Aguad. un pícaro sinvergüenza
Un fenómeno extendido en nuestras Pampas es el del político que basa su permanencia en roscas y entramados oscuros; mismo que debe su popularidad en su turbio know how de como permanecer en el candelero, sino a fuerza de convocatoria, si de manija, contactos y prensa.-
Un ejemplo claro de este espécimen es el recién designado Ministro de Comunicacioes del niño Mauricio. Hablamos del cordobes Oscar Aguad.
Quien es este muchacho?.-
Padre de cinco hijas mujeres, rugbier de vocación y abogado de profesión, Aguad llegó a la función pública de la provincia mediterránea a la edad de Cristo, en 1983. Pero comenzó a ocupar cargos de gran relevancia recién una década más tarde, cuando era gobernador el fallecido Ramón Mestre.
Bajo su mandato primero fue secretario de Gobierno Municipal de la Docta y más tarde se convirtió en ministro de Asuntos Institucionales y Desarrollo Social provincial, entre 1995 y 1999.
Al frente de ese cargo hizo honor al apodo con que aún lo llaman sus coterráneos: “El Milico”. Todavía circula por Internet la foto que lo muestra en el acto oficial del Día de la Bandera de 1997 en la que se lo ve junto a su mentor,
Mestre, su actual mano derecha Luis Romero Molinari, la jueza federal Cristina Garzón de Lazcano, y detrás de uno de los más temibles comandantes de la última dictadura militar: Luciano Benjamín Menéndez, quien fuera titular del Tercer Cuerpo del Ejército y responsable de crímenes de lesa humanidad por los que fue condenado, en dos causas judiciales, a prisión perpetua.
En uno de esos procesos, también fueron declarados culpables dos ex policías pertenecientes al Departamento de Informaciones Policiales –más conocido como D2–, una estructura a la que Aguad no soló protegió en su gestión sino sobre la que se recostó: sostuvo al comisario mayor de la División Inteligencia Criminal de la policía Carlos Yacinelli, acusado de haber integrado el Grupo de Tareas de la D durante la última dictadura.
Yacinelli fue una pieza importante durante la gestión Mestre-Aguad que decidió reprimir las protestas surgidas ante una serie de impopulares medidas de ajuste que ejecutó la gobernación: recorte de un 30 por ciento a los salarios de los empleados estatales, eliminación del 82 por ciento móvil correspondiente a los jubilados, cierre de escuelas y hospitales públicos y una polémica reforma educativa que movilizó a 60.000 cordobeses en las calles. “Con la política educativa, Mestre y Aguad hicieron posible lo que nadie hasta ahora había logrado en Córdoba: que el Partido Comunista y la Iglesia participen juntos de una misma marcha”, se ríe sin alegría una dirigente universitaria cordobesa. Por aquellos días, Aguad se convirtió en el enemigo número uno de militantes sociales y sindicales, a quienes criminalizaba denunciándolos penalmente.
A poco de asumir, en diciembre de 1999, la Alianza decidió intervenir la provincia de Corrientes, sumida en un caos social y económico que incluyó la muerte de dos militantes a manos de la Gendarmería. Para esa tarea designó a Ramón Mestre como interventor, quien a su vez ungió a su delfín Aguad como comisionado interventor al frente de la capital provincial. En el momento en que Mestre fue nominado ministro de Interior del gabinete delarruista, en marzo de 2001, El Milico pasó a ocupar el principal sillón de la intervención.
Por su actuación en Corrientes, el ingeniero civil Rodolfo Amilcar Paladini, autodenominado como “un ciudadano romano”, lo denunció penalmente. Lo acusó de haber cometido “administración infiel” de un crédito solicitado al Banco Nación por 60 millones de pesos/dólares que –según el querellante– jamás rindió. “Lo cambiaron por famosas cuasimonedas, que acá se llamaba. CeCaCor. De los 60 millones, solo pudieron justificar 15 en pagos de deudas, el resto se esfumó”, asegura Paladini, y agrega: “Fue un latrocinio total, se acordó un interés del 16 por ciento, una locura para un crédito en dólares”.
