Avanza el juicio por la muerte de seis personas en un taller clandestino
El 30 de marzo de 2006 un incendio en un taller textil ubicado en la calle Luis Viale (Buenos Aires) provocó la muerte de cinco chicos y una mujer embarazada. A 10 años del hecho, los culpables siguen libres. El 18 abril comenzó el juicio, y este lunes inician los alegatos.
El taller había comenzado a funcionar en noviembre de 2005. Estaba habilitado desde 2001 para el funcionamiento de cinco máquinas. Desde su apertura, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entonces a cargo de Mauricio Macri, no realizó ninguna inspección.
Al momento del incendio, vivían allí 64 personas: la mitad de ellos eran eran niños. En la planta baja se ubicaban las máquinas; en el primer piso -donde se inició el incendio- estaban las “habitaciones”, y luego había un entrepiso de madera, que se derrumbó con el incendio.
Funcionaba un solo baño y no había agua caliente. Los sobrevivientes cuentan en sus declaraciones que a veces hacían cola hasta las 3 de la mañana para ducharse, y que debían calentar agua en ollas para bañar a sus hijos.
Las “habitaciones” estaban separadas por telas y tabiques de madera, y tenían aproximadamente 3 x 2,5 mts. En muchos casos se compartían colchones entre hermanos, tíos y sobrinos. El lugar no contaba con un espacio para comer.
En general se trabajaba 14 horas por día de lunes a viernes, y 5/6 horas el sábado. A los trabajadores se les daba alojamiento y comida para ellos y sus hijos. El arreglo informal era que se les pagaría por prenda (entre $0,70 y $1,20 dependiendo de la operación). Sin embargo, la mayor parte declaró que al momento del incendio llevaban 5 meses sin cobrar lo arreglado. Sólo recibían $50 cada viernes, es decir, $200 por mes. Ello equivalía (considerando que se trabajaba 75hs por semana) a menos de un 20% del salario de convenio ($600 x 45hs por semana), y solo alcanzaba para comprar la comida del fin de semana, que no era cubierta por los talleristas.
Si bien los imputados aseguran que nadie obligó a los trabajadores a vivir allí, en los hechos estaban forzados a ello porque ninguno tenía la posibilidad de pagar un alquiler fuera del taller.
Prácticamente ninguno de los trabajadores contaba con residencia legal. Ello aumentaba su vulnerabilidad y la capacidad de los patrones para intensificar la explotación laboral. Incluso trabajaba un menor de edad.
En última instancia, el hecho de que tras la tragedia prácticamente ningún sobreviviente pudiera contar con familiares o amigos que le diera refugio -casi todos fueron alojados precariamente en un club de Flores-, es indicativo del vínculo de absoluta dependencia que sus patrones habían generado.
El aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de los trabajadores con fines de explotación está claro y es prueba de la existencia de reducción a la servidumbre y de violación al artículo 117 de la Ley de Migraciones.
El día 30 de marzo de 2006 un desperfecto eléctrico (efecto joule) generó el recalentamiento en el cable de un televisor debido a la precaria instalación eléctrica, iniciando el incendio en las plantas superiores.
Los bomberos tardaron entre 45 minutos y una hora y media en llegar. Cuando lo hicieron, el incendio ya se había apagado solo.
El Gobierno de la Ciudad sólo les facilitó a los sobrevivientes subsidios de $300 (el salario mínimo en ese momento rondaba los $800). Se hospedaron precariamente en la Asociación Deportiva del Altiplano, y tardaron 52 días en recibir los cuerpos de las víctimas para que fuesen velados.
El 18 de abril comenzó el juicio, y este lunes inician los alegatos. Se convoca a una conferencia de prensa a las 8.30hs en la puerta de Tribunales, Talcahuano 550.
