Sudán: Detienen al presidente por orden de la Corte de La Haya

La tensión se apoderó de la cumbre de los países de la Unión Africana (UA) que se realiza en Johannesburgo, luego que un tribunal sudafricano ordenara la detención provisional de uno de los invitados, el presidente de Sudán, Omar al Bashir, a pedido de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.

En 2009, la Fiscalía de la CPI, por entonces a cargo del argentino Luis Moreno Ocampo, emitió una orden de detención contra el mandatario en funciones de Sudán por su presunta responsabilidad en el genocidio, los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por paramilitares en Darfur, en el suroeste de su país, entre 2003 y 2005.

Según la ONU, más de 300.000 personas murieron y más de dos millones tuvieron que huir y abandonar sus hogares, muchos de los cuales fueron destruidos.

Desde que la CPI ordenó su detención, Al Bashir limitó sus viajes internacionales, aunque continuó moviéndose libremente entre las fronteras del continente africano, inclusive visitando países que firmaron el Estatuto de Roma, carta fundante de la CPI, como Kenia, Malaui y Nigeria.

Por eso quizás el mandatario sudanés decidió este sábado aterrizar en Johannesburgo, Sudáfrica, para la cumbre de la UA que comenzó ayer y continuará hoy con la presencia de mandatarios de más de 50 países del continente y de dirigentes de las principales organizaciones internacionales, como la propia ONU, a la que está suscrita la corte penal de La Haya.

Ese mismo sábado Sidiki Kaba, presidente de la Asamblea de los Estados parte del Estatuto de Roma, instó «a Sudáfrica a no ahorrar esfuerzos a la hora de asegurar la ejecución de las órdenes de arresto» contra Al Bashir, según un comunicado, difundido por la agencia de noticias EFE.

En 2009, la Fiscalía de la CPI emitió una orden de detención contra al Bashir por su presunta responsabilidad en el genocidio cometido por paramilitares en Darfu entre 2003 y 2005

Dado que no es la primera vez que un país africano no responde a sus pedidos, Kaba se mostró «profundamente preocupado» por las consecuencias negativas que tiene para la Corte la no ejecución de sus órdenes y, por ello, urgió a los Estados miembro a «respetar sus obligaciones y a cooperar con la CPI».

Ayer, tras confirmarse la presencia de Al Bashir en suelo sudafricano, la ONG Centro para la Litigación de África Meridional presentó una demanda frente al Tribunal Superior de Pretoria para que la Justicia de ese país responda al pedido de la CPI.

Poco después, el juez Hans Fabricius ordenó que Al Bashir permanezca en el país hasta que su tribunal resuelva de forma definitiva su detención.

Ya informados de la orden judicial del tribunal sudafricano, los mandatarios de los países de la UA se mostraron en público en la sede de la vigésima quinta cumbre del bloque regional y se tomaron frente a la prensa de todo el mundo la foto protocolar en grupo, en la que participó un sonriente Al Bashir.

En esta cumbre la agenda está dominada por la actual crisis electoral en Burundí y el creciente drama humanitario de las miles de personas que escapan de la pobreza y la violencia que se vive en sus países y recorre, de manera extremadamente precaria, gran parte del continente en busca de un refugio.

Mientras la oposición sudafricana y varias organizaciones internacionales de derechos humanos pedían la detención del presidente sudanés, el partido gobernante de ese país, el Congreso Nacional Africano, informó a los medios que el gobierno dio inmunidad «a todos los participantes de la cumbre como es la norma internacional para todos los países en donde se realizan encuentros de la UA o hasta de la ONU».

«Es sobre esta base, entre otras, que nuestro partido llama al gobierno a desafiar la orden emitida para obligarlo a detener al presidente Al Bashir», agregó en un comunicado, en el que reiteró sus críticas a la CPI.

Muchos países miembros de la UA mantienen fuertes cuestionamientos a la Corte Penal en La Haya, cuyos casos suelen concentrarse más en África que en cualquier otro continente, y la consideran un instrumento imperialista aggionardo de las potencias occidentales para seguir controlando a los dirigentes de sus antiguas colonias.