Policía Metropolitana: otra denuncia por atentar contra los Derechos Humanos
La Policía Metropolitana vuelve a ser noticia por un nuevo caso de violencia institucional. En esta nota, un breve recorrido por las denuncias más graves en las que la fuerza está involucrada, en el marco del discurso del candidato presidencial Mauricio Macri, quien promete más rigurosidad y dureza en el accionar policial en caso de resultar electo.
Al menos doce efectivos de la fuerza fueron acusados y denunciados penalmente por golpear, humillar y llevar injustamente detenida a una activista trans que, junto a otras amigas, había sido ofendida en pleno centro porteño por un peatón por su condición de género.
Sin mediar palabra, los agentes intervinieron en el conflicto propiciándole a las mujeres golpes de puño y patadas e insultándolas a través de afirmaciones gravemente discriminatorias, según consta en la denuncia que detalla, además, que una víctima estaba «tirada al piso boca abajo, con tres numerarios policiales que la retenían por la fuerza inmóvil».
Gatillo fácil, uso desmedido de la fuerza, irregularidades en procesos de desalojo público, represión a la protesta social, violencia de género y actos de racismo son delitos en los que la fuerza creada por el ahora candidato presidencial del frente Cambiemos, Mauricio Macri, está frecuentemente vinculada. A continuación, algunos casos representativos.
Según un informe del CELS, entre 2011 y 2014 se registraron 20 muertes por uso letal de la fuerza por parte de agentes de la Metropolitana en el marco de confusos episodios. Un reciente fallo condenó al policía Enzo Álvarez a prisión perpetua por el fusilamiento en 2011 del joven Bruno Pappa en Chacarita. Otro caso de gatillo fácil resonante -todavía sin sentencia-, fue el de «Robertito» Claudio Autero, ocurrido en febrero pasado. El chico de 16 años en situación de calle fue asesinado de un disparo en la nuca cuando estaba con un grupo de amigos. El agente imputado alegó que lo vio “en actitud sospechosa”.
Según admitió el Gobierno porteño en un pedido de informe, desde 2009 al 2013 ingresaron 186 efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas, aunque la Ley de Seguridad Pública lo prohíbe.
En el último mes, un centenar de inmigrantes senegaleses denunciaron a la fuerza por abuso y discriminación y exigieron el cese de las persecusiones. Según cuentan las víctimas, los efectivos los atacan a golpes mientras venden bijouterie en la vía pública o bien, entran en sus domicilios, les apuntan con un arma, y acusándolos de contrabando, se llevan la mercancía y su dinero.
Unos días antes, tres miembros de la Policía Metropolitana habían sido denunciados por abusos en un procedimiento en el que golpearon a cuatro adolescentes y a la madre de tres de ellos, según la acusación de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). Los efectivos le exigieron a los adolescentes los documentos; los jóvenes manifestaron que no los tenían en ese momento, pero se ofrecieron a buscarlos en el domicilio de uno de ellos, a media cuadra del lugar. En el camino hacia la casa, uno de los agentes golpeó ferozmente a uno de los chicos e inmediatamente otros dos policías atacaron al resto. Al oír los disturbios, la madre salió a defender a los menores, pero al exigir que no se los lleven detenidos y que los revisen en el lugar, también fue agredida.
La Policía Metropolitana encabezó las represiones en el Parque Indoamericano -ahora barrio Papa Francisco-, la sala teatral Alberdi, el hospital neuropsiquiátrico Borda, contra los habitantes de la Villa 31 de Retiro, que manifestaban en reclamo de una vivienda digna, en una marcha de puesteros del Parque Centenario y en el violento desalojo de vecinos de Villa Lugano, que protestaban en la autopista Dellepiane por la falta de luz. Todos los episodios dejaron decenas de manifestantes heridos y detenidos.
La fuerza salió a la calle en el año 2010, por la decisión del entonces jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri y de la mano del multiprocesado y enjuiciado policía, Jorge “Fino” Palacios. En sus cinco años de existencia, cambió cuatro veces de jefe. Desde 2011, está en manos de Horacio Giménez y Raúl Pedace.
Según admitió el Gobierno porteño en un pedido de informe, desde 2009 al 2013 ingresaron 186 efectivos provenientes de las Fuerzas Armadas, aunque la Ley de Seguridad Pública lo prohíbe. De ese total, 142 reportaron a la Armada, 35 al Ejército y nueve a Aeronáutica.
Es otras palabras,la mitad de los altos mandos de la Metropolitana formaron parte de la última dictadura cívico – militar. Pero, además, la fuerza no se caracteriza por sostener un estricto control sobre sus agentes. Hace una semana, se conoció que aún mantienen en sus filas a un comisionado procesado por el derrumbe de Beara, el boliche de Palermo, en el que perdieron la vida dos jóvenes.
En este contexto, las organizaciones de Derechos Humanos estan en alerta permanente ante la insistencia de la Metropolitana en utilizar las pistolas Taser. Se trata de un elemento que el Comité de la ONU en 2007 definió, nada y más ni nada menos, que como “elemento de tortura”.
Finalmente, a la fuerza se le cuestiona el envío de integrantes a El Salvador para estudiar en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), una escuela financiada y dirigida por el gobierno de Estados Unidos y considerada por organismos de derechos humanos internacionales como una nueva Escuela de las Américas: instituto símbolo del terrorismo de Estado en Latinoamérica.
El accionar de la Policía Metropolitana trasluce la delgada línea de legalidad que enmarca el discurso de Mauricio Macri. Ante el reclamo social por la inseguridad, el candidato presidencial promete rigurosidad y endurecimiento en el accionar policial y propone replicar a nivel nacional el ejemplo de su fuerza. Pero lo cierto es que el origen de sus efectivos, las modalidades que la caracterizan y las graves denuncias que acarrea, convierten a la Policía Metropolitana en un aparato represivo similar al que predominó en el país durante el período más oscuro y sangriento de la historia.
