La brutal historia de Pedro, el trabajador de Ford secuestrado en dictadura y echado del trabajo el mismo día
A fines de marzo de 1976, Pedro Troiani, trabajador y delegado gremial de la empresa Ford Motor Argentina, fue detenido, torturado y privado ilegalmente de su libertad en la fábrica hasta el 23 de mayo de 1977. Pudo recuperar su libertad, pero el mismo Estado le negó una investigación para hallar culpables. A 46 años de aquel suceso, finalmente, se hizo justicia.
El 13 de abril de 1976, mientras se encontraba trabajando en el interior de la empresa, ocho personas armadas y uniformadas le indicaron a Troiani que estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Fue esposado y trasladado a uno de los “quinchos” ubicado en el campo deportivo de la compañía, en la planta de Pacheco de Ford: fue atado de las manos con alambres, le taparon la cabeza con una camisa y arrojado al suelo, donde fue golpeado y permaneció sin comida, y sin agua durante varias horas. Del quincho fue trasladado a la Comisaria 1.era de Tigre. Posteriormente fue llevado a la Unidad 2 de Devoto y a la Unidad 9 de La Plata. Estando 6 meses en cada una de estas Unidades.
Mientras permanecía secuestrado fue despedido por la empresa, sin derecho a indemnización. Al recuperar su libertad se vio impedido de reclamar sus derechos por temor a represalias, ya que aún el país estaba en dictadura. Años más tarde, su reclamo en la justicia fue desestimado por entenderlo prescripto.
En 1992, Troiani denunció ante la CIDH la responsabilidad internacional del Estado argentino por la vulneración de sus derechos a la igualdad ante la ley y a la protección judicial. Recién 2020, la Secretaría de Derechos Humanos inició un diálogo con Pedro Troiani y su abogado, con el objetivo de alcanzar una solución amistosa en el trámite internacional.
Un año después, el 23 de marzo de 2021, la CIDH adoptó su Informe en el caso: determinó que el Estado argentino es responsable por haber negado su acceso a la justicia sobre los delitos denunciados. Y agrega que existió por parte de “autoridades y personal jerárquico de la empresa Ford, un aporte específico de información de los trabajadores a ser secuestrados”.
En ese Informe, la CIDH ordenó al Estado argentino realizar una serie de acciones de reparación que fueron acordadas entre la Secretaría de Derechos Humanos y el propio Pedro Troiani, quien falleció el 1 de agosto de 2021, pero que participó del trabajo previo al acuerdo que se firmará finalmente mañana con la esposa e hijo del extrabajador de Ford.
“Reconozco la responsabilidad del Estado”
“A pocos meses de cumplirse 30 años de la denuncia presentada ante la CIDH por Pedro Troiani, Juan Vega y Rodolfo Ojea en la que alegaron la responsabilidad internacional de Argentina, como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación reconozco la responsabilidad del Estado por la violación de los derechos a la integridad y libertad personal, a la igualdad ante la ley, a garantías judiciales y protección judicial, como también la violación al desarrollo progresivo en materia de derechos laborales”. Las palabras corresponden a Martín Soria, en el marco del Acto de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Troiani.
Soria, en el acto que se realizó en el Archivo Nacional de la Memoria, destacó que el caso de Troiani “no es un hecho aislado o individual”, sino que “sintetiza todo el accionar de la dictadura cívico-militar”, al recordar que casi el 70 por ciento de los desaparecidos y asesinados por la dictadura genocida fueron trabajadores: “Todo esto no pudo haber sido posible sin la complicidad y participación activa de determinadas empresas”.
Como parte del acuerdo, el Estado argentino se comprometió a realizar e impulsar una serie de acciones de reparación integral, que no sólo contemplan la reparación individual de Troiani sino también medidas de alcance colectivo, como la señalización del espacio de la fábrica Ford, que funcionó como centro clandestino de detención; la promoción de la investigación de la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad y acompañar los pedidos de imprescriptibilidad de acciones civiles y laborales vinculadas a delitos de lesa humanidad.
En 2018, Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó al ex Gerente de Manufactura e integrante del directorio de la empresa Ford Motor Argentina, Pedro Müller, a 10 años de prisión, y al ex jefe de Seguridad, Héctor Sibilla, a 12 años de cárcel por los secuestros y tormentos agravados de un grupo de trabajadores, entre quienes se encontraba Troiani, durante la última dictadura. En esa causa también fue condenado Santiago Riveros, ex titular de Institutos Militares del Ejército, a 15 años de prisión.
Se trató de la primera condena a dos altos funcionarios de una empresa multinacional como partícipes necesarios en crímenes de lesa humanidad. En septiembre de 2021, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia.
