“Ahora todos vamos a estar bajo la amenaza de la arbitrariedad policial”

“Esta sensación de que la policía puede armar causas y puede matar es una cuestión que se vincula con el miedo y con el disciplinamiento”, señaló Víctor Hortel en una entrevista exclusiva con IB24. Asimismo, expresó que “la Resolución de Patricia Bullrich avanza sobre las facultades propias del Poder Legislativo, con lo cual es absolutamente inconstitucional”.

Por Claudio Siniscalco

“Me hace acordar a esas famosas leyes de fuga de la dictadura militar, donde se generaba una escena similar a un enfrentamiento y los compañeros eran fusilados sin que hubiera ninguna posibilidad de defensa”, afirmó ante la consulta de IB24 sobre la flamante Resolución del Ministerio de Seguridad. Abogado, profesor en la UNLP, ex funcionario del Poder Judicial, ex Defensor General de CABA y ex Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Hortel analizó la nueva normativa, “que no tiene la capacidad jurídica para modificar ninguna ley”.

IB24: ¿Cómo se ubica la resolución del Ministerio de Seguridad en el marco jurídico, en relación al Código Penal y a otras disposiciones que regulan el uso de la fuerza pública?

Víctor Hortel: En primer lugar hay que decir que esto es una Resolución del Ministerio de Seguridad, la 956/2018, con lo cual si es una resolución de un ministro no tiene la capacidad jurídica para modificar ninguna ley, no modifica ni el Código Penal (CP) ni las disposiciones sobre derechos humanos. El artículo 34, inciso 6 del CP, que legisla sobre la legítima defensa, que es la legislación de fondo, se mantiene absolutamente vigente. Podemos decir que la resolución de Patricia Bullrich avanza sobre las facultades propias del Poder Legislativo, con lo cual es absolutamente inconstitucional o directamente no tiene validez, en tanto y en cuanto no puede una resolución modificar una ley dictada por el Congreso. Luego, además del CP y las cuestiones que tienen que ver con los principios de derechos humanos, hay que tener en cuenta que forman parte de la normativa vigente los principios básicos sobre empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y esto es de Naciones Unidas. Esos principios, al igual que la normativa vigente, señalan que tanto el uso de la fuerza como el de armas de fuego se tienen que dar en el marco de la legalidad y con observancia de los principios de proporcionalidad y racionalidad, que son borrados de cuajo por esta resolución. Insisto, esta resolución no puede modificar en absoluto la normativa legal de fondo, esto es el CP, los principios de derechos humanos y los establecidos en el marco de Naciones Unidas.

IB24: ¿La aplicación de esta nueva normativa queda librada a la interpretación de cada policía, o hay algún criterio objetivo?

Víctor Hortel: No se observa que haya algún criterio objetivo en lo que está escrito en la resolución. Incluso, en el artículo 2 dice que el agente policial hará uso de las armas de fuego. Es decir, ni siquiera utiliza la palabra podrá. En este sentido, pareciera ser que el uso del arma de fuego sería obligatorio para el personal policial, por lo menos es lo que se desprende del texto, de las palabras utilizadas. Insisto, la resolución dice que el agente policial hará uso de las armas de fuego. No dice podrá o podría. La palabra hará hace que todo esto resulte obligatorio. ¿Y quién va a establecer el criterio?: el propio agente policial, en el mismo lugar y en el momento en que las cosas sucedan. Ahora, lo grave de todo esto no es solamente el criterio que eventualmente pueda tener el policía, sino la experiencia y la práctica policial en torno al armado de causas, en torno a generar condiciones donde se justifique el uso del arma. Me hace acordar a esas famosas leyes de fuga de la dictadura militar, donde se generaba una escena similar a un enfrentamiento y los compañeros eran fusilados sin que hubiera ninguna posibilidad de defensa. Es decir, el criterio parece ser el del policía actuante en ese momento y en ese lugar, pero con la gravedad de que la resolución incluye la expresión hará uso de la fuerza. Es darle una patente de corso a todos los funcionarios policiales.

IB24: ¿La idea es disciplinar, meter miedo?

Víctor Hortel: Otro aspecto de esta resolución parece apuntar a otras cuestiones. Coloca el discurso del gobierno en sintonía con el discurso regional o el efecto Bolsonaro, en términos de decirle a sus votantes lo que sus votantes quieren escuchar, que es que hay que matar al ladrón. Esto es como una amenaza hacia todos aquellos que de alguna manera puedan ser sorprendidos en una acción ilegal o que eventualmente la policía haya determinado que esa persona tiene que ser encontrada en una acción ilegal. Con lo cual, esta sensación de que la policía puede armar causas y puede eventualmente matar, en términos de lo que dice esta resolución, es una cuestión que se vincula con el miedo y con el disciplinamiento. Ahora todos vamos a estar bajo esta amenaza de la arbitrariedad policial en la determinación de cuándo y cómo utiliza su arma en función de esta resolución.

La resolución del @MinSeg sobre el uso de la fuerza letal eleva las amenazas a la vida y la integridad y es un avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, ya que limita su capacidad de controlar el accionar policial.https://t.co/l334zod1yR

— CELS (@CELS_Argentina) December 3, 2018

IB24: ¿Hay peligro de que la aplicación de esta  nueva norma se extienda a la represión de la protesta social?

Víctor Hortel: Ante esta pregunta me vienen a la memoria las discusiones en relación a las modificaciones de los códigos de convivencia. En esas modificaciones que hacen los municipios de los códigos de convivencia se avanza sobre la criminalización tanto de la pobreza como de la protesta social. Esto es, los códigos de convivencia de alguna manera tratan de criminalizar las formas de supervivencia de las personas que resultan ser excluidas por el sistema y luego buscan criminalizar la protesta de aquellos que, en una forma de activismo social, levantan su voz de protesta frente a las políticas neoliberales. Con lo cual, el primer paso, modificación de los códigos de convivencia, para criminalizar la protesta y la pobreza. Segundo, una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación en relación a la autorización a las fuerzas federales para hacer uso de las armas de fuego en este tipo de situaciones. Con lo cual es grande el temor en términos de que esto, que aparece como una medida de protección de la ciudadanía y de combate hacia el delito, se pueda de alguna manera extender a cualquier otro ámbito de la vida social del país. Es tremendo que esto pueda ocurrir, pero bueno, como está escrito y como es la práctica de este gobierno, hay que pensar seriamente que esto pueda suceder.

Resolución 956 by Claudio Siniscalco on Scribd