Piden penas de 2 a 16 años para los imputados en la represión del 2001
La fiscalía pidió penas que van entre los 2 y 16 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para los 17 imputados por la represión ejercida contra manifestantes el 19 y 20 de diciembre del 2001 en la Ciudad de Buenos Aires, que causó la muerte a cinco personas y heridas a más de cien.
En esos pedidos de condenas planteados ante Tribunal Oral Federal 6, se incluyó al ex secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, y al entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos; al ex superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreozzi; y al ex director general de Operaciones de la Federal, Norberto Gaudiero.
Para Mathov y Santos, los representantes del Ministerio Público Fiscal pidieron una condena de 5 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años; en tanto para Andreozzi solicitaron tres años y ocho meses de prisión; y para Gaudiero, 3 años y seis meses de prisión, ambos también con inhabilitación pero por 7 años.
A cada uno de ellos, la Fiscalía los consideró “autor penalmente responsable de homicidio culposo en cinco ocasiones; de lesiones culposas en perjuicio de 48 personas, y de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De esta forma dio por probada la responsabilidad de estos altos funcionarios en los trágicos sucesos ocurridas en aquellas jornadas del 2001, en las que fue desplegado un violento e inusitado operativo de seguridad contra quienes manifestaban contra el gobierno de Fernando de la Rúa.
Mathov es el único responsable político imputado en esta causa, ya que el ex presidente De la Rúa quedó sobreseído y el entonces ministro del Interior –de quien dependía la Secretaría de Seguridad-, Ramón Bautista Mestre, falleció en marzo del 2003.
Sobre quienes recayeron los más importantes pedidos de condenas de la fiscalía –con penas que van entre los 16 y los 12 años de prisión- fueron los nueve policías que actuaron en la Avenida 9 de julio, comandados por Orlando Juan Oliverio, para quien solicitaron la pena de 16 años de prisión.
En los casos de Mathov, Santos, Andreozzi y Gaudiero, la fiscalía consideró a cada uno de ellos como “autor penalmente responsable de homicidio culposo en cinco ocasiones; lesiones culposas a 48 personas; y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
A los nueve policías que actuaron en la zona del Obelisco los consideró coautores o partícipes secundarios –según el caso- de los delitos de homicidio simple en perjuicio de Alberto Márquez, y en grado de tentativa en perjuicio de Paula Simonetti y Martín Galli, agravado por el uso de armas de fuego.
Se trata, además de Oliverio, de Ariel Firpo Castro, Mario Andrés Seia , Carlos José López, Roberto Emilio Juárez, Eugenio Figueroa, Norberto Pablo Sabbino, Sebastián Leonardo Saporitti y Horacio Bautista Berardi.
Para Oliverio, la fiscalía solicitó una condena de 16 años de prisión; mientras que, para Castro, López y Juárez pidió 14 años de prisión; para Seia y Oliverio 16 años de prisión; y para Sabbino, Saporitti y Berardi, penas de 5 años y cuatro meses de prisión, todos ellos con inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Por otro lado, al ex principal Víctor Manuel Belloni la fiscalía lo consideró “autor penalmente responsable de homicidio simple en grado de tentativa por empleo de arma de fuego” y pidió al Tribunal que le imponga una pena de 10 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
En tanto, al ex subcomisario Omar Bellante lo consideró “autor penalmente responsable de encubrimiento agravado del homicido de Gustavo Benedetto” –ocurrido el 20 en Chacabuco y Avenida de Mayo, frente la sede del banco HSBC- y requirió que se lo condene a 3 años de prisióner cargos públicos por 6 años.
Los pedidos de condenas planteados en la audiencia por la Fiscalía se completaron con los solicitados para Jorge Daniel Toma –para quien pidió 2 años y seis meses de prisión- y Alberto Loforte –para quien solicitó 2 años de prisión- por encontrarlos “autores individuales del delito de vejaciones” por la golpiza a manifestantes.
Para estos dos imputados, la fiscalía planteó que su cumplimiento podría dejarse en suspenso y ser complementada con algún tipo de tarea comunitaria.
Así lo planteó el equipo fiscal que interviene en este proceso –coordinado por el fiscal Mauricio Viera- al concluir su alegato, que se extendió a lo largo de seis audiencias.
En el marco de este juicio oral y público, se investigan los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Diego Lamagna; la tentativa de homicidio de Martín Galli y Paula Simonetti; y las lesiones causadas, en distinto grado, en perjuicio de 117 personas
