Córdoba: Federico Giuliani denuncia una “represión planificada”
El dirigente expone el clima de criminalización sindical en la provincia
En un escenario de ajuste y conflictividad creciente, la acción judicial de ATE Córdoba refleja la tensión entre el gobierno de Martín Llaryora y los gremios que resisten el modelo neoliberal de Milei impreso en la provincia mediterránea.
La presentación judicial realizada por el secretario general de ATE y la CTA Autónoma Córdoba, Federico Giuliani, junto a su abogado Claudio Orosz, marca un nuevo capítulo en la disputa entre los gremios estatales y el Gobierno provincial.
La denuncia por la represión del 28 de agosto en la Secretaría de Políticas Sociales no solo busca esclarecer responsabilidades policiales y judiciales, sino que también se inscribe en una estrategia más amplia de defensa del derecho a la protesta y del rol del sindicalismo con anclaje en el pueblo.
El documento ingresado en Tribunales II —a cargo de la fiscal Florencia Esposito— acusa a la Policía de Córdoba y al fiscal De Aragón de haber “armado una causa” contra 15 manifestantes. La evidencia presentada, según Orosz, demostraría que los detenidos no cometieron agresiones ni daños, sino que fueron víctimas de una maniobra represiva.
Giuliani encuadró los hechos en una política provincial de control social y disciplinamiento que, sostiene, apunta a los sectores populares y al sindicalismo autónomo. En su denuncia, no sólo responsabilizó al ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, sino que advirtió sobre una creciente “judicialización de la protesta” que busca aislar a las organizaciones que no se alinean con el poder político.
La conducción de ATE y la CTA Autónoma considera que el caso expone un patrón de acción estatal que combina represión en la calle, causas judiciales y estigmatización mediática. “Se intenta instalar que protestar es un delito”, dijo Giuliani, recordando que la Constitución garantiza el derecho a reclamar por condiciones laborales y sociales.
Desde el punto de vista político, la denuncia tensiona aún más la relación entre el sindicalismo estatal y el gobierno de Martín Llaryora, en un contexto de ajuste presupuestario, precarización laboral y reducción de políticas sociales.
Para ATE, lo sucedido el 28 de agosto no fue un hecho aislado, sino la expresión más visible de un modelo que busca silenciar el conflicto social.
La presentación judicial, respaldada por amplios sectores gremiales y de derechos humanos, se plantea como un intento de revertir la impunidad institucional y abrir un debate sobre los límites del accionar policial y judicial frente a la protesta social en Córdoba.
