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Fiscal intimó al gobierno de Macri por irregularidades de la pauta publicitaria

El fiscal Federico Delgado solicitó informes «a los efectos de impulsar la acción penal» por «presuntas irregularidades en la contratación de los proveedores publicitarios, la distribución de la pauta y la publicación de la información oficial al respecto en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires». El escándalo de la pauta publicitaria PRO involucra a casi 40 radios de diferentes distritos por una suma estimada en 9 millones de pesos.

 

El Fiscal Federico Delgado señaló que un denunciante «acusó a Pablo Facundo Gaytan, titular de la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a Miguel Ángel Godoy, a cargo de la Secretaría de Medios del gobierno porteño» por comportamientos que podrían conformar «los delitos de peculado, falsificación de documentos privados y/o lavado de dinero». Asimismo, ekl fiscal solicitó al juez Marcelo Martínez de Giorgi que «se intime al área correspondiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que realice un informe pormenorizado sobre el destino dado a los fondos consignados como pauta publicitaria a todas las emisoras mencionadas, las irregularidades detectadas en la contratación de los proveedores publicitarios, y la publicación de la información oficial al respecto en el sitio web del GCBA».

Se denunció que en el sitio oficial data.buenosaires.gob.ar consignó que la radio había recibido «ingresos por publicidad oficial por la suma de $618.638,80 durante los años 2013/2014, cuando, en rigor de verdad, obtuvo solamente $35.580,15» facturados a las sociedades Publiespacios S.A. y SDV Media S.R.L.

En el dictamen de seis carillas, Delgado menciona que «la causa se inició el 9 de septiembre del corriente año en virtud de la denuncia formulada ante la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad por Julia Merediz, en representación de la ‘Cooperativa de Trabajo La Usina de Ideas Ltda'». Gestionada por la Radio Ahijuna FM 94.7, emisora comunitaria que transmite desde una biblioteca pública de Bernal, en el partido bonaerense de Quilmes. Merediz denunció que en el sitio oficial data.buenosaires.gob.ar consignó que la radio había recibido «ingresos por publicidad oficial por la suma de $618.638,80 durante los años 2013/2014, cuando, en rigor de verdad, obtuvo solamente $35.580,15» facturados a las sociedades Publiespacios S.A. y SDV Media S.R.L.

«En las maniobras denunciadas se encontrarían involucradas empresas y sociedades que actuarían como intermediarias» entre el Gobierno de la Ciudad y los medios de comunicación, «los llamados ‘bolseros'», sugiere Delgado.

«En concreto, lo que se denuncia es que detrás de la publicación de datos falsos relativos a la distribución de la pauta publicitaria» en el sitio web porteño «se esconden maniobras destinadas a desviar fondos millonarios» oficiales, señala la representante de la Cooperativa.

El fiscal sugiere que «en las maniobras denunciadas se encontrarían involucradas empresas y sociedades que actuarían como intermediarias» entre el Gobierno de la Ciudad y los medios de comunicación, «los llamados ‘bolseros'».

Delgado también menciona otros tres casos similares: FM Energía de Río Cuarto, Córdoba, a la que se adjudican $524.139 cuando cobró $1.000 mensuales; Radio Ciudad FM 100.3 de Coronel Moldes, Córdoba ($518.555 cuando facturó $550 mensuales) y Canal 4 de Posadas, Misiones, ($4.654.711 entre enero 2011/junio 2014, cuando no emitió facturación); además, añade un listado de otras 33 emisoras que podrían estar involucradas en la misma maniobra.

Es por esto que el fiscal solicitó a la Inspección General de Justicia que «remita las actas constitutivas» y «toda otra documentación que posea» sobre las firmas intermediarias Media Cruz, Publiespacios SA, SDV Media SRL y DCLAS SRL, las cuales forman parte de una compleja trama en donde socios y directores comparten direcciones comerciales, según la información pública que aparece en internet. Además, el fiscal instó al juez a que se realicen «averiguaciones respecto de María Luz Altobelli, Juan Pablo Catanzaro, Juan Cruz Fassi, Brenda Matarazzo, Stella Maris Citria, y Sebastián de Vertiz tendientes a determinar a qué se dedican realmente y cuál es su vinculación con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y con la distribución de pauta publicitaria». Todos los mencionados fueron identificados por los testimonios de los denunciantes y aparecen como socios y accionistas de las empresas en cuestión.

«Lo esencial será develar el destino de esos fondos millonarios», señaló el fiscal Delgado.

En esa línea, Delgado concluye que «corresponde que se emprenda una profunda investigación para determinar qué ocurrió con los fondos públicos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que fueron falsamente consignados como pauta publicitaria, cuando en realidad fueron llamativa y burdamente desviados. Lo esencial será develar el destino de esos fondos millonarios».

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