Confirman el procesamiento a directivos de la Sociedad Rural
Ex directivos de la Sociedad Rural Argentina y del Banco de la Provincia de Buenos Aires quedaron en los umbrales del juicio oral y público luego que la Sala Séptima de la Cámara del Crimen confirmase sus procesamientos por el delito de “peculado” vinculado con la compra y venta a precio vil del predio ferial de Palermo en 1991, indicaron fuentes judiciales.
Los camaristas Ricardo Pinto, Juan Cicciaro y Mariano Scotto ratificaron los procesamientos por la figura prevista en el artículo 261 del Código Penal que reprime con penas de hasta 10 años de prisión al «funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo».
Los informantes señalaron que la medida alcanzó a Raúl Etchebehere, Juan María de Anchorena, Carlos Sánchez, Hugo Pifarré, Rubén Lusich, Horacio Foster, Rodrigo Arboleda Halaby, Eduardo Ordoñez, Mario Eijo de Tezanos Pinto, Néstor Eijo, Juan Ravagnán, Vicente Francos, Luis Walter, Juan Carlos González, Carlos Simone y Jaime Bernasconi.
Es por el delito de “peculado” contra directivos de la Sociedad Rural Argentina en los ’90 y ejecutivos del Banco de la Provincia de Buenos Aires por un crédito de 106 millones de dólares concedidos en el marco de la presunta venta a “precio vil” del predio ferial de Palermo.
La causa es una derivación de otra en la que el juez federal Sergio Torres investiga al ex presidente Carlos Menem y a otros imputados por haber vendido a precio vil un predio que valía más de 100 millones de dólares en sólo 30 millones y aquí se investiga “todo lo sucedido inmediatamente después de la venta del predio Tres de Febrero, evidentemente planeado en forma paralela a la venta en sí”.
Con posterioridad a la venta del predio, la Sociedad Rural otorgó el usufructo del lugar a dos empresas transitorias que planeaban construir un complejo de entretenimientos para lo cual obtuvieron un crédito de 106 millones de dólares del Banco Provincia gracias a que sus directivos “perjudicaron con su accionar fraudulento los intereses que la provincia de Buenos Aires les había confiado”
