Denuncian que el gobierno de Gerardo Morales desalojó y usurpó viviendas en Alto Comedero

El Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) desalojó viviendas de la Tupac Amaru en Alto Comedero. Se trata de casas cuyos habitantes estaban trabajando en el momento del operativo. Rompieron rejas y cerraduras, labraron actas con un escribano y pegaron carteles que dicen “Vivienda Recuperada de Propiedad del IVUJ. Prohibido el Ingreso”. Advierten que la medida puede configurar el delito de usurpación por parte del Estado.

FUENTE: EL SUBMARINO DE JUJUY

“Es realmente alarmante el abuso por parte de las autoridades”, afirmó a El Submarino Radio (91.5) el abogado Héctor Huespe, y relató que “fueron a las viviendas aprovechando la ausencia de los dueños, rompieron las cerraduras, se metieron adentro, hicieron un acta de constatación con un escribano del gobierno de las cosas que había adentro, cambiaron las cerraduras y pusieron cintas con la leyenda ‘Casa Recuperada’”.

La alarma es porque los habitantes de esas casas jamás fueron notificados y porque ni desde el IVUJ ni desde el gobierno hubo explicaciones formales sobre las razones. Presuntamente, se trata de una decisión motivada en el atraso en el pago de las cuotas, pero si así fuera, advierte el abogado, el operativo es irregular. “No sabemos por qué; nadie avisó que había cuotas vencidas, jamás se los notificó ni se les dio derecho de defensa”.

“Más allá de todo esto, estas personas viven hace más de cinco años en esas viviendas, son los poseedores. El Código Civil de la Nación define a los poseedores, al que tiene la posesión de hecho. Entonces, si sos poseedor, si te alquilan un inmueble o te dan en posesión el inmueble, ni siquiera el dueño puede meterse dentro de tu casa ni recuperar la posesión por sí mismo. Tiene que pedirle al juez, el juez verá una serie de requisitos y de ahí en más establecerá si corresponde o no recuperar la posesión”, explicó Huespe, y agregó: “De hecho, esto configura el delito de usurpación, porque el Estado usurpó las viviendas de estas personas”.

-¿Cuántas son las viviendas desalojadas?

-Yo estoy hablando con nueve perjudicados. Me fueron llamando con una gran angustia por la impunidad. Primero me llamó una persona que me conoce y de ahí surgieron otros casos. Pero esto recién está iniciando.

-¿El Estado puede haber incurrido en el delito de usurpación?

-Han violando absolutamente todos los principios constitucionales. No hay estado de derecho en Jujuy, es lamentable. Esas personas llegaron a su casa y se encontraron con que no podían entrar. No sabían qué hacer. Yo los asesoré conforme al Código Civil y la Constitución Nacional, y ellos hicieron las denuncias correspondientes y llevaron un escribano que certifique la situación. Porque además de todo, tenemos entendido que en las actas de constatación hicieron figurar como que las casas estaban deshabitadas, pero cuando abrieron las casas vieron hasta las tazas con el café con leche que habían tomado a la mañana antes de irse.

-¿Cómo sigue?

-Ahora vamos a tomar medidas directas en contra del gobierno y los funcionarios. Acá hay otra cosa grave, que es que hicieron circular un mensaje donde decían que las personas afectadas tenían que tramitar un certificado de residencia e ir a ver al vocal del IVUJ Muro para recuperar su vivienda. Pero están cometiendo un delito. Yo entiendo que quieren utilizar políticamente esto para decirle a la gente “soy el super héroe que te devuelve la casa”, cuando en realidad están cometiendo un delito.

-¿La gente pudo volver a sus casas?

-Algunos sí, otros no. Los que volvieron cambiaron de nuevo la cerradura, como corresponde. Aunque algunos no pudieron porque no tenían plata para pagarle al cerrajero.

-¿Se sabe quién dio la orden?

-No sabemos nada. Jamás notificaron ni intimaron ni visitaron a nadie.

-¿Los damnificados debían cuotas? 

-No. Las viviendas se construyen con fondos del Fonavi. Para cualquiera de los programas de vivienda sociales el procedimiento es el mismo: Nación otorga un crédito a los beneficiarios, que son indeterminados, y contrata al IVUJ como comitente para que construya las viviendas. Y le da la posibilidad al IVUJ de recuperar la inversión, o sea el costo de construcción de la vivienda, como subsidio. O sea, Nación pone la plata, el IVUJ construye y las adjudica. Y después como subsidio, como contraprestación del trabajo, recuperás el costo de construcción de la vivienda. Antes de la construcción, el IVUJ debe adjudicar las viviendas y a los seis meses hay que escriturar. El plazo de construcción es de diez meses, es decir que antes de terminar debe estar la escritura traslativa de dominio a favor de las personas. Finalmente, cuando se termina la vivienda, el IVUJ debe entregarla y gravar la hipoteca con el precio de costo de construcción que ya viene establecido hasta el plazo de financiación y tasa de interés.

-¿Y qué pasó con estas viviendas?

-Lo que pasa es que el IVUJ jamás cumplió con sus obligaciones, no adjudicó las viviendas al inicio, no las escrituró a los seis meses, generalmente no las terminó a los 10 meses. Por lo tanto le corresponde hoy al IVUJ ir a verificar que estén los adjudicatarios viviendo, realizar la resolución de adjudicación, escriturarlas y empezar a cobrar la cuota. Se llenan la boca diciendo que nadie paga las cuotas cuando el IVUJ incumple sistemáticamente con sus obligaciones, no adjudica las viviendas y no las escritura. Y si no lo hace, ¿cómo pretende cobrar una cuota?