributivas y tienen, además, la decisión política de impedir que los beneficios avancen hacia su aprobación o bien su denegatoria.

La ANDIS organizó hace unos días la “Cumbre Global de Discapacidad, Argentina 2019” despilfarrando más de $65.000.000 para trabajar “la plena inclusión de las personas con discapacidad y garantizar sus derechos”; sin embargo, sus funcionarios no dudan en cajonear trámites de extrema gravedad durante más de 3 años condenando a una muerte lenta y silenciosa a miles de personas que carecen de ingresos y de trabajo y necesitan, además, medicamentos, prótesis, contención y acompañamiento.

Poniendo un manto de sospecha sobre todo lo existente estigmatizan a titulares de derecho que cobran un beneficio de poco más de $ 8.000 (pesos) por mes para la subsistencia básica y a trabajadores del área aduciendo “falta de criterios” e “irresponsabilidad” en el otorgamiento masivo de beneficios.

Entre 2003 y 2015, las y los trabajadores fuimos protagonistas en la ampliación de derechos y la territorialidad de un programa que – a partir de procedimientos administrativos controlados y auditados e intervención de profesionales matriculados – fue en búsqueda de una población de alta vulnerabilidad en todos los rincones del país: se pasó de 176.000 pensiones existentes en 2003 a 1.000.000 en 2015. 

Con el argumento de “controlar y volver a controlar el festival de pensiones truchas que otorgó el gobierno anterior”, desde diciembre de 2015 se vienen implementando estrategias para desintegrar la estructura de pensiones y así ajustar el presupuesto en sintonía con lo requerido por el FMI.

• El decreto 698/17 que disolvió la Comisión Nacional de Pensiones y creó la Agencia Nacional de Discapacidad, bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, creó 17 nuevos cargos jerárquicos equivalentes a directores nacionales para diseñar la estrategia política central de avanzar, paulatina y progresivamente, en el desguace del organismo, violando además la Convención Internacional de los DDHH de las Personas con Discapacidad y dejando de lado la participación de las organizaciones vinculadas a la temática.
• En abril de 2017, 170 mil pensiones fueron suspendidas, sin previo aviso y sin procedimiento administrativo ni legal. En 2018, por un fallo de la Cámara Federal de la Seguridad Social, se restablecieron solamente 43.150 beneficios, mientras que 127 mil finalmente mil se dieron de baja.
• Despidos de trabajadorxs en 2018, con un insólito despliegue policial en la puerta del organismo y listados de quienes no podían ingresar, en un marco de gran violencia institucional. Por la lucha de nuestra organización gremial, se pudo reincorporar a una mayoría de trabajadorxs.
• Cierre de los centros de atención de pensiones (CAL) estratégicamente distribuidos en todo el país, dificultando el acceso de la población a la atención personalizada con abordaje integral, con el argumento de concentrar toda la atención operativa en un solo lugar: ANSES.
• Reubicación del personal en unas pocas oficinas de pensiones (todavía) en funcionamiento y en otros organismos con absoluta incertidumbre en relación al desarrollo de tareas y al futuro laboral, con afectación de la salud y empeoramiento de las condiciones de trabajo.
• Traspaso de tareas a la Ventanilla Única de ANSES, sin personal especializado en el área de pensiones no contributivas. Al mismo tiempo, se viola el derecho constitucional que tiene todo ciudadano de peticionar al Estado por un cruce de sistemas que actúa de filtro previo a la tramitación del inicio de pensión.
• Cerca de 200 mil trámites están paralizados en las distintas áreas de organismo, muchos de extrema gravedad y con más de 3 años de demora para su resolución: más de 80 mil en auditoría médica, con el agravante de que no hay actualmente profesionales médicos que realicen la revisión y 50 mil en el área de evaluación de expedientes.
• Solicitud de actualización de datos y exigencia de presentar un nuevo Certificado Médico Oficial, esta vez en formato y con firma digital, en reemplazo del que consta en el expediente y que acreditó el grado de discapacidad oportunamente. La ANDIS envió 40.000 cartas documento, gastando $590 pesos en cada una, para intimar a los titulares de derecho. Los hospitales no cuentan con computadoras ni internet y los médicos tienen una gran resistencia a integrarse a este circuito impuesto, sin la menor consulta con el sector sanitario, dejando sin posibilidades reales de acceso al CMO digital a gran parte de los pensionados.
• Cambio de paradigma: pasaje de una política de pensión como derecho social amplio a una política acotada a la discapacidad, según criterios biomédicos. Cuando se termine de consolidar el pasaje del inicio de pensiones a la ANSES, la única función de la ANDIS sería la de evaluar la discapacidad y la de otorgar o no el beneficio de pocos expedientes que arribarían luego de atravesar criterios restrictivos y reduccionistas.

Con la certeza de estar del lado correcto de la historia, seguiremos acompañando las movilizaciones populares en contra del ajuste en discapacidad, que afecta principalmente a las poblaciones vulnerables; y daremos nuestra voz colectiva a los invisibilizados y olvidados, a los excluidos por esta política cruel y carente de sensibilidad social.

¡No se puede ser imparcial entre el bien y el mal!

Seguimos escribiendo otra página grande de nuestra historia. Resistencia, entereza, militancia y coraje.

WALTER PIGNATARO, SECRETARIO GENERAL ATE Pensiones