«Con esta ley de por medio es difícil volver para atrás»
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Juan Manuel Abal Medina defendió la propuesta de requerir los dos tercios de los miembros para la aprobación de eventuales ventas de las participaciones del Estado nacional en empresas privadas que integran el Fondo de Garantías Sustentable (FGS).
El proyecto anunciado la semana pasada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ingresó durante la jornada al Senado y está previsto que se inicie su tratamiento a partir de mañana a las 17, en un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y de Trabajo, confirmó Juan Manuel Abal Medina consultado por radio Télam.
El texto propuesto por el Poder Ejecutivo prevé declarar de interés público la protección de las participaciones del Estado nacional en empresas privadas que integran el Fondo de Garantías Sustentable (FGS) del Sistema Integrado Previsional Argentino, y crea Agencia Nacional de Participaciones Estatales.
El titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda explicó que lo que determina la iniciativa es que “para cualquier venta de las acciones del Estado en estas empresas va a requerir la aprobación del Congreso de parte de los dos tercio de sus miembros, es decir una decisión pública y fundada que no va a poder responder a un funcionario de turno”.
La idea es evitar que haya algún gobierno en las futuras décadas que por problemas de caja, como ocurrió en los 80 y los 90, recurra rápidamente y malvenda este patrimonio que es de todos los argentinos.
“Que sea el Parlamento el que diga si corresponde o no corresponde es profundizar el control democrático de algo que es de todos los argentinos”, dijo el ex jefe de Gabinete al señalar que quien pretende la venta de acciones del Estado “va a tener que justificar y legitimar esta decisión”.
Abal Medina precisó que el proyecto no hace referencia solamente a las participaciones accionarias que tiene la Anses, sino que “también se extiende a otro conjunto de empresa como Arsat, Correo Argentino, Aeropuertos Argentina 2000 o la Administración General de Puertos”.
La norma tendría, así, alcance a un conjunto de empresas en las que el Estado se fue haciendo parte con alguna participación y “busca mejorar la administración y el seguimiento de estas participaciones y dejar hacia adelante una visión bastante particular que no es evitar que se vendan, sino que se mal vendan”.
“La idea es evitar que haya algún gobierno en las futuras décadas que por problemas de caja, como ocurrió en los 80 y los 90, recurra rápidamente y malvenda este patrimonio que es de todos los argentinos”, sentenció el legislador.
En ese sentido, agregó que “con esta ley de por medio es difícil volver para atrás. Una vez que se logran más derechos es difícil retrocederlos”, afirmó Abal Medina al preguntarse “cómo se podrá fundamentar cambiar esta ley para que sea mas fácil venderlas sin dejar explicitada la intención”.
