Mega causa de trata de personas en San Juan: el juicio entra en la recta final

Se trata de la causa más grande de trata en el país: 17 acusados, 200 testigos y 57 víctimas. Todas provenían de distintas provincias de Argentina, Paraguay, Chile y República Dominicana. La mayoría de ellas eran madres solteras con hijos a su cargo, mujeres sin educación formal. El juicio comenzó en abril y está entrando en su recta final.

El pasado 10 de abril comenzó el juicio por la mega causa de trata de personas con fines de explotación sexual en la provincia de San Juan, en el que se juzga la responsabilidad penal de 17 personas acusadas de integrar la red.

Es la primera y más relevante investigación de este tipo en la provincia ya que, luego de un megaoperativo donde se allanaron 16 prostíbulos en forma simultánea, fueron encontradas más de 60 mujeres, una de ellas menor de edad y muchas oriundas de otros países como Paraguay, Brasil, Chile y República Dominicana.

57 víctimas, 17 acusados, 200 testigos.

La investigación se inició a raíz de una denuncia realizada por la asociación civil “Foro No a la Trata San Juan” ante la Agencia Regional Cuyo de la Policía Federal Argentina, en la que se puso en conocimiento de la fuerza la existencia de varios prostíbulos en la provincia.

Casi todas las víctimas declararon que estaban en los lugares por su propia voluntad. Sin embargo, las pruebas recolectadas demostraron que habían sido aleccionadas en sus discursos.

Luego de que se realizaran diversas tareas de inteligencia, el 14 de abril de 2012 se realizaron procedimientos a una escala sin precedentes en San Juan. Por orden del Juzgado Federal N°2, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, se allanaron simultáneamente 16 prostíbulos.

“Olev”, “Las Bóvedas”, “Luz Verde”, “Frasse”, “Las Cabañitas” y “Piratas del Cabaret” se escondían bajo la fachada de “confitería”, “whiskería”, “bar nocturno” o “cabaret” pero eran prostíbulos donde había 57 víctimas de trata sexual.

La mayoría de las víctimas eran madres solteras con hijos a su cargo, mujeres sin educación formal. Muchas de ellas rotaban entre los distintos locales y, también, eran trasladadas a prostíbulos de otras provincias.

Según el entrecruzamiento de teléfonos celulares y agendas de los proxenetas, los investigadores llegaron a la conclusión que los explotadores se conocían entre sí. Las mujeres estaban en departamentos conocidos como “privados”, concentrados en San Juan capital, y distintos prostíbulos ruteros, algunos de ellos en zonas precordilleranas.

Los locales, además, estaban distribuidos en cinco localidades. No tenían restricción para salir pero estaban en lugares aislados y sometidas a mecanismos de control muy precisos. La mayoría de las víctimas había llegado al país con la expectativa de ir a Chile y trabajar en restaurants o como empleadas domésticas. Primero pasaban por la provincia de Mendoza y luego arribaban a San Juan, tras ser rechazadas en la frontera.

Para el juicio, fueron recolectados casi cien relatos por las profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, durante su intervención hace tres años.

“Es uno de los casos más paradigmáticos y en el juicio está quedando probada la situación de vulnerabilidad de las víctimas. En la mayoría de los casos hubo trata y explotación sexual. En cada uno de los lugares había aprovechamiento, engaños y amenazas”, dijo a Infojus Noticias el fiscal general de San Juan, Francisco Maldonado que representa al Ministerio Público Fiscal en el debate oral.

Casi todas las víctimas declararon que estaban en los lugares por su propia voluntad. Sin embargo, las pruebas recolectadas demostraron que habían sido aleccionadas en sus discursos. Los patrones de la explotación sexual eran evidentes: cuadernos con descuentos del 50%, listas de deudas por pasajes de los micros, combustible para transportarlas, comida, cigarrillos, remedios y estudios médicos, secador de pelo y hasta el maquillaje.

Los prostíbulos tenían sus propias reglas. No podían negarse a ningún “pase”, tenían que vestirse con “ropa sexy”, al “cliente” había que llamarlo “papi” o “mi amor” y tenían que consumir la mayor cantidad de tragos posibles, entre otras normas. Las mujeres llevaban en sus muñecas pulseras de distintos colores para distinguir “pases” de “copas”.

A lo largo del expediente quedó evidenciada la protección policial con la que contaban los proxenetas. De hecho, en uno de los múltiples allanamientos, los investigadores encontraron en un prostíbulo a un efectivo policial uniformado perteneciente a la Policía de la provincia de San Juan.

El Tribunal Federal está integrado por los jueces Juan Carlos Turcumán, Raúl Fourcade y Carlos Parra. Las audiencias ya comenzaron y declaró la mayoría de los imputados. El 27 de agosto fue la última jornada en la que hablaron algunas de las víctimas.

Además, testimoniaron ante los jueces un policía y tres profesionales del Programa Nacional de Rescate a través de videoconferencia. Ratificaron el informe elaborado al momento de intervenir en los procedimientos y, a su vez, detallaron la situación de vulnerabilidad de las mujeres rescatadas, las condiciones de vida de las víctimas extranjeras respecto a sus países de origen y cómo llegaron a la Argentina para terminar siendo explotadas en la provincia de San Juan.

Sin embargo, las expectativas no son muy felices: a fines del mes pasado, los mismos jueces que hoy abordan la Megacausa, absolvieron a los cuatro acusados de intentar vender por 10.000 pesos a una menor de 14 años en 2012.