Aguad fue procesado por supuesta administración fraudulenta, pero luego, ante planteos de sus defensores, que argumentaron que el trámite procesal llevaba más de una década sin que resolviera la situación del legislador, la Cámara en lo Criminal de Corrientes la declaró prescripta.
La causa fue y vino de los juzgados provinciales a los porteños según los vaivenes políticos, hasta que la Corte Suprema determinó que el expediente se tramitara en Corrientes. “En 2007 Aguad había sido sobreseído por prescripción de la causa, pero a mí nunca me notificaron, tampoco a la Municipalidad, que también es querellante. Entonces presenté un recurso de nulidad en noviembre pasado, cuando me enteré”, explica Paladini. Esta semana, la prensa correntina publicó que la Cámara del Crimen confirmó el procesamiento de Aguad en un expediente que ya está por cumplir una década y aún no esclareció el caso
La causa fue y vino de los juzgados provinciales a los porteños según los vaivenes políticos, hasta que la Corte Suprema determinó que el expediente se tramitara en Corrientes
Una abogada que desempeña tareas en el juzgado de instrucción Nº5 aseguró que el ex interventor Oscar Raúl Aguad, habrìa pagado dinero a una jueza para lograr su sobreseimiento en la causa de los 60 millones
La abogada Mirta Liliana Gómez, que desempeña tareas en el juzgado de instrucción Nº5, afirmó en su escrito, que en la “causa Aguad” estuvo presente cuando se lo llamó telefónicamente al actual diputado radical, para que se haga presente con un maletín de dinero “por supuesto a cambio de sobreseerlo antes del tiempo que establecía el código”.
En su descargo Gómez sostiene que Aguad habría llegado en compañía de dos hombres y el negocio se llevó a cabo en el despacho del empleado Raúl Suárez con la presencia de la magistrada. Allí se repartieron el dinero que “por cierto era demasiado, luego se fueron, todo duró aproximadamente una hora”, aseveró la abogada en su acusación que desde días atrás esta en manos del Consejo de la Magistratura, institución con algunos oscuros “nubarrones” luego de tener profundas diferencias con el Senado en la selección de jueces y fiscales. Los chispazos aparecieron ante la falta de remisión de algunos antecedentes de los nominados (test psicológicos) para que sean evaluados por el alto cuerpo legislativo.
La Corte, en contra de lo dictaminado por el Procurador Fiscal Eduardo Casal, dejó sin efecto el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Corrientes y mandó dictar una nueva sentencia acorde con su decisión a favor de la prescripción de la acción penal.
El fallo fue firmado el 6 de mayo por los jueces Ricardo Lorenzetti, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni. Aguad estaba procesado por el presunto delito de defraudación al municipio de la capital correntina por una cifra estimada en 60 millones de dólares, cometido en su paso como interventor federal en la comuna.
El actual funcionario nacional repasó que al asumir la Intendencia en 2009, encontró «una administración devastada, producto de un endeudamiento ilegal de 60 millones de dólares, contraído por el entonces interventor Oscar Aguad».
Los magistrados consideraron que se había excedido el «plazo razonable» para llegar a una sentencia definitiva y cerraron la investigación, pese a que el procurador general adjunto de la Nación Eduardo Casal había dictaminado en mayo de 2013 en contra de la extinción de la causa por prescripción, tal como lo había dispuesto el Superior Tribunal de Corrientes.
Carlos `Camau` Espínola, quien estuvo cuatro años al frente de la municipalidad de la capital correntina, recordó que «a todos los correntinos nos sigue causando mucha amargura y fastidio que Oscar Aguad hable de moral y legalidad, cuando su intervención en el Municipio de Corrientes ha sido la peor administración de la historia».
«El monto de dicha deuda fue canjeada ilegalmente por bonos provinciales que cotizaban al 50% y dejó al municipio en el más absoluto desamparo económico».
