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Amparo para anular el tarifazo en el gas para la industria y el comercio

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó ante la Justicia un amparo para que también sean exceptuadas las fábricas y negocios. La Corte sólo frenó los aumentos para los usuarios residenciales.

Como se esperaba, las pequeñas y medianas empresas también buscan que se anule el nuevo esquema tarifario que impuso Aranguren, que aumenta los costos de producción que, eventualmente se trasladan a los precios del producto final.

La presentación de CAME tuvo lugar ante el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín, a cargo del juez Oscar Papavero, » en representación del Comercio, Industria, la Producción y el Turismo Pyme contra el Poder Ejecutivo Nacional», representado por el ministerio y el ente ya mencionados, informó el portal M1.

La entidad reclamó que «se declare la nulidad y, en su caso, invalidez constitucional, de las Resoluciones N° 28/16, 31/16, 99/16 y 129/16 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, ccts. y Resolución N° 3725/16, I/3843/16 del ENARGAS que imponen el esquema de incremento del servicio público del gas, y todo otro aumento dispuesto en los cuadros tarifarios».

Además que «dicha nulidad en consonancia con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia sea extensible a los usuarios comerciales, industriales, de la producción y turismo de todo el país».

En ese sentido, también solicitó que «se ordene a las demandadas (las compañías distribuidoras de gas) abstenerse de requerir el cobro de las facturas correspondientes al cuadro tarifario impugnado» y que «se disponga un nuevo esquema de precios y tarifas para el servicio de suministro de Gas, con arreglo a la Constitución y a la legislación vigente, realizando el procedimiento previo de publicidad y consulta pública».

CAME reclamó que «se restablezca el sistema tarifario anterior a las normas impugnadas hasta tanto el Estado Nacional fije precios y tarifas con arreglo a las normas constitucionales y legales», en tanto para aquellos que hubieran realizado el pago de las facturas con las tarifas fijadas por las normas impugnadas «se tome el excedente como pago a cuenta o bien se disponga el reintegro».

Por último, la entidad empresaria pidió que «se ordene al Estado Nacionaldisponga el pertinente procedimiento de audiencia pública que incluya a todos los sectores productivos».

 

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