Cynthia García: «Este plan de ajuste no cierra sin represión»

Se realizó la primera jornada para abrir un espacio de debate y reflexión colectivo sobre un modelo de seguridad democrático, a partir de las políticas represivas que está implementando el gobierno de Mauricio Macri. En el marco del Foro contra la violencia institucional que se llevó a cabo en la Universidad Metropolitana (UMET), surgió como estandarte una frase que resume un pensamiento: “donde hay pibes no hay balas”.

El encuentro fue organizado por Nuevo Encuentro-FPV, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo porteña, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño (CASACIDN), justo a un mes del ataque con balas de goma de la Gendarmería Nacional contra los miembros de la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo, en el Bajo Flores.

El debate sobre violencia institucional giró en torno a la discusión por el polémico Protocolo de Seguridad impulsado por el gobierno nacional. “Este foro sirve como primer encuentro para elaborar una propuesta en términos políticos y sociales para intentar poner límites a la tendencia represiva de las fuerzas de seguridad de Macri, que tendrán vía libre para utilizar la violencia en cualquier manifestación en las calles. Queremos construir un modelo de seguridad democrático a pesar de Macri”, señaló el legislador porteño José Cruz Campagnoli, de Nuevo Encuentro-FPV.

El debate sobre violencia institucional giró en torno a la discusión por el polémico Protocolo de Seguridad impulsado por el gobierno nacional.

Para Marcelo Saín, especialista en seguridad y exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, las policías “tienen una muy buena lectura del clima político: ‘ahora podemos’, hay una decodificación”. No es casualidad que la murga, la villa, los más postergados sean el blanco de esta violencia. “Acá están sobre sectores que no eran relevantes desde el punto de vista social, y había mensajes claros al respecto. Las imágenes espantosas de las nuevas razias sobre obreros que salen de la construcción, acá en la Capital, trabajadores contra la pared, con las manos arriba… son imágenes de la época de la dictadura,” agrega Saín, para concluir que “hay que dejar de entender las cuestiones de seguridad de manera aislada a las políticas económicas y sociales. A partir de ahora, la represión no será sobre cualquier actor. Será selectiva sobre los sectores populares débiles y menos organizados”.

En este sentido, Carlos Tomada, jefe del bloque FPV en la legislatura porteña, tiene una visión muy clara: “Lo que está en disputa en la Argentina es el trabajo, porque este proyecto político cierra con desocupación, con caída de salario, y con la modificación de la relación de fuerzas en nuestro país. Esto se hace de varias maneras: una es con el despido de los empleados públicos pero no solamente por el drama que conlleva el despido, sino que persigue otros objetivos, uno de los más importantes es el miedo”.

Ese miedo que se había dejado atrás en la última década resurge desde el Estado para mandar un mensaje nefasto al resto de los empleadores: “Hoy han puesto en marcha los mismos mecanismos, y uno de los pasos es el despido de los empleados públicos, que significa decirle al sector privado ‘Muchachos, vuelvan a agarrar el talonario de telegramas sin problemas, porque nosotros además le vamos a garantizar que sea sin problemas’. ¿Y cómo es sin problemas? Disciplinando a la clase trabajadora, con el miedo al despido y también con la represión, por eso lo de Cresta Roja fue un señalamiento, no había ninguna necesidad de ese accionar; lo de los pibes de la murga fue otro señalamiento para decir ‘Hay piedra libre’”, sintetiza Tomada.

‘Muchachos, vuelvan a agarrar el talonario de telegramas sin problemas, porque nosotros además le vamos a garantizar que sea sin problemas’. ¿Y cómo es sin problemas?

La legitimación

Ante el paro de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la propuesta de reunión fue con el Ministerio de Seguridad, no con el Ministerio de Trabajo, “eso en sí es toda una definición sobre la forma de pensar la democracia de este gobierno, pero este esquema de gobierno ganó las elecciones”, destaca Paula Litvachky, directora del área Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Hay una pregunta que es central -puntualiza Litvachky-: ¿Con qué está sacando rédito político este gobierno? Una encuesta, que es una información sobre la que tenemos que pensar, reveló apoyo de quienes fueron consultados respecto tanto del protocolo antipiquete como de la detención policial por averiguación de identidad. Es muy posible que en términos económicos este modelo tenga costos sociales importantes, que tenga reclamos, que tenga despidos, que tenga pelea, ¿de donde va a sacar rédito político?, ¿cuál va a hacer la construcción política que hará este gobierno?, ¿dónde se va a apoyar socialmente?”. La respuesta, para ella, está en el tema de la seguridad: “es uno de los puntos que aparecen como construcción política de consenso. Y con una orientación con la que no estamos de acuerdo porque implica a la larga una mirada que segrega, y que va de la mano con la exclusión social”.

