Cooperativas en riesgo: decisión gubernamental afecta a entidades de servicios públicos de todo el país
La decisión gubernamental determinada a través de la Resolución INAES 3442/2018 que establece «facturar el servicio de manera autónoma e independiente de otros conceptos ajenos», de concretarse afectaría a unas 600 distribuidoras eléctricas de 15 provincias y a más de 8 millones de argentinos.
Dos confederaciones y once federaciones de cooperativas argentinas denunciaron que el gobierno nacional tomó medidas administrativas a través de la Resolución INAES 3442/2018 que ponen en riesgo la viabilidad económica y social de entidades que autogestionan servicios públicos en todo el país.
Las entidades que suscribieron un extenso comunicado reúnen entre sí a más de 600 empresas distribuidoras de electricidad constituidas por dos millones de asociados de quince provincias y que brindan servicios a casi 8 millones de argentinos. Las asociaciones emitieron un documento en el que manifiestan una “profunda preocupación y necesidad de revisión de la decisión gubernamental dispuesta por la Resolución INAES 3442/2018 que establece facturar el servicio eléctrico de manera autónoma e independiente de otros conceptos ajenos”.
Las entidades afectadas por la Resolución autoprestan los servicios públicos en materia de electricidad, gas, agua, cloaca y telefonía, así como otros servicios tales como televisión por cable, internet, sepelio, ambulancias, enfermería, entre otros. En ese sentido plantean que cada socio y cada socia de las cooperativas deciden “voluntariamente requerir la prestación de un servicio adicional a su cooperativa (ambulancia, sepelio, etc.) y solicita voluntariamente que se la incluya en la factura del servicio eléctrico, como ítem totalmente discriminado de la misma, por lo que es totalmente identificable el concepto que se trate. Esa adhesión lleva ínsita la facultad de solicitar, en cualquier momento, la baja de dicho concepto o servicio”.
