Condenan a policías que se sublevaron en Entre Ríos en 2013
Diecisiete policías que el 8 y 9 de diciembre de 2013 tomaron la jefatura departamental de la localidad entrerriana de Concordia y posibilitaron una ola de saqueos que dejó tres muertos, fueron condenados por el delito de sedición agravada con penas que van desde 4 años y seis meses a 3 años y seis meses de prisión efectiva.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, integrado por Jorge Alberto Barbagelata, Silvina Isabel Gallo y Darío Gustavo Perroud dio a conocer la condena impuesta a los policías por sedición agravada, pero desestimó las acusaciones de privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado de bienes y lesiones leves reiteradas, que también pesaban sobre los uniformados.
El tribunal condenó a prisión efectiva de 4 años y 6 meses al oficial Carlos Zaragoza y a los suboficiales José María Biderbos y Leandro Coutinho, el primero por su alta jerarquía y a los otros dos como cabecillas de las revoltosas jornadas.
También los inhabilitó por 9 años para el ejercicio de cualquier tipo de cargo en la función pública.
Paralelamente, aplicó la pena de 4 años de prisión para los imputados Juan Manuel Rosas, Daniel Chávez, Diego Diferding, Juan Pedro Lacuadra, Alfredo Imaz y Luis Gómez, más el impedimento por 8 años para ejercer cargos en el Estado.
A los policías Luis Carlino, José Troncoso, Hugo Troncoso, Andrés Paredes, Carlos Rosas, Ricardo Paredes, Fabián Valdéz y Luis Paredes, el tribunal les impuso una condena de 3 años y seis meses de reclusión, más una inhabilitación de 7 años para trabajar en la función pública.
Durante el juicio, el fiscal Mario Guerrero sostuvo que los policías acusados «tomaron la Jefatura de Policía (de Concordia) en la noche del 8 de diciembre de 2013, instigando a saqueo en la ciudad» y recordó que el grupo de policías enjuiciados irrumpió en esa dependencia arrojando gas lacrimógeno e ingresando a las oficinas de los jefes y privándolos de su libertad.
Agregó que ello se debe sumar la toma de la sede del Comando Radioeléctrico y la interrupción de las líneas telefónicas.
Guerrero puntualizó que durante la sublevación hubo «una distribución de tareas» y que la toma de la Jefatura «estuvo organizada y planificada».
También recalcó que «los móviles que llegaban a la Jefatura estaban impedidos de salir», lo que explica porqué no se actuó cuando se alertó sobre el inicio de los saqueos en la zona noroeste de la ciudad.
También dijo que hubo funcionarios que anticiparon a algunos delincuentes que la ciudad quedaría sin servicio de seguridad y que las acciones de esos días estuvieron encuadradas en «arrancar al gobierno provincial un aumento salarial extorsivo».
El propio gobernador, Sergio Urribarri, reconoció que tuvo que acordar con los sublevados, durante una reunión que mantuvo en Concordia, un aumento bajo una situación extorsiva.
El propio gobernador, Sergio Urribarri, reconoció que tuvo que acordar con los sublevados, durante una reunión que mantuvo en Concordia, un aumento bajo «una situación extorsiva» y para «evitar un baño de sangre», debido al cariz que tomaron los acontecimientos.
Cuando la situación se tranquilizó, el mandatario dio marcha atrás con el aumento salarial, reconociendo que había sido logrado por los sublevados «de manera extorsiva».
A su vez, la procuradora adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche, señaló que los policías sublevados “no respetaron la cadena de mandos” y llevaron adelante “un hecho institucionalmente grave”.
En esta misma causa, la justicia entrerriana ya condenó a tres años de prisión de ejecución condicional a una pareja que participó de los saqueos, en el primer fallo que involucró a civiles.
En Concordia, más de 100 personas están imputadas por los saqueos a negocios, algunos porque los mismos autores de los desmanes subieron a la web las imágenes que luego serían utilizadas como pruebas en su contra.
