Alberto en el día después del freno judicial

Seguirá adelante la decisión de expropiar a la alimentaria santafesina.

Alberto Fernández en una entrevista radial indicó su postura totalmente contraria al fallo judicial emitido por el magistrado Fabián Lorenzini, del Civil y Comercial en Reconquista sobre quien tuvo la delicadeza de subrayar que no tiene ninguna animosidad y que le guarda el respeto merecido a una persona con la que no ha tenido ningún trato personal, sin embargo, sobre lo dispuesto por Lorenzini, dijo: «discrepo absolutamente con el fallo que es de alguien que siente culpa por lo que está haciendo».

Fernández además recordó que el magistrado es un juez y en tanto él, es el Presidente de la Nación, con ello se refirió al DNU disponiendo la intervención de la empresa Vicentín que no fue tenido en cuenta por el magistrado para accionar teniendo en cuenta más «el microclima de la zona que la legalidad del asunto», al decir del Presidente.

Luego de la reunión con Omar Perotti, el mandatario recibió un fuerte ataque mediático, pues se interpretó que la marcha atrás con la Intervención Estatal en la empresa Vicentín, era un arrepentimiento a su primera decisión política fuerte con respecto a un símbolo de la oligarquía agroexportadora y quizás representativa de las múltiples maniobras realizadas con impunidad durante el macrismo, con dineros y fondos estatales de los argentinos. «Fue una empresa muy importante en la historia Argentina que producto de una gestión por lo menos poco saludable terminó en una crisis» dijo Fernández.

Por ello, Alberto Fernández comentó públicamente el desarrollo de los hechos con respecto a Vicentín, el rol del directivo Nardelli que recurrió a funcionarios del gabinete pidiendo que el Estado se hiciera cargo de una empresa en quiebra, cuyos principales acreedores son extranjeros y que ya dispusieron una comisión investigadora neoyorquina por el manejo de los fondos que se hiciera en Vicentín, afectando los intereses mayoritarios.

Este ambiente político mediático que pone en vilo al Gobierno, gira en torno a los grandes intereses que se juegan con esta empresa que permitiría al Estado argentino – al estar a cargo de ella- conocer el comportamiento del mercado cerealero, la preformación de precios y consumos de alimentos en el país y la producción del biocombustible, entre muchos otros aspectos vitales para la economía argentina.

«La palabra expropiación en Argentina es vista como una palabra violenta: hace pensar en la idea de que el Estado se quiere apropiar de bienes que no son de él», consideró el Presidente Fernández, quien en charla con el periodista Roberto Navarro, comentó «Los accionistas de Vicentin hablaron conmigo siempre reclamando que el Estado se haga cargo porque no estaban en condiciones de sostenerla».

«Nosotros no habíamos llegado al Gobierno cuando nos dicen que la empresa se había vuelto inviable y que, como consecuencia de las deudas arrastradas, resolvió pedirle ayuda al Gobierno para ver cómo recuperaban la empresa» explicó el Presidente.

Fernández sabe que de pasar por el Congreso, al menos en la Cámara Baja aún los números no están a favor suyo, pero consideró que tendrá que hablar con cada una de las partes en el parlamento hasta lograr hacer que se comprenda la magnitud de esta medida que en principio quedó inhabilitada por el extraño proceder de un juez Civil y Comercial que no hizo caso del DNU con la rúbica del Presidente de la Nación.

Quizás se logre dejar en claro, lo que es Vicentín en este momento del país, con las propias palabras de Alberto Fernández: » Vicentin no es una empresa que entró en crisis: es una empresa que tiene una crisis rodeada de un sinfín de otro tipo de problemas que no voy a hacer mérito yo porque son de tipo judicial y penales. Van desde presuntas estafas a los bancos nacionales de los que recibieron créditos cuantiosos de los años del gobierno anterior, hasta denuncias de lavado».