Saín también sabe distinguir entre los destinatarios del mensaje que baja desde el gobierno: “se dijo que estaba vigente un determinado protocolo que prohíbe cortar arterias, avenidas, calles, y sin embargo el miércoles pasado se movilizaron organizaciones sindicales y sociales en el centro de la capital y ahí no hubo ningún problema. Significa que acá la represión no va a ser contra cualquier actor, los actores organizados política y sindicalmente no van a ser objeto de esta aplicación, van dirigida a los actores más des-estructurados, los menos relevantes respecto de la importancia de la magnitud social”. Su síntesis es concreta: “Va a haber un proceso de represión extrema, una represión profundamente selectiva, aleccionadora simbólicamente para construir ese temor sobre el conjunto de organizaciones más pequeñas, menos relevantes según lo que surge de su focus group”.

Va a haber un proceso de represión extrema, una represión profundamente selectiva, aleccionadora simbólicamente

Por su parte, la legisladora porteña Andrea Conde se sumó al debate por un modelo democrático de seguridad en la ciudad: “La mano dura es la contracara de las políticas neoliberales que busca imponer el gobierno. Necesitan de ella para que la clase trabajadora acepte medidas que la perjudican. No podemos dejar que acallen a tiros los reclamos populares”.

Para Glenn Postolski, Decano de la Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se debe dar la disputa por garantizar las condiciones de justicia social para el pueblo, y eso no se pierde en una elección, en todo caso, el caso el resultado electoral lo que da es un umbral, y un lugar diferente para profundizar ese compromiso, esa necesidad y encontrar mejores herramientas”.

La detención ilegal de Milagro Sala

El evento estuvo dividido en cuatro mesas de discusión: Modelo de Seguridad para la Ciudad de Buenos Aires, Violencia institucional contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes, Abordaje mediático de los casos de violencia institucional y Criminalización de la protesta social.

Respecto a este último punto, Miguel Palazzani, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), aportó datos sobre la detención de Milagro Sala: “A partir de una denuncia formulada por diputados del PARLASUR en sede federal en San Salvador Jujuy, convocan a la procuraduría para hacer un dictamen y opinar sobre la situación. Tomamos contacto con la causa y lo que hemos dictaminado es que Milagro Sala está ilegalmente detenida, que los dos jueces y la fiscal que intervinieron en ese proceso habrían cometido delitos tipificados por el Código Penal y todo en base a algo bastante simple pero que hasta ahora está silenciado: ella tiene fueros, por el artículo 16 de la ley 120 que se encuentra vigente”.

La situación se hace más compleja: “Lo que debieron hacer los jueces si consideraban que la tenían que detener, era decretar la inconstitucionalidad del articulo 16 para declararlo nulo y poder detenerla, cosa que no hicieron, o iniciar un proceso de desafuero, terminarlo y recién entonces detenerla, sin perjuicio de que la causa de fondo continúe”, detalla Palazzani, quien resume con contundencia: “mientras Sala esté privada de la libertad, no teniendo que estarlo, se siguen cometiendo delitos, delitos permanentes: privación ilegal de la libertad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato”.

-Se trata de delitos muy graves…

-Sí, my graves. Estamos en el foro de violencia institucional discutiendo estos temas y contra Milagro Sala se está cometiendo la peor violencia institucional que es la que proviene de los jueces y fiscales que son los que están llamados a prevenirla, y evitarla. Entonces ella está desamparada en Jujuy. Nosotros hicimos la denuncia y entendemos que ahora el dictamen está en manos del fiscal y del juez que actúan en la causa que, insisto, denuncia de seis parlamentarios del PARLASUR.

-Qué autoridad tiene este dictamen?

-La fiscal nos convocó y nosotros junto con el fiscal ad hoc, el Dr. Nevia, fuimos a Jujuy, vimos lo que necesitamos ver de la causa, es una cuestión de puro derecho: ¿está vigente el artículo 16 o no está vigente? La respuesta es sí, está vigente, y Sala no puede estar detenida. Debería puesta en libertad inmediatamente.

-Es el propio juez Gastón Mercau quien tiene que…

-…el delito debe ser cesado por los funcionarios judiciales que conozcan de la causa. Es obligación del funcionario público hacer cesar el delito sobretodo de los jueces y fiscales que están involucrados en esta causa. Nosotros somos convocados y dejamos nuestra opinión en la sede de la fiscalía federal y en la sede del juzgado federal, en Jujuy, pero no tenemos poder de decisión. Hemos sugerido que se comience una causa penal, que se requiera instrucción, que se los cite a indagatoria a los dos jueces y a la fiscal de Jujuy.

Este foro tuvo también otras destacadas participaciones, como las de Julián Axat, titular del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO); Víctor Santa María, diputado del Parlasur; Pablo Vommaro, investigador CONICET; Carlos Rodríguez, periodista de Página/12, y Norberto Tavosnanska, Juez del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.