La operación «nunca será válida hasta que no tenga autorización» por parte de la AFTIC
El anuncio sobre la compra de 49% de Nextel por parte del grupo Clarín, por 165 millones de dólares, “es muy extraño y contrario a la ley”, sostuvo la abogada y coautora de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, Graciana Peñafort, quién además sostuvo que la operación es «nula».
La letrada, también directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, consideró que la comunicación “fue sorpresiva, porque el actual marco regulatorio exige que cualquier modificación de las tenencias accionarias de una licenciataria de telecomunicaciones como Nextel sea aprobada previamente por la Aftic, cosa que no ha ocurrido”.
En declaraciones a Télam, Peñafort afirmó que la operación «nunca será válida hasta que no tenga autorización» por parte de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), presidida por Norberto Berner.
Más temprano, la abogada había expresado a radio Del Plata que “el grupo Clarín notificó a la Comisión Nacional de Valores que la compra la hizo otro licenciatario de comunicaciones, que es Cablevisión, con lo cual serían dos empresas licenciatarias las que le informan al Estado que no han cumplido una ley”.
Clarín hoy tiene la mitad de Nextel más una opción de compra para quedarse con la mayoría, lo cual implica el uso de frecuencia para hacer comunicaciones móviles.
“Imagino que la información tiene que ver con el cumplimiento de instancias de países como Estados Unidos, pero no es conforme a las leyes argentinas”, insistió.
La funcionaria explicó que “Clarín hoy tiene la mitad de Nextel más una opción de compra para quedarse con la mayoría, lo cual implica el uso de frecuencia para hacer comunicaciones móviles”.
A eso, añadió, se agregan las redes físicas de Cablevisión, el tendido de fibra óptica más importante del país en términos privados; más la sociedad con Fintech, que compró todo el paquete accionario de Telecom Argentina, con lo cual maneja los tendidos de redes físicas y los de redes móviles de Personal (marca del servicio de telefonía celular).
“Lo problemático acá es el tema de concentración de redes que se da, lo cual habilitaría la intervención de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia”, evaluó Peñafort.
“Esta compra -concluyó- debería pasar al menos por tres organismos que regulan aspectos distintos: por un lado la Aftic, desde la perspectiva de telecomunicaciones; Defensa de la Competencia; y el Afsca, que tiene que controlar lo relativo a los servicios de comunicación audiovisual”.