El peligro de retroceder: la amenaza del proyecto de «falsas denuncias»

En un contexto donde la violencia de género no da tregua y los datos vuelven a exponer la gravedad de la situación en el país, el debate legislativo toma una dirección alarmante. Este próximo 6 de agosto se intentará presentar nuevamente en el Senado el proyecto de ley sobre «falsas denuncias», impulsado por la senadora Carolina Losada. Lejos de aportar soluciones a un sistema judicial que ya arrastra serias deficiencias, la iniciativa representa un grave retroceso institucional y un golpe directo a la protección de las víctimas.

Un mensaje disciplinador que silencia a las víctimas

El argumento de fondo para impulsar este tipo de medidas parte de una premisa engañosa. El Código Penal argentino ya tipifica y sanciona el delito de falso testimonio. Crear un agravante específico vinculado a las denuncias de género e infancias no busca perfeccionar la justicia; busca infundir temor.

El verdadero efecto de este proyecto es disciplinador: ante la amenaza explícita de terminar denunciada o penalizada, la duda paraliza a quien sufre violencia. Preguntas como «¿y si no me creen?» o «¿y si la denunciada termino siendo yo?» se convierten en barreras insuperables. Cuando el miedo desplaza a la denuncia, el agresor actúa con total impunidad y el riesgo para las mujeres y niñeces se multiplica exponencialmente.

La realidad de las cifras frente a los relatos ficticios

Quienes promueven este proyecto sostienen su postura en sectores y lobbies que lucran con la desinformación, prescindiendo de cualquier evidencia empírica. Las estadísticas y los informes de organizaciones especializadas como La Casa del Encuentro demuestran que las denuncias falsas son la excepción dentro del sistema judicial, mientras que el silencio forzado por miedo y revictimización sigue siendo la norma.

De acuerdo con los datos del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, un porcentaje mínimo de las mujeres agredidas o asesinadas llega a contar con denuncias previas o medidas cautelares efectivas. Esto evidencia que el problema central no es el «abuso de denuncias», sino la incapacidad o falta de voluntad del Estado para garantizar medidas de protección eficaces y oportunas.

Sin justicia integral no hay derechos humanos

El debate de este 6 de agosto pone a la Legislatura Nacional ante una disyuntiva ética y política crucial. La violencia de género es un tema fundamental de Derechos Humanos. Reducirla a un problema de «falsedades» o enmarcarla en discursos que niegan la problemática estructural no solo ignora a las víctimas fatales y a los cientos de niños y niñas que quedan sin madre, sino que desarma las pocas herramientas de contención vigentes.

El Poder Legislativo no debe legislar para la impunidad ni para complacer agendas que desprotegen a los sectores más vulnerables. Lo que se necesita con urgencia son presupuestos, perspectiva de género en el Poder Judicial y el cumplimiento efectivo de las leyes de protección vigentes, no leyes que castiguen el intento de pedir ayuda.