Amnistía Internacional coincide en que la política educativa porteña es discriminatoria
La organización participará como «amicus curiae» en el juicio que inició una asociación civil en 2011 por permitir que «el triple de chicos de barrios del norte de la Ciudad tengan acceso a la modalidad de jornada completa que los del sur».
La causa, que -con la presentación de un amparo- inició hace cuatro años la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), tuvo una primera sentencia que fue apelada y se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, según el expediente al que tuvo acceso Télam.
«Amnistía Internacional se presentó el viernes 21 de agosto como ‘amicus curiae’ en la causa que mantiene ACIJ contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos expectantes porque el máximo tribunal tiene la facultad de llamarnos a audiencia pública a comparecer nuestros argumentos jurídicos», dijo a Télam Paola García Rey, coordinadora de Protección y Promoción de los Derechos Humanos del movimiento global creado en 1961, y que hoy cuenta con miembros de más de 150 países.
Para Amnistía Internacional, la motivación de su presentación responde a que «la asignación de recursos destinados a escuelas primarias en los distritos más pobres (de la ciudad de Buenos Aires) ha resultado en una oferta limitada en comparación con los distritos más ricos».
Se refiere a la falta de escuelas con jornada completa, que se extiende de 8 hasta las 16 o 17, con tiempo para el comedor en la escuela, mientras que la jornada simple es para el turno mañana de 8 a 12.15 y de 12.45 a 17, para el turno tarde.
La presentación de Amnistia se da en el marco de un caso «de interés público en el que se discute el potencial impacto discriminatorio de la política educativa de la Ciudad de Buenos Aires», precisó García Rey.
ACIJ, que con un amparo logró que la Justicia le pidiera explicaciones al gobierno de Mauricio Macri acerca de la cantidad de chicos por distrito que accedía a la jornada completa, estimó en su informe que «la oferta educativa de gestión estatal de nivel primario en esa modalidad es considerablemente menor en los distritos escolares (DE) 5, 19 y 21, en comparación con otras zonas de la ciudad de mejor condición socioeconómica».
Los barrios perjudicados son Barracas, Parque Patricios, NuevaPompeya, Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, con mayor porcentaje de personas de menores recursos y más dependiente del sistema educativo estatal, según el informe 2012 de ACIJ.
La asignación de recursos destinados a escuelas primarias en los distritos más pobres de la ciudad de Buenos Aires ha resultado en una oferta limitada en comparación con los distritos más ricos.
«Esto significa que las niñas y los niños de los distritos 5, 19 y 21 tienen mucho menores posibilidades de acceder a una educación primaria de mayor calidad que brinda mayores oportunidades educativas», dijo a Télam María Emilia Mamberti, coordinadora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ACIJ.
El informe de esa entidad precisa que los distritos escolares 14, 15 y 2 (Villa Ortuzar, Villa Urquiza, Colegiales, Belgrano, Coghlan, Saavedra, Villa Crespo, Chacarita y parte de Palermo) «cuentan con el 73,15%, el 63,66% y el 63,23% de su alumnado en escuelas primarias de jornada completa».
En tanto, en los distritos 21, 5 y 19 -ubicados en la zona sur de la ciudad y con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas-, esa proporción «apenas alcanza el 22,33%, el 31,37% y el 34,72%, respectivamente».
De otra manera, en el DE 21 (Villa Lugano y Villa Riachuelo) , tan solo 2 de cada 10 niñas y niños asisten a escuelas estatales de jornada completa, mientras que -en el otro extremo- en el DE 14 el número aumenta a 7 de cada 10.
Esto significa que las niñas y los niños de los distritos 5, 19 y 21 tienen mucho menores posibilidades de acceder a una educación primaria de mayor calidad que brinda mayores oportunidades educativas.
Mamberti explicó que las cifras muestran la discriminación que padecen los barrios más pobres debido a la insuficiente oferta educativa para el nivel primario, «lo que vulnera el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación y el derecho a la educación».
Según ACIJ, «la jornada completa ofrece ventajas en comparación a la jornada simple, tanto en relación a la formación de sus alumnos y a los procesos de socialización con otros niños y con adultos, como a las repercusiones positivas en los hogares».
Amnistía Internacional consideró que su aporte se basa en «criterios relevantes y estándares regionales, internacionales y de derecho comparado», y que su aporte buscará brindar a los jueces criterios para que se garantice el derecho a la educación en la Ciudad de Buenos Aires, a través de la asignación de recursos suficientes».
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, destacó «el rol que puede desempeñar el poder judicial al pronunciarse sobre la asignación de recursos y política pública para evitar situaciones de discriminación y exclusión, sin por ello contravenir el principio de separación de poderes».
