Belgrano y el peronismo: la Escuela y la Universidad para tod@s

Escribe Alberto Lettieri*, Exclusivo para InfoBaires24

El destacado historiador Alberto Lettieri analiza el rol del Estado en la educación, a través de nuestra historia, desde el modelo igualitario e inclusivo propuesto por Manuel Belgrano, pasando por la implementación de la ley 1420, la Reforma Universitaria, la polítitca educativa del peronismo, la represión de las dictadura, el vaciamiento neoliberal hasta llegar a nuestros días

A partir de la caída de Rosas, el proceso de construcción de un orden liberal oligárquico en nuestro país, estuvo acompañado de una decidida intervención estatal en la educación, política de la que no escapó, por cierto, la universidad argentina. En efecto, la imposición del paradigma civilización vs. barbarie, que pretendió justificar –y aún hoy en día es todavía utilizado para tratar de relativizar- el genocidio de grandes segmentos de la población -gauchos, indios, negros, mulatos, zambos, pobres o disidentes políticos-, demandó una fuerte intervención estatal en los procesos educativos, a fin de definir un conjunto de representaciones sociales paradigmáticas y una suerte de “sentido común” acorde con los intereses de una minoría con sede en el puerto de Buenos Aires, que asumió en la práctica el papel de socio minoritario del gran capital internacional. En el marco de este proyecto hegemónico, que descartaba la industrialización en beneficio de la oligarquía terrateniente y sus intermediarios comerciales y financieros, se privilegió la función política de la educación, en detrimento de la enseñanza de las competencias técnicas.
De este modo, y a fin de naturalizar el coloniaje a nivel nacional, la Ley 1420 y el sistema de cátedra única universitaria permitieron instalar el pensamiento uniforme en las instituciones educativas de la Argentina. La obediencia, la disciplina y la sumisión de las clases subalternas ocuparon el centro de interés en el modelo educativo sarmientino.

Las transformaciones de la estructura social que impuso esa matriz primario-exportadora, posibilitando la conformación de una significativa clase media urbana, se tradujo en una progresiva apertura de la universidad, reducto inicial de la oligarquía nativa, a los sectores medios. Esta progresiva incorporación quedó plasmada en la Reforma Universitaria de 1918, movimiento de alcance latinoamericano que apuntó a garantizar la autonomía frente al Estado a través del co-gobierno y la administración de su presupuesto, y a diversificar los contenidos doctrinarios tradicionales. Sin embargo, la Reforma no pretendió modificar la función política de la universidad, adosándole un programa técnico e industrialista, ya que el modelo económico del radicalismo y del socialismo seguía privilegiando la matriz agroexportadora, con cierta pretensión redistributiva en beneficio de sus votantes (las clases medias). Por este motivo, la gratuidad del sistema universitario no constituyó un objetivo para los sectores medios en ascenso, interesados en compartir los beneficios oligárquicos antes que en propiciar la inclusión social de las clases subalternas, tanto nativas como inmigrantes.

Sería recién en el marco de la profunda transformación propiciada por el Estado Peronista, cuando por primera vez la inclusión social real del conjunto de la población pasó a convertirse en contenido programático de la acción de gobierno

Sería recién en el marco de la profunda transformación propiciada por el Estado Peronista, cuando por primera vez la inclusión social real del conjunto de la población pasó a convertirse en contenido programático de la acción de gobierno. Esto se tradujo en una agresiva política de inclusión a nivel primario, el desarrollo de una ambiciosa educación técnica a nivel secundario y la creación de la Universidad Obrera, como correlato al impulso de la industrialización, el consumo interno y la explotación de los recursos energéticos. Esta política estatal apuntó a la reivindicación de los derechos y de la función social del Estado Nacional, e incluyó no sólo la sanción de la gratuidad de la enseñanza universitaria, sino también una reforma en las competencias estatales sobre la universidad, a fin de impulsar la investigación y propiciar la generación de RRHH acordes con los requerimientos de un proyecto nacional democrático y avalado por las grandes mayorías populares. La fecha escogida por el General Perón para anunciar la eliminación del arancelamiento universitario no fue azarosa: el 20 de junio de 1949, lo cual implicaba tanto un reconocimiento a la figura de Manuel Belgrano, como al modelo educativo mucho más igualitario e inclusivo que este había promovido. Recordemos que, ya en bancarrota personal, Belgrano donó los 40.000 que le otorgó la Asamblea del Año XIII como premio a su victoria en la Batalla de Salta para la construcción de cuatro escuelas públicas en Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Tarija (actualmente en territorio de Bolivia), en los siguientes términos:

