Las rutas del dinero Pro
El presidente de la Comuna 14 fue acusado de una presunta aprobación de contrataciones por 25 millones de pesos sin consideración del resto de la Junta, como estipulan la ley y la Constitución de la Ciudad. Desde la Procuración aseguraron que tal denuncia necesita un requerimiento orgánico.
“Quien pregunta, no yerra”, dicen en el campo. Mejor saber, que ignorar. Con esta idea, re-presentantes opositores de la Junta Comunal 14 acudieron a la Procuración General de la Ciudad para determinar si el presidente de la Comuna, Maximiliano Corach, cometió presuntas irregularidades en el uso de sus funciones públicas. Se trata de Marcelo Charlon (ex Proyecto Sur) y Gonzalo Toyos (Frente para la Victoria), quienes aseguran que el presidente de la Comuna ejecutó el presupuesto de los años 2013 y 2014 sin el consentimiento del resto de los comuneros, comportándose como el patrón de la estancia de Palermo.
En la nota presentada el 3 de agosto al procurador porteño Julio Marcelo Conte Grand, expresan que Corach realizó por lo menos 83 actos administrativos en “materia de compras, contrataciones, licitaciones, nombramiento de personal, prestación de servicios y gastos de Caja Chica” por la suma total de $ 25.426.529,78. Todos estos actos fueron “emitidos sin aprobación de la Junta Comunal, sin nuestro consentimiento, conocimiento y por fuera de las atribuciones que la ley 1777 establece a los presidentes de las Juntas Comunales”. Asimismo, dejaron constancia de la existencia de una cuenta corriente en la Sucursal N° 25 del Banco Ciudad a nombre de la Junta Comunal N° 14 Palermo, de la que no tenían conocimiento y en la que se realizaban los depósitos para los gastos de la Caja Chica.
Todos estos actos fueron emitidos sin aprobación de la Junta Comunal, sin nuestro consentimiento, conocimiento y por fuera de las atribuciones que la ley 1777 establece a los presidentes de las Juntas Comunales.
De acuerdo a lo establecido por la Constitución de la Ciudad y la ley Orgánica de Comunas (1777), el gobierno es ejercido por un órgano colegiado, integrado por siete miembros, denominado Junta Comunal que, como cuerpo, es su atribución y obligación la de “ejecutar el presupuesto y administrar el patrimonio de la Comuna, celebrar contratos, ejercer la superintendencia del personal de la Comuna, nombrar y remover a su personal de acuerdo con la legislación vigente y atender a la prestación de los servicios”. La misma normativa determina que la función principal del presidente de la Junta Comunal es la de ser el representante legal de la Comuna y su administrador general con los límites expuestos con anterioridad.
“El cuerpo colegiado no es indivisible por siete, lo que haga cualquiera de los siete es responsable la Junta. Por eso, queremos dejar claro que no teníamos conocimiento de las ejecuciones y que fue sin nues-tro consentimiento”, señaló Charlon en diálogo con Qué. El comunero, que asumió en 2011 bajo el ala de Proyecto Sur, relató a este medio cómo se fueron sucediendo los hechos que finalizaron en la presentación a la Procuración. En principio, Charlon señaló el hecho de que las comunas funcionan bajo la órbita de la secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana y que, por lo tanto, “todo lo maneja el superpoderoso (Eduardo) Macchiavelli. Maneja el dinero de las comunas, cuando en realidad tiene que ser manejado por la Junta Comunal. ¿Quién es este señor? El pueblo no lo eligió para que tome esas decisiones”.
Con este precedente, “veíamos que había un gobierno del cual no éramos parte. No teníamos acceso al SUACI (Sistema Unico de Atención Ciudadana), ni al SIGAF (Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera) Sistemáticamente, me lo fueron negando”, advirtió. Por ello, se remitió al Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) donde se encontró con las 83 resoluciones en cuestión. “Enviamos la nota al Procurador General para consultarle sobre la legalidad de estos actos administrativos, pero hasta el día de la fecha no nos contestó”, dijo el comunero a este medio.
Contrataciones
De acuerdo a la presentación, las resoluciones que habrían sido aprobadas por Maximiliano Corach se dividen en seis grandes rubros: Arbolado, por el monto total de $ 4.429.733,42; Compras, por $ 101.694,40; Veredas por $ 10.484.512,00; Espacios Verdes, por $ 6.129.155,96; Personal, por
$ 3.535.434,00; y Caja Chica, por $ 746.000. Para tales fines, fueron elegidas 10 empresas a través del modo de contratación menor o, dicho de otro modo, contrataciones directas para las que no es necesario hacer un llamado a licitación privada o pública.
Mantelectric ICISA recibió un total de $ 4.129.693,42 para llevar adelante el servicio de poda de árboles y corte de raíces. A cargo de Carlos Alberto Pérez San Martín, es una de las firmas habituales en las licitaciones públicas referidas al medio ambiente y a distintas obras en la Ciudad de Buenos Aires.
