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«ALGUIEN PLANIFICÓ Y MANDÓ EJECUTAR»

La noche del 1 de septiembre fue el epítome de una serie de sucesos violentos.

Ivy Cangaro La Bersa que empuño Sabag Montiel y disparó contra Cristina Fernández no fue ni la primera ni la única.

Circunstancialmente fue el neonazi de los tatuajes el que pasó penosamente a la historia por el intento de ejecución, pero podría haber sido cualquier otro lumpen a sueldo.

Durante todo el 2022 hubo acciones directas de amenaza, violencia e incluso, intento de asesinato contra la referente política argentina más importante del siglo.

Los piedrazos contra su despacho el el Senado, la tarde del 10 de marzo, son un ejemplo. Por entonces Cristina dijo: «Alguien planificó y mandó ejecutar», sin saber que solo seis meses después, alguien dispararía a centímetros de su cabeza. No fueron locos sueltos, fueron células organizadas y financiadas.

El 10 de marzo de 2022 fue un día intenso en el Congreso de la Nación. Dentro del edificio se deliberaba acerca del  acuerdo de refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Afuera, una multitud de manifestantes y entre ellos, unos cuantos que se pusieron violentos y empezaron a arrojar piedras contra el Congreso y  específicamente, contra dos ventanas que unos segundos antes parecían haber sido marcadas con bombas de pintura.

Eran las ventanas del despacho de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta del Senado, que afortunadamente lo había abandonado solo unos minutos antes por pedido expreso de los agentes de seguridad. De no haberlo hecho, los proyectiles, que destrozaron vidrios, muebles y objetos, podrían haberla alcanzado y herido. Los destrozos fueron de espanto, y se mostraron en un video institucional.

En ese momento resultó curioso que el blanco de los ataques fuera Cristina Kirchner, puesto que precisamente ella estaba muy lejos de tener algún tipo de responsabilidad con la toma de deuda con el FMI. Su posición frente al organismo siempre fue muy clara pero además, los fundamentó en hechos: fue en el gobierno de Néstor Kirchner y por decisión política del espacio que después de décadas el país no debía rendir cuentas ante el Fondo y libres de ese yugo, potenciar el crecimiento del país. Algo que no podían ignorar quienes manifestaban masivamente, ese 10 de marzo, frente al Congreso y contra la refinanciación de la deuda que había contraído, nuevamente, Mauricio Macri.

Sin embargo, casi como en un ballet, pasados unos pocos minutos de las tres de la tarde de esa jornada, dos personas se escindieron de la multitud que manifestaba tranquilamente, y arrojaron bombas de pintura roja en dirección bien concreta: las ventanas del despacho de la presidenta del Senado. Un minuto después, ocho, diez, doce personas más empezaron a tirar piedras solo en esa dirección, constantes y precisas durante unos cinco minutos. Tuvieron tiempo de sobra y podrían haber seguido, pues recién la policía llegó a los veinte minutos de iniciado el ataque, a pesar de estar a pocos metros, en la calle Hipólito Irigoyen casi Entre Ríos, la misma esquina de donde salieron los agresores.

Luego de la violencia vino la represión y sumó más violencia. Para entonces, el grueso de los manifestantes de organizaciones que estuvieron allí por horas pacíficamente, emprendieron la retirada ante el caos.

Se inició una causa, que cayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, el fiscal que intervino fue Carlos Rívolo, quienes nunca acreditaron que hubiera intencionalidad directa de atentar contra Cristina Fernández de Kirchner. La jueza parecía estar más interesada en la evaluación del costo de los daños, y pasó días con pericias valuatorias de los detrozos que por cierto, se llevaron algunas cosas imposibles de reponer por ser de patrimonio histórico.

Paralelamente, el juez Norberto Circo del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 23 de la Ciudad de Buenos Aires tenía en sus manos la investigación de los desmanes callejeros sucedidos alrededor del Congreso y que incluyeron una bomba molotov contra la Policía de la Ciudad, pero la jueza Capuchetti solicitó que el juez se declare incompetente y le remita la causa, y lo logró.

«Cuando sucedió el atentando vimos que se formaban dos causas, dos investigaciones que tramitaban en paralelo, y nos preocupaba porque es la manera de que no avance ninguna investigación«, dijo Peñafort en diálogo con la AM 750, para explicar cómo surgió la posibilidad de que el Senado se presentara para querellar, cosa que finalmente fue posible, aunque se opusieron los defensores de algunos detenidos. Y acá surge otra curiosidad.

Lo que en marzo de 2022 sostenía Graciana Peñafort luego, con otras causas, se comprobó empíricamente. La abogada decía que cuando dos causas se tramitan en paralelo lo único que se logra es que no avance ninguna investigación; algo que parecía tener claro en ese momento la jueza María Eugenia Capuchetti cuando pidió a Circo unificar tareas. Curioso es que seis meses después se negó de plano a que la causa contra el intento de asesinato a Cristina Fernández que también investigó ella, se unifique con la causa que llevaba adelante el juez Martínez de Giorgi, y que investiga el rol de «Revolución Federal» en el crimen. Recordemos, además, que Revolución Federal inició sus actividades públicas precisamente en el mismo tiempo del ataque al Congreso por estos manifestantes.

En total hubo once detenidos, de los que se procesó a seis por intimidación pública y daño;  tres de ellos estuvieron 45 días con prisión preventiva ( Julián Lazarte, Jaru Alexander Rodríguez Carrero y Oscar Santillán)y también recuperaron la libertad porque la jueza Capuchetti consideró que no hubo asociación ilícita ni un plan concreto para atentar contra Cristina específicamente.