«He creído propio de mi honor y de los deseos que me inflaman por la prosperidad de mi patria destinar los expresados 40.000 pesos para la donación de cuatro escuelas públicas de primeras letras en que se enseñe a leer y a escribir, la doctrina cristiana y los primeros rudimentos y obligaciones del hombre en sociedad. «

El de junio de 1949, el General Perón apelaba a las» ideas y sentimientos» del creador de la enseña patria para retomar su obra reivindicatoria de los sectores más vulnerables, a los que las Escuelas donadas por Belgrano debían convertir en sujeto educativo privilegiado, anunciando la gratuidad de la enseñaza universitaria, para así convertir en realidad el libre acceso al sistema educativo en todos sus niveles.

“En los comienzos de mi presidencia –sostenía Perón- después de más de un siglo de olvido di cumplimiento a los deseos de Belgrano de designar la recompensa en dinero que le acordara el prócer al gobierno, invirtiendo los fondos necesarios para construir una escuela, como él lo dispusiera, en la ciudad de Tarija.

Interpretando sus ideas y sentimientos, que lo impulsaran a destinar sus bienes y recompensas para construir escuelas en la rudimentaria comunidad Argentina de su tiempo, deseo anunciar que desde hoy quedan suprimidos los actuales aranceles universitarios en forma tal que la enseñanza sea absolutamente gratuita y al alcance de todos los jóvenes argentinos que anhelan instruirse para el bien del país. Para honrar a los héroes nada mejor que imitarlos. “

La nueva legislación se puso en práctica el 22 de noviembre de ese mismo año, garantizando una matriz de inclusión social que a los radicales y socialistas reformadores de 1918 jamás se les había cruzado por la mente. Es importante insistir sobre esta cuestión, ya que a menudo se presenta en el discurso público a la gratuidad universitaria como uno de los logros de la Reforma de 1918, cuando en realidad no fue incluido siquiera entre sus postulados.

Pese a significar un fabuloso avance en el proceso de conquistas sociales, la política universitaria del peronismo no se limitó a eso. Por primera vez la generación de conocimientos científicos fue considerada como una finalidad esencial de la universidad y respaldada por un significativo incremento presupuestario, y tuvo como correlato la creación del CONITyC (Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas) en 1951.

Tras la caída del régimen democrático, en 1955, los políticas educativas del Estado Nacional y la construcción de las Escuelas donadas por Belgrano compartieron su incierto destino. En lo referido a las Escuelas, los fondos fueron destinados a fines distintos a los asignados por Belgrano: la de Santiago del Estero se construyó en 1822, la de Tarija recién en 1974, la de Tucumán en 1998 y la última se levanto en el barrio de Campo Verde, en Jujuy, siendo inaugurada durante el gobierno de Néstor Kirchner, el 6 de julio de 2004, con sólo 191 años de retraso…[1]

Tal como sucedió en la mayoría de los rubros de la sociedad argentina, los 18 años de destierro de la democracia en nuestro país que siguieron a la caída del peronismo en 1955, estuvieron acompañados de la liquidación del CONITyC y de la Universidad Obrera, y el retorno de la universidad a un régimen similar al proclamado en 1918. En un país a la deriva, donde la lucha social y armada cobraba cada vez mayor protagonismo político, la universidad se constituyó tanto en un espacio de resistencia y de lucha contra el autoritarismo, cuanto en escenario de frecuentes operaciones represivas, cuyos momentos más álgidos se identifican en la denominada “noche de los bastones largos” y el asesinato de Santiago Pampillón. De este modo, la universidad fue también escenario de lucha de proyectos políticos y sociales antagónicos. Así, en tanto la tiranía de Onganía explicitó la renuncia del consenso oligárquico dependiente a toda pretensión de contar con una ciencia autónoma, el retorno del peronismo en 1973 apostó inicialmente a una educación para la liberación, que apuntó a generar una concientización del Proyecto Nacional e impulsar el desarrollo industrial y la redistribución de la riqueza. En consonancia, varias universidades adoptaron la denominación de “nacionales y populares”. La muerte de Perón y el reemplazo del Ministro de Educación Jorge Taiana por Oscar Ivanissevich, cortó de raíz este proyecto, y estableció las bases de una política represiva que fue potenciada y llevada hasta sus límites más extremos por la dictadura cívico-militar de 1976-83.

