Complejo Soldati: allanan oficinas del Instituto de la Vivienda porteño
Tras la muerte de Cristian en Soldati, la jueza Patricia López Vergara intimó al gobierno porteño a que explicara por qué incumplió dos sentencias judiciales que datan de 2011 y 2014.
En el marco de esta causa, la magistrada estuvo esta tarde en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Se llevó informes y expedientes vinculados al Complejo habitacional de la zona sur de la Ciudad. “Vamos a comparar los informes periciales de 2011 y 2014” dijo a Infojus Noticias la titular del Juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario.
Antes de llevarse estos documentos, la jueza había pedido a la gestión de Mauricio Macri que se informe al Tribunal el grado de ejecución de las obras ordenadas por manda judicial. En el Juzgado de López Vergara radica desde 2009 una denuncia, encabezada por los vecinos, por la situación edilicia. Esa causa tuvo una resolución de primera instancia y una ratificación en la Cámara de Apelación. En esos dos fallos la Justicia condenó al Ejecutivo y al IVC e instó a que se hicieran las obras necesarias.
En los últimos años hubo múltiples alertas sobre el estado de situación del complejo habitacional más grande del sur porteño. Escaleras sin escalones, balcones con barandas deterioradas, mampostería en el piso, departamentos en los que de las canillas no sale agua caliente, edificios sin luz ni gas: todo se esconde bajo la pintura de colores pasteles con la que fueron pintadas las viejas estructuras del edificio. El viernes pasado, Cristian, Nihuel y Gastón jugaban en el descanso del sexto piso del nodo 8, la baranda oxidada cedió y cayeron al asfalto del patio interno. Cristian murió a las dos horas y sus dos amigos se encuentran internados en estado grave.
Son doce nodos con edificios de diferentes alturas que albergan alrededor de 100.000 habitantes en 3.200 departamentos, construidos en la década del ´70.
Lo ordenó la jueza Patricia López Vergara, en el marco de un amparo presentado por vecinas del complejo, en 2011, porque el Gobierno porteño no cumplía con la ley 623, que había declarado la emergencia edilicia del edificio, donde el viernes pasado murió un chico al caer de un sexto piso por el desprendimiento de una baranda.
En 2001 la ley 623, votada por la legislatura porteña, declaró la emergencia edilicia y ambiental del complejo habitacional Soldati. El artículo 9 dispuso que el Poder Ejecutivo debía adoptar las medidas necesarias para la solución de las fallas estructurales, vicios de construcción, mejoras de infraestructura y saneamiento ambiental. Ante el incumplimiento, María Eugenia Andicoechea y Mirta Susana Corpache promovieron una acción de amparo en 2009 contra el gobierno porteño y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. La causa detalla el estado del Edificio 14 (ex 8 a), nudo 10 –donde murió Cristian -y Edificio 18 (ex 13) nudo 10.
El amparo de Andicoechea tramitó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 6, en ese momento el juez Hugo Zuleta estaba subrogando. La Asesoría de Menores nº 1 a cargo de Gustavo Daniel Moreno acompañó la acción judicial en representación del colectivo de los niños que vivían y circulaban por el edificio. El 27 de diciembre de 2011, en primera instancia, el Juzgado ordenó a la gestión de Mauricio Macri a efectuar la totalidad de las obras en cumplimiento de la ley 623. El gobierno porteño apeló a la sentencia y el año pasado la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó la sentencia de primera instancia condenando al Ejecutivo y al IVC. Moreno volvió a acompañar a las vecinas querellantes y puntualizó sobre peligro de la vida y la salud de los habitantes del lugar. El gobierno no apeló y el fallo quedó firme.
La presentación, a la que tuvo acceso Infojus Noticias, responsabiliza penalmente al titular Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), Emilio Basavilbaso y a directores del organismo con funciones ejecutivas (Iván Kerr, Roberto Alejandro Fernández, Martín Gonzalo Garcilazo), como también a los funcionarios con competencia específica en el ámbito del Instituto, tal como el gerente general Gonzalo Estivariz Barilati, la coordinadora general de Obras y Servicios Claudia Penna, y el gerente técnico Oscar Castro. Además, pone el foco en la Jefatura de Gobierno porteña. “Entiendo que la posibilidad efectiva y cierta de que ocurriera la muerte de un adolescente y las lesiones gravísimas a otros dos menores de edad, era absolutamente previsible para el Poder Ejecutivo local” expresa.
