¡Colombia resiste! Razones por las que el paro continúa

Tras completar 12 días de Paro Nacional, en el país cafetero todavía quedan más retos que posibilidades para ponerle fin a las manifestaciones. ¿Las razones? La mayoría estructurales y el gobierno no da tregua.

Desde Medellín, 10 de mayo de 2021, por Juan Esteban Robledo Gómez y Camilo Andrés Jaramillo Gomez (*), exclusivo para Infobaires24 – Fotos: Daniel Osorno Múnera.

INTRO

7:29 p.m. del miércoles 05 de mayo, Lucas Villa, ícono de la protesta pacífica en Pereira, una ciudad intermedia en el eje cafetero colombiano, recibió 8 disparos mientras descansaba tras participar en las marchas pacíficas del octavo día de Paro Nacional.

“Vamos a convocar a todos los gremios de la ciudad y a todos los miembros de la seguridad privada para hacer un frente común con la Policía y el Ejército para recuperar la seguridad ciudadana. La ciudad de Pereira no se detiene y no se detendrá y no la vamos a dejar en manos de los violentos”, declaró, rodeado de Fuerza Pública, Carlos Maya, alcalde de Pereira, incitando a la ciudadanía a “retomar” el orden en el territorio a partir del uso de las armas.

Y es que a Lucas lo balearon desde un vehículo particular personas vestidas de civil y hasta hoy el pronunciamiento de la Policía Nacional es el ofrecimiento de 13 mil dólares en recompensas para quien otorgue información sobre el paradero de los asesinos. Lucas sigue luchando por su vida y su estado actual es crítico.

Carlos Maya, del partido Liberal, no propuso nada nuevo en Colombia, la participación criminal de las fuerzas paraestatales en miles de asesinatos es de vieja data y hoy, en medio de la lucha que el pueblo está dando, se hace evidente ante los diferentes casos de participación de civiles en circunstancias de violencia.

CONTEXTO PARAMILITAR

Lo que nació como una medida civil armada e ilegítima para contrarrestar la extorsión y secuestro de ganaderos y terratenientes por parte de grupos guerrilleros en la década de los 80, se convirtió en una política de Estado para perseguir, desterrar, asesinar y amedrentar a la población civil, haciéndole un salto a los diferentes tratados de derechos humanos de los cuales hace parte el Estado colombiano.

La Comisión de la Verdad, ente perteneciente a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) que es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, enuncia que los grupos paramilitares en Colombia han cometido asesinatos selectivos de 22.458 personas, perpetuado 67 masacres y desplazado a 123.503 personas.

El paramilitarismo en Colombia, en las dinámicas del Conflicto Armado No Internacional que vive el país, ataca a todas las esferas de la sociedad. Muestra de ello fue el genocidio del partido político Unión Patriótica (UP) Según cifras de La Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Reiniciar), más de 6.000 partidarios de la UP fueron asesinados por fuerzas estatales y paraestatales entre 1985 y el 2010.  Esto marcó la transformación de grupos guerrilleros políticos como las FARC-EP en guerrillas militares; los estaban matando.

Y es que, desde el surgimiento del narcotráfico en Colombia como eje fundamental de la economía estatal y paraestatal, el ejército alterno y no secreto del Estado se ha encargado de desaparecer a todos los estamentos de la sociedad que se han opuesto a su visión criminal y despojadora.

Esto, anidado a las políticas neoliberales impuestas a finales de los 80 e inicios de los 90, ha marcado el devenir histórico de la sociedad colombiana. Hoy el pueblo no se levanta por una ley tributaria más, hoy el pueblo para porque son más de 40 años de abusos, asesinatos y violencia estructural en el país.

CONTEXTO DEL NEOLIBERALISMO EN COLOMBIA

A diferencia de países de la región como Argentina, Chile, Bolivia, Nicaragua y Paraguay, que durante finales de los 70 e inicios de los 80 el trámite al modelo neoliberal no tuvo oposición alguna ya que vivían modelos dictatoriales, en Colombia tardó en llegar unos años más.

Contagiado por los países vecinos, el gobierno del “liberal” César Gaviria decide poner en marcha, en 1991, el plan de transición del Estado colombiano al modelo neoliberal, que proponía la reducción del gasto público, la apertura total al comercio internacional, la desincentivación de la empresa pública, la reducción de políticas sociales y la entrega de la extracción de recursos naturales y minero energéticos a grandes transnacionales.

Con esta transición obligada, ya que varios sectores empresariales y de la sociedad denunciaron su posición negativa ante la decisión del gobierno, en Colombia se implementó otra violencia más contra la población civil, contra la gente; la violencia estructural.

