La prensa patagónica, advierte que definirían en la última semana de agosto cuando sesione el Consejo en Comodoro Rivadavia, la votación a los fines que una mayoría resuelva si los fiscales Iturrioz y Nápoli serán sometidos a jury para ser destituidos.Todo se desprende de las actuaciones encaradas por el consejero popular de Trelew, Luis Torrijos, instructor del sumario contra los responsables de la detención del ex ministro de la Familia, Martín Bortagaray en la causa Revelación, elevó al Consejo de la Magistratura las conclusiones de su informe, en el que pide que sean sometidos a un jury de enjuiciamiento los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, y que se aplique una sanción disciplinaria al juez Sergio Piñeda. El dictamen será tratado en la sesión de agosto en Comodoro Rivadavia.
La investigación se originó luego que el pasado mes de septiembre, se presentara una denuncia del abogado de Trelew, Jorge Valiña -cuñado de Bortagaray-, por entender que los investigadores y el juez incurrieron en mal desempeño al encarcelar a un funcionario que en ese momento contaba con fueros. Bortagaray fue detenido en su despacho de Casa de Gobierno, siendo ministro al momento de ser allanado y luego privado de su libertad. El abogado entiende que este procedimiento generó una colisión con el artículo 248 de la Constitución de la Provincia del Chubut, que le otorga inmunidad de arresto a los ministros.
A contra reloj para salvar a Bortagaray
Luego de ser admitida la denuncia, Torrijos fue designado por sorteo, y se tomó más de 8 meses desde noviembre pasado para trabajar en la instrucción del sumario, lapso en el cual tomó declaración a los involucrados, algunos de los cuales acercaron testigos, y otros hicieron descargos por escrito.
En la parte resolutiva, luego de un dictamen con fundamentos de alrededor de 147 fojas, Torrijos concluye respecto a Piñeda –quien autorizó la detención a pedido de los fiscales, pero luego admitió que cometió un error- que “por ser un buen juez como lo dijeron los testigos y por entender que fue inducido a error por los fiscales, considero que es una falta grave en el desempeño de su función pero no tiene entidad suficiente para encuadrar en una causal de destitución, resultando suficiente que el Superior Tribunal de Justicia le aplique una sanción disciplinaria”.
Respecto al desempeño de los dos fiscales de la causa Revelación, concluye el sumariante –en un documento al que accedió ADNSUR de manera exclusiva- que “resulta bochornoso para el Poder Judicial que el Ministerio Público Fiscal que defiende y garantiza la legalidad comenta semejante arbitrariedad, con conocimiento y voluntad”.
Y sostiene finalmente: “Considero con relación a los Fiscales Iturrioz y Nápoli, que los hechos probados encuadran en la causal de mal desempeño por arbitrariedad y desconocimiento inexcusable del derecho y que por lo tanto deben remitirse las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento”.
Las conclusiones ya están en poder de todos los consejeros y el tema se definirá en la última semana de agosto cuando sesione el Consejo en Comodoro Rivadavia. Allí se realizará una votación y la mayoría resolverá si los fiscales serán sometidos a jury para ser destituidos, en un proceso que podría cumplirse casi al mismo tiempo que comience el juicio oral en una causa emblemática de corrupción, con más de 20 imputados entre ex funcionarios y empresarios de la construcción.
Causa Revelación
En total son 20 imputados: siete exfuncionarios y 14 empresarios. Los fiscales ofrecieron 292 testigos. Es la causa más grande de corrupción en la historia del Chubut que llegará a juicio. La acusación formal contiene 438 páginas, de las cuales 106 son las pruebas ofrecidas por los fiscales.
Después de un trabajo exhaustivo, meticuloso y que demandó 13 meses de investigación y análisis de pruebas, los fiscales Omar Nápoli y Héctor Iturrioz presentaron la documentación que cuenta con 438 páginas, donde detallan el rol de cada uno de los acusados, cómo se pergeñó el plan, las reuniones entre los empresarios y los funcionarios y los recaudadores de esta presunta maniobra. Así lo informó el diario El Chubut.
Gonzalo Carpintero Patterson: 8 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de dos hechos. Multa del 50% de los bienes incrementados ilegítimamente y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Pedirán el decomiso de los bienes producto del delito.
Pedidos de condenas a los procesados
Ex Funcionarios Públicos
Diego Correa: 8 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita en concurso real con cohecho pasivo, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Solicitarán el decomiso de los bienes producto del delito.
Víctor Cisterna: 8 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita, en concurso real con cohecho pasivo, bajo la modalidad de delito continuado. Inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y exigirán el decomiso de los bienes producto del delito. Pablo Oca: 7 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y pedirán el decomiso de los bienes producto del delito. Alejandro Pagani: 7 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito. Martín Bortagaray: 6 años de prisión por ser organizador de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito. Diego Lüthers: 6 años de prisión por ser miembro de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito.
Empresarios
Federico Piccione: 6 años de prisión por ser miembro de la asociación ilícita y el decomiso de los bienes producto del delito.
Pablo Bastida: 5 años de prisión por ser miembro de la asociación ilícita, con más la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito. Andrés Ninín: 4 años de prisión por ser miembro de la asociación ilícita, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de los bienes producto del delito. Mauricio Capandeguy: 2 años de prisión, el decomiso de bienes producto del delito y la expresa condenación por costas del proceso. Patricino Manzanel: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito. Jorge Rossi: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito. Juan Riquelme: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito. Massoud Ighani: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito. Miguel Freile: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.
Pablo Menedin: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito. Martín Castillo: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito. Gonzalo Cordón Ferrando: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito. Oscar Sandín: 2 años de prisión, la expresa condenación por costas y el decomiso de los bienes producto del delito.
