“Conclusiones erróneas”: duro rechazo al plan privatizador de AYSA del Gobierno nacional
Trabajadores de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) rechazaron el proceso de privatización impulsado por el Gobierno, argumentando que se compartieron informaciones parciales para confundir con conclusiones “erróneas”.
Puntualmente, el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) salió al cruce de la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada ayer en el Boletín Oficial, que inició el proceso de venta del 90% de las acciones de la compañía al sector privado.
“Conclusiones erróneas”: duro rechazo al plan privatizador de AYSA del Gobierno nacional by Manuel Caballero
Mediante un comunicado, el gremio afirma que el Gobierno nacional dio a conocer cifras y conclusiones “erróneas” expresando que “la gestión estatal de AySA ha sido ‘ineficiente y costosa’, ubicándola como ‘el segundo peor operador de la región’ en base a un cuadro comparativo”.
“Dicho indicador mide únicamente (el área de) la cobertura, sin considerar la calidad ni la performance en la operación del servicio. De este modo, se inducen conclusiones erróneas que no reflejan el verdadero trabajo y compromiso que día a día sostienen los trabajadores de la empresa”, agrega el escrito gremial, firmado por su titular, José Luis Lingeri.
SGBATOS cuestiona además que desde la gestión libertaria “se mencionan necesidades de inversión por 15.000 millones de dólares y se asegura que el capital privado será la solución”.
“Cabe preguntarse qué grupo empresario estaría dispuesto a invertir semejantes sumas para expandir el servicio, hacia sectores que necesariamente requieren subsidios estatales y que no representan rentabilidad inmediata. La experiencia histórica demuestra que la lógica del mercado no garantiza inclusión, sino que prioriza la rentabilidad por sobre el acceso universal”, marca.
Por último, el sindicato puso el foco en el valor y la importancia del acceso al agua para la población argentina: “El agua no es una mercancía, es un derecho humano esencial y un bien social que debe estar bajo la órbita del Estado, con gestión profesional y participación activa de sus trabajadores y trabajadoras”.
