La CGT presentó un AMPARO contra la REFORMA LABORAL
En las últimas horas, la Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un amparo contra la Reforma Laboral que fue promulgada en el Boletín Oficial este viernes.
La presentación fue llevada a cabo ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal. En su reclamo de inconstitucionalidad se fundamenta que se ven afectados “el artículo 14 bis” de la Constitución Nacional, así como principios de la OIT y del Pacto de San José de Costa Rica, que tienen rango constitucional.
🚫 “HAY UNA GRAN CANTIDAD DE PUNTOS EN LA REFORMA QUE SON INCONSTITUCIONALES”
Nuestro cosecretario general @JorgePinoSola analizó en #demasiadapresion los principales artículos de la reforma laboral que denunciamos ante la Justicia por violar derechos de las y los trabajadores… pic.twitter.com/i5jr65TbC0
— CGT (@cgtoficialok) March 5, 2026
“La mal llamada de ley de ‘modernización’ significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales”, expresó el último lunes la central sindical mediante un comunicado difundido tras la presentación en Tribunales de su pedido de inconstitucionalidad.
LOS PRINCIPALES ARGUMENTOS DE LA CGT
La CGT considera que la nueva ley vulnera “el principio de Progresividad (o No Regresión): que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales adquiridos”.
A su vez, viola el “Principio Protectorio: que se basa en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, y que busca restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la protección de la parte débil que es la del trabajador”.
Además, sostiene el escrito, “se afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, a la libre agremiación, la libertad sindical, la seguridad social, entre otros ítems”.
En tanto, la central sindical pone el foco en que la nueva normativa permite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”. Además, elimina “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y trasgredieron la ley”, y dispone “que las indemnizaciones por despidos se paguen en cuotas y se hagan a través del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), costeando los despidos con aportes de los propios trabajadores, desfinanciando la Seguridad Social”.
La suma de todo lo apuntado se suma al resultado de las políticas actuales del Gobierno nacional: “En los primeros dos años de este gobierno se perdieron más de 300.000 empleos”.
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