El acuerdo silencioso entre Argentina y Estados Unidos que redefine nuestra soberanía digital
Breve pero contundente. Un corto tramo del reciente entendimiento entre Argentina y Estados unidos en materia de comercio digital cuenta con la capacidad de condicionar por décadas la forma en que un país protege datos, valida identidades y ejerce su soberanía digital. El párrafo en cuestión es vital por lo que el país podría resignar.
El acuerdo incluye una frase que no pasó desapercibida para especialistas en identidad digital e infraestructura pública como Luis Papagni. Ingeniero en Sistemas de Información (UTN) y Miembro del Consejo Asesor del Laboratorio de Innovación y Tecnología Aplicada al Trabajo (LITAT), advirtió sobre el asunto en cuestión.
El escrito indica que Argentina reconoce a Estados Unidos como “jurisdicción adecuada” para la transferencia de datos personales, se compromete a no aplicar regulaciones diferenciadas a servicios digitales estadounidenses y, además, tiene la intención de reconocer como válidas las firmas electrónicas emitidas bajo estándares de EE.UU.
¿QUÉ SIGNIFICA “RECONOCER A ESTADOS UNIDOS COMO “JURISDICCIÓN ADECUADA”?
Esta situación implica que datos médicos, financieros, laborales, biométricos, comerciales o educativos de argentinos pueden ser tratados bajo leyes extranjeras, con estándares que no son los nuestros y sin capacidad de supervisión real. Si un dato sensible argentino terminara en un servidor estadounidense, quien realmente tendría control no sería la Agencia de Acceso a la Información Pública, sino las cortes y las agencias federales norteamericanas.
“Y si mañana un ciudadano argentino quiere litigar por mal uso de su información, o por la validez de la identidad de los firmantes de un contrato digital, debería hacerlo bajo jurisdicción norteamericana. En un acto simple: un clic hoy, un problema difícil de afrontar mañana”, indicó Papagni.
Según el especialista, es preciso recordad que, en la era digital, la verdadera frontera está en quién controla los datos que te definen. Y este acuerdo altera justamente esa frontera intangible.
LA FIRMA DIGITAL ARGENTINA, EN PELIGRO DE QUEDAR OBSOLETA POR DECRETO
Argentina logró, con el correr de los años, construir una de las infraestructuras de firma digital más seguras de la región. Desde Autoridad Certificante Raíz estatal, pasando por certificadores licenciados (públicos y privados) bajo auditoría permanente, presunción legal de autoría e integridad y hasta trazabilidad para todos los actos administrativos.
Ese ecosistema permitió garantizar seguridad jurídica en trámites, compras públicas, procesos judiciales, contratos privados, recetas médicas y expedientes estatales. La transformación pública digital argentina se consolidó como política de Estado. No es menor que desde hace más de ocho años, cada acto administrativo nacional se firma digitalmente.
Estados Unidos, en cambio, no distingue entre firma electrónica simple y firma digital. Un clic, un gesto, un “I accept”, una firma escaneada o una firma criptográfica compleja valen prácticamente lo mismo jurídicamente.
“Por esto este entendimiento abre una puerta riesgosa, y aun incierta: Aceptar automáticamente firmas electrónicas emitidas en EE.UU. como válidas en el derecho argentino. Y sin la reciprocidad legal.
Eso significa tres cosas, muy claras:
- Que una plataforma privada extranjera podría emitir certificados digitales “válidos” en Argentina sin pasar por la supervisión del Estado argentino.
- Que documentos firmados con estándares laxos podrían gozar aquí de presunción legal.
- Que nuestra infraestructura de firma digital podría volverse irrelevante frente a proveedores extranjeros con más escala, más marketing y menos regulación.
En términos simples, corremos el riesgo de reemplazar un sistema estatal que ha venido robusteciéndose por más de 20 años, por un mercado externo desregulado”, explicó Papagni.
El acuerdo Argentina-EEUU propone un problema para la arquitectura local de certificación digital. Si proveedores estadounidenses cuentan con la capacidad de operar sin pasar por la Autoridad Certificante Raíz, se genera una asimetría regulatoria: nuestras AC siguen bajo auditoría estatal y estándares estrictos, mientras que las estadounidenses —amparadas en la neutralidad tecnológica de su país— podrían ofrecer servicios con costos menores y menor control. A esta situación se le añade el hecho de que Argentina opera con una infraestructura jerárquica única y centralizada, mientras que Estados Unidos funciona con múltiples raíces privadas sin control unificado. “No estamos ante un problema de interoperabilidad técnica, sino ante dos filosofías regulatorias opuestas, una basada en seguridad jurídica y otra en mercado”.
LO QUE ARGENTINA ACEPTA, NO ES LO QUE RECIBE
“Ni Estados Unidos va a reconocer automáticamente la firma digital argentina como ‘firma cualificada’, ni va a adaptar su legislación para armonizar con la nuestra. Esto no sería un acuerdo de reciprocidad técnica, sino un alineamiento jurídico unilateral. Una estrategia muy distintita a la trabajada desde el 2019 con los países de la región.
La Unión Europea, por ejemplo, jamás permitiría algo así, dada su regulación actual. Su modelo eIDAS exige equivalencia técnica y jurídica antes de reconocer firmas o flujos de datos. Brasil tampoco lo acepta: su ICP-Brasil es tan estricta como la nuestra. Chile y el Mercosur tienen acuerdos bilaterales basados en estándares compatibles, no en renuncias. Aquí, en cambio, Argentina reconoce todo; EE.UU. no adapta nada.
Entonces, como estamos observado, a partir de lo que ha trascendido, es que aquí la discusión de fondo no es técnica. Es de poder. Cuando un país cede el control sobre sus datos, sus identidades digitales, sus certificados electrónicos y quizás sobre sus algoritmos, no solo flexibiliza un marco regulatorio, sino que termina de ceder una parte de su soberanía; en este caso, la soberanía digital, posiblemente una de las cercanas y próximas batallas a nivel global”, señaló el especialista.
Las actuales reglas mundiales advierten, con una claridad contundente, que la soberanía digital es la soberanía del siglo XXI. Entonces, puede decirse a ciencia cierta que la identidad digital es el nuevo pasaporte de los años que corren.
Si Argentina no puede auditar algoritmos, no puede controlar el flujo transfronterizo de datos, no puede exigir estándares locales a plataformas globales y no puede preservar la firmeza jurídica de su firma digital, entonces terminar dependiendo tecnológicamente de decisiones tomadas afuera.
Al respecto, Papagni hace dos preguntas: “¿Estamos negociando nuestra inserción en la economía digital, o estamos entregando, en silencio, el control de nuestra identidad digital, nuestras firmas y nuestros datos a jurisdicciones y empresas que no responden a la sociedad argentina? ¿Estamos apostando a la cooperación tecnológica o estamos resignando, sin debate público, los pilares que sostienen la confianza digital en el Estado argentino?”
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Con información parcial de Informáticos.
