Los damnificados por las inundaciones de las Sierras Chicas de Córdoba que han perdido sus pertenencias reciben en forma gratuita un kit de electrodomésticos de línea blanca y juegos de muebles para reponer lo dañado por el agua, pero como contrapartida obligatoria, deben firmar un documento en el cual renuncian a iniciar acciones judiciales y/o extrajudiciales en contra de la Provincia.

Son dos documentos los que deben firmar las personas que reciben ayuda. Uno es a cambio de acceder a una heladera, un lavarropas, una cocina, muebles de comedor y de dormitorio y un bolsón alimenticio. Finaliza de la siguiente manera: «…renunciando por la presente en forma total e incondicionada a todo tipo de reclamo extrajudicial y/o administrativo, y/o acción judicial de cualquier naturaleza en contra de la Provincia de Córdoba, y/o de la Municipalidad…”, y “…liberándolas (a la Provincia y las municipalidades) de toda responsabilidad por las consecuencias directas e indirectas, mediatas e inmediatas, remotas y causales producidas” por las inundaciones.

El otro, firmado desde el Estado provincial por el secretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Sergio Lorenzatti, por el cual los vecinos damnificados por el desastre del 15 de febrero pasado reciben un subsidio de $ 2.500 mensuales durante 180 días para alquilar una vivienda. El papel señala en su artículo tercero que el beneficiario “manifiesta que comprende perfectamente el acto que se está otorgando y que nada más tiene que reclamar al Ministerio de Desarrollo Social”.

Desde la Oficina de Prensa del Ministerio de Desarrollo Social, cartera que tiene a su cargo el reparto de la ayuda gubernamental, indicaron que se trata de “un documento de forma que exige la Fiscalía de Estado” y que es similar al rubricado por los vecinos que recibieron ayuda oficial “en Yacanto o Alta Córdoba”, en relación a los ciudadanos afectados por los incendios forestales del valle de Calamuchita, años atrás, y a las víctimas de la explosión de la planta química Raponi de barrio Alta Córdoba.

“Es una cuestión de forma. El 100 por ciento de las personas lo han firmado, y está de acuerdo con firmarlo”, señaló al diario La Mañana de Córdoba Juan José Antonelli, el vocero del ministro de Desarrollo Social, Daniel Passerini.

 
“Reprochable desde lo legal y lo ético”

Desde la Oficina de Prensa de la Gobernación indicaron que el gobernador José Manuel de la Sota y el ministro Passerini “ya hablaron del tema” el viernes pasado y que los funcionarios ya no hablarán del tema. Por su parte, el diario local consultó al abogado Carlos Nayi sobre la legalidad del documento que calificó de “reprochable desde lo legal y lo ético”. El letrado dijo que “los derechos de orden público son irrenunciables, y aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de personas han perdido todo, merece un reproche legal, y además carece de valor”. “Se trata de gente que está en desventaja. No es ético ni legal que (la Provincia) se abuse de quien está en situación de inferioridad”, agregó Nayi y aclaró que los vecinos “pueden hacer uso de sus derechos y de las herramientas legales” que establece la Constitución Nacional y la ley, aunque hayan firmado dichos documentos.

La firma de la renuncia de derechos a cambio de ayuda provincial será llevada el miércoles a la Justicia por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). El dirigente Marcelo Maceira dijo que esa fuerza política denunciará por “extorsión” a la Provincia, como “responsable política” de estas medidas. (InfoGEI)