Los procesados fueron acusados de los delitos de intimidación pública y daño calificado, y fueron individualizados por las cámaras de seguridad y de los canales de tevé que estaban cubriendo los incidentes: Se trata de  Jonatan Emanuel García, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Leonardo Marcelo Cáceres, Jonatan Ezequiel Pacheco, José Horacio Fernando Castillo y Julio Valdés, a quienes además la jueza los embargó por 6,5 millones de pesos, según la resolución judicial.

Y vale hacer una salvedad importante: los detenidos, si bien participaron de las reyertas contra la policía cuando el caos estaba iniciado, no fueron ni todos, y posiblemente tampoco los iniciales. Mas bien da la sensación de que fueron personas que se sumaron espontáneamente a hechos de violencia prestablecidos, aunque es solo un prejuicio de esta cronista, indemostrable.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advirtió sobre todas las anomalías en la investigación y sus implicancias sostuvo que «la justicia de CABA hizo un uso político del tipo penal de  la asociación ilícita  y de la prisión preventiva con el objetivo de perseguir manifestantes y criminalizar la protesta y las organizaciones sociales. Esto es gravísimo«. Algo que también es real y lo que podría entenderse como con un mismo acto, matar dos pájaros de un tiro: generar conmoción contra la vicepresidenta, encono, amenaza y de paso, agarrar al voleo a manifestantes coléricos que nunca faltan, para intimidar y criminalizar cualquier protesta.

“El ataque contra la vicepresidenta de la República Argentina que alguien planificó y mandó ejecutar» sostuvo Cristina en ese momento, y con el devenir de los meses es casi una certeza de que los hechos de marzo fueron un jalón más en un año de escalada de amenazas y violencia que culminó la fatídica noche del 1 de septiembre de ese año.

Para marzo de 2022, cuando fueron estos ataques, Jonathan Morel ya estaba trabajando como carpintero para el Holding Caputo Hermanos, había empezado a organizar lo que sería «Revolución Federal» y junto a Leonardo Sosa estaba equipándose (Sosa dice en un reportaje que ese mes había comprado «su primer megáfono»). Que estuvieran ellos o alguien que luego formó parte de su agrupación no lo sabemos. Es altamente probable que ni siquiera hayan pasado por la esquina. Pero debemos considerar que Sosa y Morel solo fueron una célula como posiblemente otras tantas, dormidas. Por el método (pensemos que los días previos al atentado Leonardo Sosa fue detenido junto a Natanael Rinstein Menin -de quien nada se supo luego- por generar disturbios y encender dos bombas molotov en la esquina de Juncal y Uruguay), por el aparente «dejar hacer» de algunas fuerzas de seguridad como sucedió en todas las bravatas de meses de esta agrupación, por los provocadores pagos como la señora del cuchillo o el pibe del Rappi, por la enorme cantidad de personas haciendo inteligencia que mencionamos en crónicas anteriores, por la forma de inocular odio que se traslade a acciones directas, y por las características unificadoras de todos los personajes, seres rotos, desclasados, manipulables, emocionalmente básicos más allá de su condición social diversa, y que tenían algunos antecedentes lumpenarios y violentos. Sabag Montiel, por caso, em marzo de 2021 había sido interceptado por la Policía a bordo de un Chevrolet Prisma sin patente. Al abrir las puertas, la policía encontró un cuchillo de 35 centímetros de largo. Por ese episodio, se le labró un acta contravencional e intervino la Fiscalía Nº 8, aunque el expediente fue archivado tiempo después.

Todo indicaría que cuando Brenda Uliarte dijo, en testimonio ante la justicia, que les pagaban para generar disturbios, y señaló como a la contratante a una tal «Carolina», parece estar en lo cierto.

Brenda Uliarte la noche de la marcha de las antorchas frente a la Rosada.

En julio Brenda se quejaba de la inacción de algunos compañeros de militancia contra el gobierno. Específicamente hablaba de Revolución Federal, con quienes compartía acciones directas. Ella quería ir más allá de antorchas y guillotinas, y se quejaba de la tibieza y la demora en concretar lo que posiblemente ya era un plan que se barajaba.

El 4 de julio, en chat con Agostina Díaz, su amiga «amor de mi vida«, le decía:

Yo estoy organizando para ir a hacer bardo a la casa rosada con bombas motolov y todo–, le dice Uliarte a Díaz.

–¿Sería mejor no?–, le devuelve Agustina.

Voy con el fierro y le pegó un tiro a Cristina (…) Me dan los ovarios para hacerlo–, se ceba Brenda.

Por eso te amo–, dice Díaz.

Después Uliarte le comenta a la chica que «el tema es cómo» cometería el ataque porque «la vieja tiene seguridad«. «No es joda boluda. Estoy armando un grupo para ir con antorchas, bombas, fierro todo. Voy a ser la libertadora de Argentina. Estuve practicando tiro, se usar un fierro«, se explaya. Agustina le vuelve a decir «te amo»

La vinculación de Brenda con Revolución Federal es explícita y más allá de las fotos que podrían ser circunstanciales, hay un interés común y criminal. «El tema es cómo», dijo Brenda. Y cuándo, agregaríamos. No hay espontaneidad, no hay locos sueltos. Desde muchos meses antes hubo organización y financiamiento a diferentes células y circunstanciales líderes que a su vez pueden haber reclutado lúmpenes circunstanciales para acciones únicas, como arrojar piedras contra el Congreso. Es preciso ver en conjunto todos los acontecimientos políticos y sociales desde septiembre de 2021, cuando Caputo paga la primera factura, hasta septiembre de 2022, cuando Sabag Montiel disparó contra la vicepresidenta.

«Alguien planificó y mandó a ejecutar«, dijo Cristina en marzo. Y en septiembre quedó claro.

 

 

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