Denuncian una estafa provincial en las tarifas de gas
Organizaciones de consumidores advirtieron que Enargas y Energía autorizaron a las distribuidoras a trasladar impuestos propios a las facturas de los usuarios.
El avasallamiento a los derechos de los consumidores de gas en la provincia de Córdoba es una realidad inobjetable. Esta semana, organizaciones de consumidores de servicios públicos denunciaron que empresas distribuidoras les están facturando a sus clientes el costo de impuestos y tasas que le correspondería pagar al concesionario, como el impuesto a los débitos y créditos bancarios o ingresos brutos.
La maniobra se concretó gracias a una autorización del organismo regulador (Enargas); y el aval del Ministerio de Energía y Minería.
“Es difícil de calcular el perjuicio en cifras para el conjunto de usuarios, pero lo que vimos en Córdoba es que le están transfiriendo al usuario en la tarifa de gas lo que paga la distribuidora por impuesto al cheque y por ingresos brutos. Eso representa entre el 7 y el 10 por ciento del valor de facturación total, según nuestros cálculos. Trasladan lo que paga la distribuidora y también la transportadora. Y en algunos casos han agregado algún otro rubro más”, señaló a Página 12 Horacio Viqueira, uno de los abogados patrocinantes que llevan adelante las causas en defensa de los perjudicados.
Al iniciar las demandas, los usuarios se encontraron con que el juez federal actuante decidió trasladar las mismas a un juzgado federal de Junín, donde se tramita una causa por denuncias contra la distribuidora local de gas.
En ese sentido, Viqueira sostuvo que “la aplicación de este criterio en este caso es ridículo, tirado de los pelos”.
“La causa de Junín, si bien es por abusos de una distibuidora, está relacionada a un caso local que no tiene alcance nacional; ahí está la principal diferencia con nuestro pedido de declaración de inconstitucionalidad contra dos organismos nacionales, el Ministerio de Energía y el Enargas; en la práctica, lo que provoca es que nos deja a los usuarios cordobeses sin posibilidad de defensa porque envía la causa a una localidad lejana y, además, unificada con otra en la que no existe ninguna relación”, concluyó.
