Cavallaro: «Nadie debería estar ni 24 hs en las comisarías argentinas en las condiciones actuales»
Este miércoles, pasadas las 18s se presentó el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «Medidas para reducir la prisión preventiva», a cargo del comisionado James Cavallaro, acompañado de Paula Litvachky, Directora del Área Justicia y Seguridad del CELS y la presentación estuvo a cargo del Defensor de Casación, Mario Coriolano, en la sede del Instituto de Estudios Judiciales de la SCBA, en La Plata. Coriolano, como organizador local de la presentación, agradeció a los presentes y resaltó que «sin Justicia no hay Democracia».
Sobre la problemática de la prisión preventiva Paula Litvachky sostuvo que «su uso excesivo constituye el fracaso del sistema judicial de la provincia de Buenos Aires», al tiempo que recalcó que se celebraran cada vez más «audiencias orales para trabajar sobre esas medidas preventivas y sobre los abusos de las mismas». Minutos antes el Procurador General de la SCBA Julio Conte-Grand había afirmado que la detención y prisión preventiva «no es una pena y no puede ser interpretada como tal, es una medida coercitiva, cautelar, preventiva», por lo que «se debe evitar su abuso y su desnaturalización convirtiéndola en una pena cuando en realidad es una medida precautoria»
Sobre la realidad de los presos / detenidos en la provincia el Procurador sostuvo que el 47% se encuentra condena, el 12% solo posee una condena con sentencia no firme y el 41% se encuentra bajo el régimen de procesados con prisión domiciliaria a la espera de una condena, «en su mayoría se trata de delitos graves cuyas penas no pueden ser dejadas en suspenso», enfatizó y aun así, Conte-Grand aseguró que «la legislación de la Provincia de Buenos Aires es de avanzada en la materia» al tiempo que goza de buenos «profesionales con calidad humana ayudan a reducir la prisión preventiva» y así resguardar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
La representante del CELS dijo a su vez que «la Provincia de Buenos Aires asiste a una gran tendencia de encarcelamiento, en 5 años se pasó de 180 a 240 presos cada 100.000 habitantes. Se estima que en 2021 la totalidad de detenidos será de 160.000».
«No se puede pensar la política carcelaria sin pensar la política criminal o judicial de la provincia», aseveró Litvachky.
Sobre los detenidos con prisión preventiva sostuvo que de la totalidad de aprehensiones cumplen con este régimen el 53% de los varones, el 62% de la mujeres y el 82% de personas trans, destacando aquí la cuestión de perspectiva de género sobre la que sostuvo la Provincia de Buenos Aires «aun no ha emprendido un camino»respecto de este tema.
«No estamos viendo cambios en las prácticas judiciales en relación a la prisión preventiva, junto al gran aumento de la población carcelaria que ha llegado a números extremos», criticó, proponiendo cifras concretas según las cuales en 2012 se registraron unas 27.645 aprehensiones policiales mientras que en 2016 la cifra llegó a 36.680, de las que el 12% de personas procesadas se encuentran en comisarías o espacios no aptos para el alojamiento, y el 49% de las personas privadas de su libertad fallecidas en 2016 se encontraban bajo prisión preventiva, sobre un total de 138 casos.
Finalmente el Comisionado de la CIDH, James Cavallaro, a pocos días de finalizar su mandato, reafirmó que la aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es algo que ya había sido informado en el informe de 2013, de las que se registran cifras alarmantes respecto de la misma, siendo el 36% de los detenidos quienes están bajo esta condición a nivel regional, número que aumenta en otros países de Latinoamérica a donde se llega al 60%.
Aseguró que esta situación se debe a falta de voluntad política, «no es un gran secreto el mejorar esta cuestión, no es un desafío de altísimo nivel intelectual, sino falta de voluntad política». «Nadie debería estar ni 24 hs en las comisarías argentinas en las condiciones actuales», enfatizó Cavallaro.
Afirmó a su vez que esta realidad se debe a las reformas legislativas de «mano dura» que han incrementado la duración de la prisión preventiva, al tiempo que la han constituido como una especie de condena anticipada, y no se ha incorporado la perspectiva de género y enfoque diferenciado, en tanto una persona trans es alojada en una celda masculina o femenina de acuerdo a su acta de nacimiento y no en función de su elección sexual, lo cual trae gravísimos riesgos sobre su integridad física.
Al mismo tiempo delitos como la venta de drogas ilegales es sancionada con prisión preventiva dada la presión social existente sobre el sistema judicial, y los consumidores son vistos desde una óptica criminalizadora y sobre esto, sostuvo: «El sistema jurídico responde en Latinoamérica a un populismo punitivo, debemos humanizar la inteligencia y no el deseo de retribución política, para garantizar los derechos humanos de los detenidos y la ética ciudadana».
Sobre los beneficios de reducir la prisión preventiva propuso el drama de la desintegración social que trae en las familias cuyos hijos tienen un padre o una madre en esa situación, disminuye la reincidencia delictiva, según las cifras propuestas aquellos detenidos bajo este régimen eran más propensos a volver a delinquir respecto de quienes habían recibido una condena firme; y disminuiría la cantidad de recursos económicos que el Estado destina a esto, «cuesta mucho más sostener económicamente a una persona en la cárcel que educarla», resaltando la importancia de los detenidos preventivamente que utilizan las pulseras o tobilleras mientras el proceso judicial sigue su curso, evitando así se deban destinar cuantiosos fondos estatales.
Como ejemplo sostuvo que en su país, EE.UU, se ha alcanzado la cifra récord de 700 encarcelados cada 100.000 habitantes, a los que se destinan más de 50.000 dólares anuales por cada uno de ellos, monto aproximado que invierte un alumno de la prestigiosa Universidad de Standford de la que Cavallaro es profesor.
Por su parte el vicegobernador Daniel Salvador, quien también formó parte del panel de expositores, sostuvo que «es necesario trabajar en las cuestiones referidas a las estructuras carcelarias no solo como un apunte sino con efectividad. Estamos trabajando en ese sentido, tenemos un objetivo en función de ello, para garantizar el respecto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad», en esa sintonía la diputada provincial de la UCR en Cambiemos, Sandra Paris afirmó que «la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal yDaniel Salvador, viene llevando adelante diversas medidas en la preservación de los derechos humanos en conjunto con otras instituciones, en esto la perspectiva de género ocupa un lugar central».
