Dante Palma: «Al ataque»

La ofensiva contra los gobiernos denominados “populares” de la región se ha acelerado en las últimas semanas. Como bien se sabe, en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela y Brasil la oposición, cuya configuración y estrategia es regional y geopolítica, estuvo a punto de quedarse con la presidencia, algo que finalmente logró en la Argentina.

En este sentido, el viento de cambio en la región comenzó con nuestro país y es de esperar que actúe como efecto dominó. Pero en estas breves líneas resultará interesante señalar al menos el que parece el elemento en común que curiosamente se replica en cada uno de los países que son o fueron gobernados por proyectos populares. Se trata del intento de desestabilización a través de “la pata judicial”.

Recordemos que, algunos años atrás, un insólito juicio político exprés apoyado en supuestas pruebas aportadas por la tapa de los diarios (tal afirmación no es una interpretación sino que figura en el documento a través del cual se realizó tal juicio político), acabó con la presidencia de Fernando Lugo.

El ataque se da casi siempre del mismo modo: el multimedios de posición dominante denuncia un delito (casi siempre asociado a la corrupción) del gobierno en cuestión, algún político opositor con compulsión a la denuncia lleva el tema a la justicia y los sectores cómplices del único poder que no se somete a la voluntad popular comienzan la persecución política a través de la vía judicial.

Es condición necesaria (aunque no suficiente) avanzar hacia una enorme reforma en el poder judicial pues, en lo formal y en lo material, se ha transformado en el último reducto de resistencia de aquellas élites que otrora utilizaron métodos muy poco democráticos para sostenerse en el poder

Esto no significa afirmar temerariamente la inexistencia de casos de corrupción en estos gobiernos sino solamente advertir sobre un modus operandi que ni siquiera es novedoso (la pretensión de asociar “lo popular” y el Estado “fuerte” con la corrupción es casi un clásico del siglo XX y, me atrevería a decir, de la civilización occidental a tal punto que se ha naturalizado completamente en el sentido común), pero que se está repitiendo en todos aquellos países de la región donde la bonanza económica y la redistribución fueron una marca identitaria de los últimos dos o tres lustros.

En Argentina, incluso un, como mínimo, controvertido juez que acumula pedidos de juicio político en su contra en el Consejo de la Magistratura, ha citado a declarar a la expresidenta por una denuncia insólita en lo que puede transformarse en “un tiro por la culata”. ¿Se imagina qué ocurriría si el día de la citación decenas de miles de personas rodean el juzgado?

Con todo, podría decirse que hay indicios para suponer que los próximos serán años de retroceso y tiempos de reconfigurar las fuerzas y las experiencias populares con sus aciertos y errores. Tales consideraciones deberán tomar en cuenta que la discusión sobre la corrupción esconde la discusión acerca de los modelos de país (tal como en la década del 90 nos querían hacer creer que el problema era la corrupción cuando el problema era el modelo); que a través de una exacerbación de la moralización de la política y la persecución puntual de determinados referentes se asiste al intento de destrucción total de todos aquellos símbolos y transformaciones culturales que emprendieron audazmente los gobiernos populares de la región; y que es condición necesaria (aunque no suficiente) avanzar hacia una enorme reforma en el poder judicial pues, en lo formal y en lo material, se ha transformado en el último reducto de resistencia de aquellas élites que otrora utilizaron métodos muy poco democráticos para sostenerse en el poder.