La decisión de 16 años de condena, fue tomada por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 Juan María Ramos Padilla.
El magistrado consideró que todos los sucesos se cometieron «mediando intimidación y con abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad». Dentro del veredicto, dispuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, en línea con lo que había reclamado el Ministerio Público Fiscal.
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29, integrado unipersonalmente por el juez Juan María Ramos Padilla, condenó a a José Alperovich a 16 años de prisión al considerarlo responsable de 3 hechos de «abuso sexual simple» y 6 hechos de «abuso sexual agravado por haber sido cometidos con acceso carnal», cometidos entre 2017 y 2018. Además, dispuso la inmediata detención del exgobernador, en línea con lo que había solicitado el fiscal Sandro Abraldes, interinamente a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27.
El magistrado consideró que todos los sucesos se cometieron “mediando intimidación y con abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”. Dentro del veredicto, se reconoció el derecho a la reparación para la víctima. Los fundamentos se conocerán el próximo 16 de agosto.
Por otra parte, el juez Ramos Padilla dispuso la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública en todos los ámbitos: nacional, provincial y municipal, tal como lo había reclamado la fiscalía. Además, ordenó que, una vez que la sentencia quede firme, se realice la extracción del perfil genético de Alperovich para que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley N°26.879 que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
Por último, dispuso que se extraigan testimonios para investigar la presunta comisión del delito de falso testimonio por parte de tres testigos del juicio y decretó que se envíen al Ministerio de Salud los testimonios brindados en el juicio por dos psicólogas con el objetivo de que se evalúe «la conducta ética de las profesionales».
La acusación
En su alegato realizado la semana pasada, el fiscal Abraldes había considerado que todos los sucesos de violencia sexual se cometieron “mediando intimidación y con abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad”. En esa línea, había remarcado que el proceso era “un juicio a la impunidad del poder” y había solicitado 16 años y 6 meses de prisión.
Había planteado también que durante el debate se consiguieron las pruebas necesarias como para respaldar los hechos descriptos en el requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal Santiago Vismara y la titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta. Había mencionado la relevancia que tuvo el testimonio de la víctima y explicó que fue un relato “claro, detallado, honesto, transparente e inalterable en el tiempo”.
Tras ello, el fiscal se encargó de describir ó las nueve secuencias de abuso que integraron la acusación y que ocurrieron entre fines de 2017 y hasta diciembre de 2018, tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Tucumán. Los episodios se repitieron en ambientes como el departamento que tenía el acusado en el barrio de Puerto Madero, la casa que utilizaba para sus reuniones políticas en Tucumán, una mansión en las afueras y hasta dentro del auto donde se trasladaba generalmente el exgobernador.
Para el fiscal, Alperovich se valió de su superioridad para concretar los abusos. “Avasalló totalmente a la víctima, la convirtió en un objeto de su placer sexual”, puntualizó, y sostuvo que debía tenerse en cuenta que no la reconoció como persona.
“Alperovich tejió una red con la que atrapó a la joven. Usó tres técnicas para derribar sus defensas: una ostentación de riquezas materiales, una demostración del liderazgo político y, paralelamente, se encargaba de denigrarla y rebajarla”, explicó. La denunciante trabajaba dentro de la Casa de Gobierno de Tucumán hasta que el por entonces senador la invitó a formar parte de su equipo de campaña, de cara a lo que serían las elecciones de 2019 en aquella provincia.
“Alperovich le repetía que su crecimiento dependía de ella. No es así: no había límites en el crecimiento de la joven en la medida de que no le pusiera límites a él”, resaltó. Al detallar los abusos que relató la víctima, el fiscal fue contrastándolos con las evidencias aportadas en la causa y desestimando la versión de la defensa, que en varios tramos de la causa aseguró que una persona que hubiera sufrido esos abusos, no hubiera podido llevar adelante su tarea de manera habitual.
“En rigor de verdad, su excesivo profesionalismo en el plano laboral era una forma de sobreadaptarse a los ataques sexuales y era la forma en la que escondía su imposibilidad de escapar de la situación”, recalcó Abraldes, tal como lo habían expresado la fiscal Labozzetta y el fiscal Vismara en el requerimiento de elevación a juicio.
Recordó entonces que la joven renunció al trabajo en mayo de 2019 y repasó los testimonios de aquellas personas a las que les fue contando lo que había sucedido y los motivos por los cuales no podía seguir en su empleo.
Las denuncias
En su alegato, el fiscal Abraldes había anunciado que realizaría una serie de denuncias en base a lo expuesto durante el debate oral. En ese sentido, comunicó hoy al tribunal que realizó una presentación ante la Unidad de Decisión Temprana del Ministerio Público Fiscal de Tucumán contra Alperovich y el actual ministro de Gobierno y Justicia de Tucumán por la presunta comisión de peculado de servicios.
Además, se presentó una denuncia ante la Oficina de Sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional por la posible comisión de falso testimonio por parte de cinco testigos del juicio, entre los que se encuentra la exsenadora Beatriz Mirkin, que quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº8
Por último, el representante del MPF informó al tribunal que denunció a Mirkin y a Alperovich por la posible comisión del delito de peculado de servicios ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº8 salió sorteado.
