ASAMBLEA Y MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE LA INTEGRACIÓN SOCIO URBANA
No al desmantelamiento: agua, luz, trabajo y seguridad en la tenencia para más de un millón de familias
“Los barrios populares no son la Casta. La SISU es agua, luz, trabajo y seguridad en la tenencia para un millón de familias.”
No al desmantelamiento de la Integración Socio Urbana.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía
Popular (UTEP) denuncian el desmantelamiento de la política de Integración Socio Urbana, creada por la
Ley 27.453 y ejecutada en los barrios populares de todo el país.
No estamos hablando de estructuras administrativas. Estamos hablando de agua potable, cloacas,
electricidad segura, pavimento, viviendas, escuelas, centros comunitarios y trabajo. Estamos hablando de
derechos básicos para 5 millones de personas.
¿Qué está en riesgo?
En la Argentina existen 6.467 barrios populares donde viven más de 5 millones de personas. Ésta política
pública logró realizar:
● Más de 1.300 obras de infraestructura básica (De las cuales 734 se encuentran paralizadas por culpa de la gestión actual.)
.
● Más de 150.000 puestos de trabajo generados.
● Más de 250.000 Obras de Mejoramiento habitacional del Programa Mi pieza para mujeres de Barrios Populares
● 860.000 certificados de Vivienda Familiar vigentes.
Situación del FISU y las obras
El Decreto 312/2025 dispuso la disolución del fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana (FISU),
creado en el marco de la Ley 27.453 para financiar obras en barrios populares. No obstante, se encuentra
vigente una medida cautelar judicial que ordena “no innovar” y suspende la liquidación total de los activos,
exigiendo garantizar la continuidad de las obras con financiamiento comprometido.
La interrupción de la política implica:
● Paralización de las obras en ejecución
● Pérdida del trabajo para cooperativistas, trabajadores de empresas y estatales
● Interrupción de servicios básicos en barrios populares
● Potenciales responsabilidades patrimoniales del Estado por incumplimiento contractual
El respeto al marco legal vigente y a las decisiones judiciales resulta indispensable para evitar un daño
institucional, económico y social de gran magnitud.
La dotación de personal pasó de 585 trabajadores en 2023 a 290 en diciembre de 2025, afectando
equipos técnicos, contadores, arquitectos, ingenieros, agrimensores, abogados, trabajadores sociales y
profesionales especializados en integración urbana.
No se elimina una estructura vacía. Se elimina capacidad técnica del Estado. Sin seguridad en la tenencia no hay derechos.
El Certificado de Vivienda Familiar creado por el Decreto 358/2017 permitió que cientos de miles de
familias pudieran contar con un documento oficial que certifique el domicilio donde habitan, el freno de los desalojos establecido por la Ley 27.453 y prorrogado durante el 2022 por 10 años fortalece las medidas
para garantizar la permanencia en paz de las familias.
Desmantelar esta política es empujar nuevamente a miles de familias a la invisibilidad y la exclusión,
a vivir con miedo constante a ser desalojadas de sus viviendas, la aplicación de la Ley y del Decreto
sin una institución pública que lo ejecute convierte en letra muerta su aplicación.
Seguridad y vida en los barrios
La Integración Socio Urbana permitió regularizar miles de conexiones eléctricas precarias que
generaban incendios y accidentes evitables. Permitió obras de agua, cloacas y mitigación de riesgos
ambientales.
A su vez, la presencia del Estado generó una dinámica territorial de fortalecimiento comunitario,
participación e inclusión. Cuando se frenaron las obras y se eliminaron los programas sociales, el
espacio público fue ocupado por redes de narcotráfico, que reemplazan al Estado, controlan los
territorios y afectan la vida de jóvenes y familias enteras, por el consumo, el narcomenudeo y la violencia.
Cuando se corta esta política, no se elimina un programa. Se ponen en riesgo vidas.
Plan de lucha y visibilización
Frente a esta situación, las organizaciones firmantes definimos un plan de acción escalonado con
el objetivo de defender la continuidad institucional y presupuestaria de la Integración Socio
Urbana y los puestos de trabajo vinculados a su implementación.
El plan incluye:
● Jornadas de visibilización el viernes 20/2 y el lunes 23/2 en el edificio y en el espacio
público, con realización de sentadas y “semaforazos” como acciones de protesta y
concientización dirigidas a trabajadores y a la comunidad, frente al impacto del
desfinanciamiento y la degradación institucional de la política de Integración Socio
Urbana.
● Fecha importante Movilización el 24 de febrero a las 11 hs: realizaremos una asamblea
de trabajadores y trabajadoras estatales, cooperativas y vecinos y vecinas en la sede de la
SISU (Av. Roque Sáenz Peña 777, CABA) y posteriormente marcharemos hacia el
Ministerio de Economía (Av. Hipólito Yrigoyen 350, CABA), en defensa de la Ley
27.453/18 y su modificatoria, del financiamiento adecuado de la política de Integración
Socio Urbana y de la continuidad laboral del equipo técnico y profesional.
● Campaña nacional de adhesiones, con firma digital y manuscrita, dirigida a intendentes,
legisladores, gobernadores, representantes de la Iglesia, cámaras profesionales,
organizaciones sociales y vecinos y vecinas de los barrios populares.
● Pedido formal de audiencias ante autoridades competentes y presentación de solicitudes
de acceso a la información pública, a fin de obtener precisiones sobre la situación
presupuestaria, administrativa y estructural de la política de Integración Socio Urbana.
Defender la SISU es defender lo público
Reducir equipos técnicos, despedir trabajadores y paralizar obras no es eficiencia.
Es desmantelar la capacidad del Estado para garantizar derechos.