Quitarle la tierra al campesino, condenarlo a no poder acceder a la industrialización del campo, reducir el gasto público para políticas sociales, y concentrar el gasto en la generación de un escenario “ideal” para que las transnacionales tomen el control en la extracción de recursos, son solo algunas muestras de cómo el modelo neoliberal obligó, desde las políticas públicas, a depender de las necesidades de ajuste económico.

La versión que rondó, a partir de la implementación del neoliberalismo, es que estas medidas generarían en el país el crecimiento de la clase media, y a las mil voces se vitoreaba a nivel internacional que Colombia no era más un país pobre, que Colombia era un país de clase media.

Según el último informe del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), se considera a una persona como clase media cuando el ingreso per cápita de la familia se encuentra entre 173 y 927 dólares por mes. Para tener una referencia, el salario mínimo en Colombia es de 240 dólares mensuales.

La sociedad civil hoy se levanta; madres, jóvenes, sectores alternativos, artísticos, estudiantes, trabajadores, personal de la fuerza pública, medios alternativos y defensores de derechos humanos, coinciden en la decisión de enviar un mensaje claro al Estado colombiano: ¡No están dispuestos a asumir económica y socialmente la pobreza a la que el mismo Estado los destinó!

EL PARO NO DEPENDE DEL RETIRO DE UNA REFORMA TRIBUTARIA

Colombia ya completa el doceavo día consecutivo de Paro Nacional. Campesinos, cocaleros, indígenas de todo el país, centrales obreras, gremios sindicales, movimientos estudiantiles, camioneros, taxistas y personas del común han decidido parar para avanzar y tomarse las calles tras el anuncio del presidente Iván Duque de radicar la reforma tributaria en el Congreso de la República, la que erráticamente bautizó “Ley de solidaridad sostenible”.

Argumentando la necesidad de recaudar 265 millones de dólares anuales para sostener sus medidas “solidarias” con la población más vulnerable, medidas que no representan una ayuda real para los más necesitados.

Según informes recientes del DANE, el 42,5% de los y las colombianas están por debajo de la línea de la pobreza monetaria, y tan solo el 1,7% de la población tiene ingresos altos en la sociedad. Por su parte, el 25% de la población se ubica en la clase media.

Transcurridos 5 días de protestas, el presidente Iván Duque emitió el anuncio que, según su Gobierno el pueblo entero estaba esperando, se retiraba el polémico proyecto de Ley Tributaria que cursaba debates en la Cámara de Representantes. Pero, como bien se demostró en las calles, no es esta la única bandera de lucha de la población.

Es la pobreza estructural, el abandono estatal, la violencia generalizada y apatía política frente a los sectores marginales de la sociedad lo que mantiene vigente el Paro Nacional

La realidad del Paro Nacional hoy se enmarca en la inequidad y desigualdad que atraviesa el país. Según cifras del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) el gasto militar de Colombia en el 2020 alcanzó los 9.216 millones de dólares, triplicando el gasto de Argentina en el mismo año, y alcanzando el segundo lugar en gasto militar después de Brasil.  Así, quedan en evidencia las prioridades de inversión para el gobierno de Iván Duque.

Sectores de la vida pública del país, como el partido de gobierno liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, han lanzado públicamente propuestas para que Duque decrete el Estado de Conmoción Interior, un decreto que le otorga derechos plenipotenciarios al presidente de la nación para tomar decisiones sin hacer trámite por los entes legislativo, judicial y civil, perfilándose desde ahora como una estrategia  para establecer valores dictatoriales en sus políticas de gobierno.

¿Y qué solución plantea el oficialismo para estos problemas estructurales? Una mesa de diálogo con los sectores políticos, empresariales y sociales para llegar a un acuerdo, estrategia fallida que utilizó en las manifestaciones de noviembre del 2019 por la postura de solo aceptar comentarios de sectores cercanos a su línea de gobierno.

El país atraviesa momentos de incertidumbre desde hace más de un siglo; pero, al parecer, lo que experimenta hoy es el levantamiento de una sociedad civil cansada de las inclemencias estatales que ha tenido que vivir durante tantas generaciones y que, a partir de la resistencia pacífica en las calles, se une para ser escuchada.

(*) Texto: Juan Esteban Robledo Gómez, comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de Medellín. Edición: Camilo Andrés Jaramillo Gómez, antropólogo de la Universidad de Los Andes, Bogotá, y Especialista en Educación y Nuevas Tecnologías, FLACSO, Argentina.