La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un informe “muy crítico” sobre “el colapso del sistema carcelario y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires”, en el marco de la 60 sesión del Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza.
Luego de dicha presentación, el organismo internacional reconoció la existencia de la tortura en los lugares de encierro y el Gobierno argentino admitió “la grave situación de sobrepoblación y hacinamiento, la falta de criterios adecuados para determinar el cupo y la falta de información fiable sobre estas problemáticas”.
Asimismo, la ONU interpeló al Estado por la falta de implementación de mecanismos nacionales y locales de prevención de la tortura, entre otros, el de la provincia de Buenos Aires, donde está pendiente de sanción la Ley que designa a la CPM como mecanismo local.
El informe presentado por la CPM se centró en seis ejes: la implementación del mecanismo nacional y el reconocimiento de los mecanismo locales preexistentes (como es el caso del propio organismo), la sobrepoblación y el hacinamiento en cárceles y comisarías, la práctica sistemática de la tortura, las muertes en el encierro y por la intervención policial, las prácticas policiales arbitrarias e ilegales y la situación de grupos particularmente vulnerables como niños, personas con padecimiento mental, migrantes, personas trans y mujeres.
Asimismo, alertaron sobre los altos índices de encarcelamiento, el uso de la prisión preventiva, la sobrepoblación y el hacinamiento, la existencia de prácticas de tortura cometidas tanto por agentes penitenciarios como por la policía. En este sentido el CAT destacó que, de la información aportada, “se desprende el uso de la tortura y otros tratos crueles como mecanismo de gobierno y control social, en particular de los jóvenes pobres”.
También destacó las falencias del sistema de salud, la no implementación de la ley de salud mental, la sanción del DNU restringiendo derechos de los migrantes, la violencia hacia el colectivo trans y el proyecto de reforma de la Ley de ejecución.
Respecto a la situación en comisarías, se alertó al Estado sobre la inconveniencia de usarlas como lugares de detención permanente y citó el caso de la Comisaría Primera de Pergamino en la que murieron 7 personas detenidas.
Por último, el CAT destacó la importancia del Registro Nacional de Casos de Tortura que la CPM creó junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPyDH, y la necesidad de que el Estado lo tome como un buen antecedente y procure su fortalecimiento.
