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Sta Fe: La Justicia Federal le ordena al Gobierno la reparación inmediata e integral de tres rutas nacionales
El fallo judicial advierte sobre la existencia de grietas, hundimientos y profundos ahuellamientos en la calzada
En un fallo con fuertes implicancias para la infraestructura del país, la Justicia Federal dispuso que el Poder Ejecutivo Nacional resuelva de manera inmediata e integral el deterioro de las Rutas Nacionales 7, 8 y 33 en el sur de la provincia de Santa Fe.
La resolución judicial determined que la prolongada falta de conservación en la zona constituye una omisión incurrida con «arbitrariedad e ilegalidad manifiestas» por parte del Estado.
El dictamen fue firmado por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, a partir de una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio (Unidos para Cambiar Santa Fe) contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
«Obras definitivas y no solo tapar pozos»
El fallo judicial advierte sobre la existencia de grietas, hundimientos y profundos ahuellamientos en la calzada —especialmente graves en el trazado de la Ruta 33—, lo que pone en constante peligro la seguridad vial de miles de automovilistas y la red del transporte de cargas.
Ante esta situación, el juez dejó en claro que la etapa de medidas cautelares provisorias queda agotada y le exige a la Nación la ejecución de obras de fondo para garantizar la transitabilidad plena y segura en todo el tramo del departamento General López.
Al respecto, la senadora impulsora del amparo celebró la definición:
Este fallo representa un paso muy importante porque la Justicia Federal reconoce la gravedad de la situación. Ya no estamos hablando solamente de tapar pozos, sino de obras estructurales definitivas que garanticen rutas seguras para la producción y la gente».
Responsabilidad estatal ante privatizaciones o cambios de concesión
Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es que remarca la responsabilidad indelegable del Estado nacional, independiente del esquema de concesión, privatización o licitación que se aplique sobre las trazas viales.
Cuello Murúa precisó que las reparaciones deben ser ejecutadas por la Dirección Nacional de Vialidad o por las empresas concesionarias actuales y futuras. Sin embargo, advirtió que los cambios de contratos o las transferencias privadas no eximen al Estado federal de su obligación de garantizar la inmediata puesta en valor de los corredores.
