Oportunidad de recuperar YPF con la caída del petróleo; es el planteo de Gustavo Lahoud y Claudio Lozano.
Una postura nada desestimable, entusiasma a algunos cuadros políticos del actual oficialismo argentino. Con el estrépito de la baja petrolera en el precio del WTI, el barril de Texas, se piensa que el paquete accionario de YPF –en la actualidad con el 51% en manos del Gobierno, podría incrementarse.
No es que el infortunio energético sea digno de festejar, pero en el mundo de las negociaciones, algunos son problemas para unos, mientras que para otros son la oportunidad de avanzar.
Este análisis lo realizó el asesor legislativo, Gustavo Lahoud, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), aseguró que se trata de una «oportunidad única» para «recuperar la renta hidrocarburífera».
“El Estado debe ir por las acciones de YPF que están por el piso, reestatizarla por completo y aplicar una política de shock para que sea la empresa testigo del sector”, sostiene Gustavo Lahoud, especialista en energía y geopolítica IPyPP. #CoronaCrisis #Argentina #YPF pic.twitter.com/uPuwiwijRN
— Canal Abierto (@canalabiertoar) April 16, 2020
«Hay un contexto en el mundo que está propiciando la posibilidad de poner en discusión si nosotros debiéramos ir hacia un escenario en donde podamos recuperar más tenencia accionaria de YPF de modo tal de ligar a la compañía a una estrategia que, a la defensiva, garantice una mínima extracción para nuestro aparato productivo», dijo a Sputnik Gustavo Lahoud, principal autor firmante del texto: <<LA CUESTIÓN PETROLERA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA ¿Barril criollo? ¿Otra vez sopa?>> Con coautoría de Claudio Lozano.
El trabajo propone que el Estado argentino, hoy dueño de 51 % del paquete accionario de YPF, compre al resto de los inversores sus acciones aprovechando que las cotizaciones están en un mínimo histórico. Esto implicaría el desembolso de 700 millones de dólares y la negociación con más de 200 actores privados y fondos de inversión.
«Lo ponemos a discusión como un enfoque más, para ver cuál sería la viabilidad, discutirlo con todos los sectores, fundamentalmente el Gobierno, pero todos los actores que estén participando, porque no tenemos espacio para aumentar subsidios a las empresas hidrocarburíferas ni para aumentar los precios de los combustibles», comentó.
Existe la duda acerca de si Argentina tiene hoy esa liquidez. El 22 de abril el Gobierno oficializó la oferta de reestructuración de deuda externa por un vencimiento de 500 millones de dólares con bonistas privados bajo ley extranjera con el objetivo de evitar una mayor descapitalización. La deuda pública asciende a un total de 324.000 millones de dólares (equiparable a 90 % del PBI).
La presión de las petroleras, incluyendo entre éstas la reciente provocación de Techint despidiendo a más de 1.400 trabajadores, no justifica ceder en un lineamiento clave sobre un sector que no sólo resulta estratégico en la coyuntura de la pandemia sino que también es central para pensar en el desarrollo productivo de la Argentina.
Como parte de los temas para debatir Lahoud y Lozano, proponen: “La energía como bien estratégico y como derecho humano, ya que es, simultáneamente, un bien económico crítico como un bien social, del común, del pueblo. Por ende, configura un bien de interés público y la actividad económica de la energía debe ser normada específicamente bajo la caracterización de utilidad pública. Autoabastecimiento, acceso universal, desarrollo productivo, sostenibilidad socioambiental, creciente incorporación de usos eficientes y racionales de la energía y diversificación hacia fuentes renovables bajo el criterio de complementariedad de fuentes de generación son objetivos fundamentales. Asimismo, debe trabajarse con el concepto de reservas estratégicas y/o críticas bajo las que deben ser considerados los bienes energéticos, tanto petróleo y gas natural como energía eléctrica. Ello supone prever estructuras de almacenamiento y disponibilidad regionalizados. Todo esto implica, finalmente, rediscutir un auténtico federalismo energético, en el que se equilibren derechos y obligaciones entre provincias productoras y consumidoras de energía”