El retorno de la democracia en 1983, bajo la gestión de Raúl Alfonsín, privilegió una vez más la función política de la educación, propiciando la divulgación de contenidos y prácticas democráticas en la universidad. Sin embargo, el colapso económico que concluyó en la hiperinflación de 1989, sumado a la adopción de un modelo desindustrializador que afectó gravemente al empleo y a unas finanzas públicas agobiadas por el peso de la deuda externa, se tradujo en un creciente recorte de los presupuestos educativos y al descuido de la educación técnica. En la década siguiente, el consenso neoliberal profundizó estas variables, generando las condiciones adecuadas para un brutal incremento de la enseñanza privada en nuestro país, en todos sus niveles. Como en otras áreas, el Estado renunció a ejercer tradicionales competencias en la definición de contenidos y regulación de la actividad social, por lo que el mercado terminó imponiendo sus intereses y sus reglas de juego. La enseñanza técnica se cerró, en el marco de un proyecto que había renunciado a la producción y que liquidó la ética del trabajo, y la educación se convirtió en un área más de negocios y de exclusión social. Mientras tanto, la universidad pública, desfinanciada y marginada en las políticas estatales, fue adoptando prácticas arancelarias, sobre todo a nivel de los posgrados, aunque sin renunciar del todo a la crítica del modelo consagrado por la Constitución de 1994. Solo la creación de nuevas universidades, vinculadas a las necesidades de RRHH y a la satisfacción de demandas de sus comunidades, constituyó un avance en la descentralización del sistema.

La gestión de la Alianza, liderada por el radical Fernando de la Rúa, solo se limitó a profundizar los aspectos más regresivos de este modelo. Sería recién en la última década, durante las gestiones presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, cuando la educación universitaria, el impulso de la ciencia y la reivindicación del federalismo experimentaron un salto cualitativo. Se crearon 20 nuevas universidades nacionales, el salario docente se incrementó en más del 900%, se impulsaron mas de medio millar de obras de infraestructura y se incrementó la apuesta en la investigación a través de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la repatriación de 1000 científicos y un incremento exponencial de becarios en el CONICET (de 2000 en 2002 a 9000 en 2013) y de investigadores (de 3400 en 2003 a 7000 en 2013). También se dieron pasos decisivos en la vinculación entre universidad y sociedad, por medio de la implementación de políticas que apuntaron a transformar el tradicional auto-aislamiento del sistema universitario. El Programa Nacional de Voluntariado Universitario, que para 2013 incluyó a 62.505 alumnos, 14.399 docentes y 6.947 organizaciones, la creación de 48.000 becas para estudiantes de grado, y el impulso de programas de desarrollo estratégico con la CNEA, FFMM o el INVAP, son pruebas contundentes de este cambio.

En la última década los niveles de inclusión social, el incremento de la calidad académica y de la tecnología y la apuesta por una ciencia autónoma y realmente nacional constituyeron las claves de una política universitaria inédita en su propensión pluralista y auténticamente democrática, luego de 30 años de marchas y contramarchas que caracterizaron al proceso de refundación democrática en nuestro país. Algunas cuestiones que permitirían potenciar este auspicioso cambio, como la integración educativa latinoamericana o una profundización de la interacción universitaria y las demandas sociales, están presentes en una agenda que se renueva y actualiza sin pausa. Tal vez sea el momento de repensar la oportunidad de una reforma en el marco legal del sistema universitario, que permita un aceitamiento aún mayor de la relación entre Estado, sociedad y universidad, y permita propiciar un mayor pluralismo y compromiso nacional y latinoamericanista en los contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales de una institución donde la impronta eurocentrista constituye todavía en muchos casos una marca indeleble.

*Alberto Lettieri es Historiador. Docente. Miembro del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego

[1] Al respecto, véase Portal ABC, Dirección de Contenidos Educativos de la Provincia de Buenos Aires de la Dirección General de Cultura y Educación, http://servicios2.abc.gov.ar/docentes/efemerides/20dejunio/htmls/belgrano/sabiasque.html