Brasil: el asesinato de la Justicia
“El juez que condenó a Lula y ordenó su arresto, Sergio Moro, es uno de los tantos magistrados cooptados por Washington. Desde hace varios años, el Departamento de Estado mantiene una especie de Escuela de las Américas para policías y judiciales que funciona en El Salvador. El nuevo modelo: las ‘Democracias de Seguridad Nacional’”.
“¿Puede el Supremo Tribunal Federal (STF) en un país como Brasil funcionar y sesionar como si nada hubiera sucedido, después de que al menos tres generales -uno de ellos, el jefe actual del Ejército- advirtieran públicamente que si el ex presidente Luiz Inácio Lula Da Silva no iba preso se verían “obligados” a dar un golpe militar?”
La pregunta la formula Stella Calloni, en un artículo que lleva su firma, publicado en Diario Contexto, del que transcribimos un extracto.
Después de un intento de homicidio contra Lula ocurrido la semana pasada en el estado de Paraná, el general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa dijo a la prensa en forma amenazante que el STF induciría a la violencia en el país y amenazó con un golpe de Estado
También el general Paulo Chagas dijo que “nuestro objetivo (Fuerzas Armadas) es evitar que se cambie la Ley y que el jefe de una organización criminal, condenado a 12 años de prisión, circule libremente, pregonando el odio y la lucha de clases”. Una clara connotación de Guerra Fría.
Si algo faltaba, pocas horas antes de que sesionara el STF, el jefe del Ejército, general Eduardo Villas Boas, afirmó que su fuerza “comparte el anhelo de todos los ciudadanos de bien de repudiar a impunidad”. Más diplomáticamente, pero la amenaza es la misma.
Cualquier magistrado mínimamente decente o simplemente apegado a la ley debió negarse a estar sentado en un tribunal que ante tal amenaza había perdido toda su autoridad. Además, en todo caso se trataba de una amenaza de golpe, en un golpe que ya se ha dado.
El golpe de Estado mediático, jurídico, parlamentario sucedió en agosto de 2016, cuando la presidenta Dilma Rousseff fue destituida por una conjunción de medios de comunicación con la Rede Globo a la cabeza, una Justicia manejada por jueces que trabajan desde hace tiempo para Estados Unidos, como Sergio Moro, cumpliendo el papel que les asignaron, y un Parlamento mayoritariamente corrupto que destituyó sin pruebas a la mandataria, lo que resultó en un golpe de Estado.
En mayo de 2016, Rousseff fue separada de su cargo y asumió el vicepresidente Michel Temer, quien, sin que nadie interviniera, cambió el Gabinete, lo que no le correspondía porque simplemente estaba reemplazando a la presidenta mientras durara el juicio. Sin embargo, tomó medidas en forma ilegal, todas en contra del pueblo y los trabajadores. Medidas que lesionaron gravemente la soberanía en Brasil, comenzando por la entrega de los grandes yacimientos petroliferos (presal), sacándolos del control de Petrobras. Esta empresa, como todas las estatales, fue víctima de espionaje, como los gobiernos de Lula y Dilma. Lo revelaron las denuncias documentadas del ex agente de la Seguridad norteamericana, Edward Snowden.
El juez que persiguió a Dilma y Lula, Sergio Moro, es uno de los tantos jueces o empleados judiciales cooptados por Washington. El Departamento de Estado mantiene una especie de Escuela de las Américas para policías y judiciales en El Salvador. La condena de Moro contra Lula es una monstruosidad jurídica, ya que –como en el caso de Dilma– no existe ninguna prueba en la causa por la cual fue condenado, lo que lo convierte en un rehén político, no ya de Brasil, sino de Washington, favorecido por el ex informante del Comando Sur, el actual presidente Temer.
El esquema estadounidense de infiltrar las estructuras judiciales de América Latina surgió como metodología de trabajo en los planes contrainsurgentes y estratégicos para la región en los noventa. En los primeros años del siglo XXI se planteó un nuevo modelo: las “Democracias de Seguridad Nacional”, en reemplazo de las dictaduras de Seguridad Nacional que convirtieron en un cementerio América Latina en el siglo XX.
La “democracia” planeada en encuentros en la sede del Comando Sur no eran sino dictaduras encubiertas para manejar los conflictos de baja intensidad en el siglo XXI. Dispersar el Comando Sur de su sede en la zona del Canal de Panamá mediante la instalación de bases y establecimientos militares en territorios estratégicos fue otra de las decisiones para acabar con la rebelión en el continente, golpear todo proyecto de integración y controlar directamente al mejor estilo colonial.
El juez Moro, quien estudió Derecho en la Universidad Regional de Maringá, muy rápidamente entró en contacto con Estados Unidos asistiendo a un programa “especial” para instrucción de abogados en la Harvard Law School. Además, participó en el “Programa para Visitantes Internacionales” organizado en 2007 por el Departamento de Estado norteamericano, especializado en la prevención y el combate al lavado de dinero. En ese curso realizó visitas a distintas agencias de Estados Unidos, entre ellas las de inteligencia, como la CIA y el FBI.
Ya Estados Unidos había previsto que para “controlar” la región debía infiltrar las estructuras judiciales, además de apropiarse de la mayoría de los medios masivos de comunicación, o al menos controlarlos mediante sociedades multimillonarias. En el caso de los Parlamentos, el control se lograba mediante la cooptación ideológica de legisladores y la corrupción.
El juez Moro fue también instruido en el análisis de crímenes financieros y delitos realizados por grupos criminales organizados, y desde esos momentos pasó a ser un hombre al servicio de Washington.
Es uno de los tantos magistrados que trabajan conjuntamente con algunas de las fundaciones estadounidense y sus ONG que invadieron silenciosamente América Latina desde los años ochenta.
Como se conoció durante los gobiernos de Lula y Dilma, Brasil estuvo sujeto a un espionaje intenso por Estados Unidos y especialmente sus grandes empresas, sobre las que Washington había puesto la mira desde hace tiempo, lo cual permitió preparar la ofensiva.
Esto es parte de la estrategia de las derechas del continente, que responden directamente a los intereses imperiales de Estados Unidos y a su proyecto geoestratégico de recolonización continental. Se utilizan diversos y renovados mecanismos golpistas, como hemos visto en los últimos años, especialmente en los casos de Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016), donde los golpes de Estado estaban destinados a acabar con gobiernos auténticamente populares.