Este crédito le generó a la Municipalidad de Corrientes una deuda que, con devaluación mediante, en 2011 ya se había transformado en 300 millones de pesos con el Banco Nación.
Respecto del proceso judicial y procesamiento penal de Oscar Aguad, agregó: «Cuando asumimos el municipio de Corrientes nos encontramos con una causa penal avanzada pero demorada, producto de los obstáculos judiciales puestos por la defensa de Aguad; la responsabilidad del ejecutivo municipal nos llevó a realizar todas las presentaciones hasta agotar todas las instancias, sabiendo de la desventajas de una causa penal que ya venía siendo muy demorada».
En referencia al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo: «Respeto las decisiones judiciales, pero no comparto que se archive una causa penal por malversación de caudales públicos sólo por la demora judicial del proceso. Creo que Aguad debiera mostrar entereza y responsabilidad como funcionario público y someterse a la investigación judicial».
«Que la Corte Suprema ponga fin a la causa penal por demoras en el proceso judicial no demuestra la inocencia de Aguad, todo lo contrario, ratifica su constante intención de escaparse de un procesamiento penal por la vía de un tecnicismo; lamentable para las instituciones públicas a las que representa», completó.
«Resulta lamentable que la deuda quede clavada sobre la gente y quien la generó hable de moralidad y decencia», expresó el intendente correntino Fabián Ríos (FPV) jefe comunal en declaraciones a Radio Dos. «Algunos hablan de moralidad y decencia y nos dejaron una deuda que seguimos pagando los correntinos», manifestó.
Ríos aseguró que «fue un endeudamiento absolutamente irregular y los culpables no aparecen», en tanto destacó que «los correntinos seguimos pagando consecuencias» ya que «esa deuda se reprogramó, se buscaron alternativas y siempre está inscripta en los marcos de programas de desendeudamiento».
Por su parte, el senador nacional por el radicalismo Eugenio «Nito» Artaza, expresó su «desacuerdo» con el fallo de la Justicia. «No estoy de acuerdo con que se haya desactivado la causa», afirmó el legislador a la vez que agregó que «lucharemos contra la corrupción, aunque se trate de alguien que pertenezca a nuestro propio partido».
Del 2005 a la fecha, Aguad se ha desempeñado como diputado nacional por Córdoba. En el 2010, siendo vicepresidente primero de la Cámara, presentó un proyecto de Ley Antiterrorista junto a los máximos dirigentes de la oposición a Cristina Fernández. Pretendían en el mismo considerar que los cortes de ruta fueran calificados como “actos terroristas”, algo que iba más allá de la Ley Antiterrorista aprobada en el 2007 por el kirchnerismo.
En numerosas oportunidades Aguad se ha mostrado como cultor de la mano dura más férrea. Este año, durante su campaña provincial, dijo que “Córdoba está sitiada por la delincuencia” y justificó el linchamiento de un joven en la Capital porque “la ausencia del Estado convirtió a las víctimas en asesinos”. Reclamó (al igual que los otros candidatos) mayor presencia policial en las calles, cuando la Policía de Córdoba es famosa a nivel nacional por su brutalidad hacia la juventud de los barrios pobres, amparados en el Código de Faltas. También son conocidos sus vínculos con el crimen organizado, sobre todo el narcotráfico, lo cual se expresa en un cambio de la cúpula cada vez que sale a la luz algún escándalo.
De economía, ni hablar
Una de las últimas declaraciones de Aguad a la prensa fue el lunes de esta semana, luego del triunfo de Macri. En un medio local, afirmó que “el centro de la Argentina es el que produce, el norte y el sur viven del populismo clientelar”, y agregó que “la Argentina perdió casi todas las inversiones privadas, para industrializarla necesita una inversión privada del orden del 25% del PBI”.
En resumen, un protector de represores, un defensor de la Policía y de la mano dura, un representante fiel del neoliberalismo más feroz.
