CÓRDOBA: «Somos otra vez rehenes de la pelea entre empresarios y la Provincia»

La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (A.O.I.T.A) advierte que la decisión de la
cámara empresaria Fetap de no recibir el Boleto Educativo Gratuito (BEG) en el transporte público deja a
los conductores del servicio interurbano como rehenes en una disputa entre las prestatarias y el Gobierno
provincial.
Desde la organización se recuerda que la situación se produce en el marco del tramo final de la
conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaria de Trabajo de la Nación, ante la ausencia de una
propuesta salarial que permita recuperar algo del poder adquisitivo perdido en los últimos tiempos.
«Los empresarios y el Gobierno de Córdoba se van a tirar la pelota entre ellos, pero los que estamos en
los ómnibus somos nosotros. ¿Nos quieren obligar a dejar usuarios sin viajar? Espero que no sean tan
irresponsables», afirmó Emiliano Gramajo, secretario general de A.O.I.T.A.

«Todo esto en un contexto de profunda crisis social en la que los usuarios tienen que pagar una tarifa que
lleva una suba acumulada dispuesta por el Gobierno provincial del 359% en lo que va del año, por una
prestación que brindan las empresas que cada vez es más precaria», agregó Gramajo.

Por su parte, el secretario gremial, Claudio Luna, alertó: «Nos exponen a situaciones indeseadas, en la que
nosotros tenemos que seguir poniendo la cara. Encima, en el marco de una paritaria que lleva meses sin
que se haya presentado ni una propuesta por parte de las empresas, y cuya conciliación obligatoria vence
el próximo martes, sin posibilidad de renovarse».

Por otra parte, A.O.I.T.A rechaza las afirmaciones vertidas por funcionarios provinciales en La Voz en las
que dicen que las empresas deben suspender trabajadores para demostrar la crisis.

«No sobran trabajadores, faltan ómnibus y frecuencias para mejorar el servicio a los usuarios», remarcó Luna.
Ante este panorama, A.O.I.T.A hace un llamado al gobernador Martín Llaryora y al sector empresario para
que eviten una situación que será conflictiva con los beneficiarios afectados, que vuelven a ser los que
padecen junto a nuestros representados las decisiones improvisadas que se toman sobre el sistema.