Juan Carlos Goya se manifestó públicamente y mostró su repudio a esta medida. También expuso casos en los que la vida de los afectados peligra ante la decisión por la quita de pensiones por parte del gobierno nacional.
El secretario de Derechos Humanos Juan Carlos Goya, junto al subsecretario de Protección Néstor Omar Sotelo y al subsecretario de Promoción Julio García, ratificaron su postura ante la quita de pensiones: «Es una burda mentira que en el Chaco se hayan retrotraído las decisiones de cortar las pensiones nacionales, dejando a discapacitados sin obra social, lo cual constituye en abandono de personas».
El secretario remarcó: «Quiero hacer una denuncia pública del tema de las pensiones nacionales. Realmente en su momento desde la Secretaría de Derechos Humanos manifestamos nuestro repudio hacia la quita de las pensiones nacionales, con posterioridad, y el reclamo de todo el país salieron a decir que se iba a volver colocar las mismas con los recursos necesarios y se ha demostrado que es una absoluta mentira».
“Siguen dados de baja, y lo que queremos hacer es volver a ratificar la decisión de la Secretaría, junto al IPRODICH y avanzar en la construcción de derechos de estas personas vulneradas. Lo importante de las pensiones es que permitían a los discapacitados tener una obra social», destacó Goya.
“Nosotros tenemos denuncias concretas de personas con esclerosis múltiples, por ejemplo, que dependen absolutamente de su droga no para mejorar su salud, sino para vivir. Al no tener la obra social no pueden cumplir con el tratamiento. Nos parece una verdadera canallada porque le sacan a la gente la posibilidad de mantener su salud, y seguir con los tratamientos para vivir», dijo Goya.
El subsecretario Sotelo por su parte sostuvo: “Queremos reafirmar nuestra voluntad de recibir todas las denuncias y hacer las tramites necesarias y promocionar este tipo de políticas para que todos los municipios chaqueños, junto a los intendentes sepan con quién derivar y a dónde tienen que mandar a las personas para que sean asesoradas.»
Estamos en absoluta solidaridad con el IPRODICH y con el Defensor del Pueblo de la provincia, Gustavo Corregido, que presentó acciones para revertir esta situación, nosotros nos comprometemos en este camino, el gobierno provincial está muy preocupado con esta situación, estimamos que más de 7 mil personas que han sido dadas de baja en la provincia del Chaco» finalizó.
