Bolivia: Debaten si esterilizan obligadamente a mujeres en situación de calle
Ya no se habla de asistencia social, ahora la infertilidad es una política contra la pobreza
En una actitud escandalosamente opresiva, estigmatizante y nazi, el Gobierno boliviano plantea esterilizar a la mujer en pobreza para que no se reproduzca y por tanto, evitar así los fondos económicos para el desarrollo social.
La mirada antihumanitaria y muy lejos del respeto por los derechos inalienables de la mujer, buscará invadir la voluntad, el libre albedrío y el futuro de la población, en su mayoría mujeres indígenas en la Plurinacional República de Bolivia. Esta perspectiva para presionar es impulsada por las Iglesias Evangélicas.
«La pobreza no se combate esterilizando mujeres.
¿Quién decide sobre el cuerpo de una mujer?¿La pobreza puede justificar la pérdida de derechos?¿Qué Estado queremos construir: uno que acompañe y proteja, o uno que controle y castigue a las poblaciones más vulnerables?El retorno de la lógica eugenésica: Análisis de la propuesta de esterilización forzada en Bolivia
Proyectos legislativos sobre control reproductivo coercitivo y el ciclo vital de las mujeres
La amenaza a la autonomía del cuerpo
La controversia generada por iniciativas parlamentarias que plantean la esterilización forzada o coercitiva como política de «control social» o de intervención en personas en situación de alta vulnerabilidad (como mujeres e infancias en situación de calle) representa un alarmante retroceso en la agenda de derechos humanos en Bolivia.
Bajo la aparente justificación de abordar problemáticas sociales complejas o «proteger» el ciclo vital, sectores legislativos promueven medidas quirúrgicas irreversibles. Esta mirada atenta directamente contra la autonomía corporal y revive prácticas discriminatorias que la jurisprudencia internacional ya ha tipificado como violaciones graves a la integridad física y moral.
Fundamentos de la crítica al proyecto parlamentario
1. Inconstitucionalidad y vulneración de tratados internacionales
La Constitución Política del Estado de Bolivia y el marco normativo internacional garantizan que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales. La imposición de procedimientos de esterilización sin el consentimiento previo, libre e informado de las personas vulnera:
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El derecho a la integridad personal y física: Toda intervención quirúrgica no consentida constituye un acto de violencia de Estado.
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La prohibición de tortura y tratos crueles: La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) —en fallos emblemáticos como I.V. vs. Bolivia— sentó jurisprudencia vinculante al declarar que la esterilización forzada sin consentimiento vulnera la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.
2. La trampa del eugenismo como «solución social»
Analistas sociales y defensores de derechos humanos señalan que pretender «resolver» la pobreza, el abandono o la falta de oportunidades mediante el cercenamiento de la capacidad reproductiva es un planteamiento de carácter abiertamente eugenésico. En lugar de atender las causas estructurales —como el acceso a la educación, la salud integral, la salud mental, el apoyo socioeconómico y la vivienda—, la propuesta busca eliminar el derecho a la maternidad de las personas en situación de marginación.
El rol del Estado debe ser la protección e inclusión social integral, nunca la sustitución de sus obligaciones mediante la imposición de intervenciones quirúrgicas irreversibles.» — Comunidad de Derechos Humanos
Perspectiva desde el ciclo vital de las mujeres y la interseccionalidad
Las voces provenientes del activismo social, organizaciones indígenas y colectivos de mujeres —tales como la politóloga mapuche Vero Azpiroz Cleñan, especialista en salud intercultural y derechos reproductivos— han advertido cómo estas visiones punitivas y de control sobre los cuerpos afectan desproporcionadamente a las mujeres en sus distintas etapas vitales:
| Etapa / Sector afectado | Impacto de las propuestas de control coercitivo |
| Juventud y adolescencia | Reducción de la educación en salud sexual a mero control poblacional o profilaxis. |
| Mujeres marginadas / en situación de calle | Criminalización de la pobreza e imposición de intervenciones eugenésicas como condición de «reinserción». |
| Mujeres de pueblos originarios | Violación a la soberanía del cuerpo e incomprensión de las perspectivas interculturales del buen vivir y la salud colectiva. |
La dignidad no se esteriliza
Cualquier proyecto legislativo que contemple la privación de la capacidad reproductiva como respuesta a situaciones de vulnerabilidad social transgrede el orden legal boliviano y los compromisos internacionales del Estado.
Quienes promueven tales proyectos evaden la responsabilidad estatal de generar políticas de cuidado integral, salud pública de calidad y programas de protección social. El cuerpo y el ciclo vital de las mujeres no pueden ser objeto de violencia institucional ni de experimentos eugenésicos bajo el disfraz de políticas públicas.
EL RACISMO CONTRA MUJERES INDÍGENAS: VIOLENCIA REPRODUCTIVA
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó su rechazo al proyecto de ley que plantea la esterilización de mujeres en situación de calle y advirtió que una iniciativa de esta naturaleza representa un grave retroceso para el Estado boliviano en materia de derechos humanos, al vulnerar derechos fundamentales vinculados con la autonomía, la integridad personal y los derechos sexuales y reproductivos.
No puede imponerse a las mujeres, de manera obligatoria, un procedimiento de esterilización como plantea este proyecto de ley. Existen experiencias históricas en nuestro país, particularmente en las décadas de 1960 y 1970, en las que se denunciaron prácticas de esterilización forzada contra determinados sectores de la población”, afirmó el Defensor del Pueblo al referirse a la propuesta legislativa presentada por el diputado Néstor Rodríguez.
En ese marco, informó que la Defensoría del Pueblo estableció contacto con el legislador y promovió un espacio de diálogo para socializar los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos aplicables a esta temática, con el propósito de contribuir a que el debate legislativo se desarrolle en observancia de los principios constitucionales y de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, evitando iniciativas que impliquen un retroceso en la protección de los derechos humanos.
Callisaya recordó que la esterilización sin consentimiento libre, previo e informado constituye una grave vulneración de los derechos humanos. Señaló que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en los casos I.V. vs. Bolivia y Ramos Durand y otros vs. Perú, estableció que las decisiones sobre el cuerpo, la salud sexual y reproductiva y el proyecto de vida corresponden exclusivamente a cada mujer y deben adoptarse libres de cualquier forma de coerción, discriminación o violencia.
Asimismo, enfatizó que ninguna política pública orientada a atender problemáticas sociales puede sustentarse en restricciones al ejercicio de derechos fundamentales. “Bajo ninguna circunstancia puede obligarse a una mujer a someterse a un procedimiento de esterilización. La respuesta del Estado frente a la pobreza o a la situación de calle no puede ser limitar derechos, sino garantizar protección, inclusión y condiciones para una vida digna”, sostuvo.
Finalmente, el Defensor del Pueblo remarcó que la obligación del Estado es adoptar políticas públicas integrales que atiendan las causas estructurales de la pobreza, fortaleciendo los sistemas de protección social, salud, vivienda, educación y cuidado, con especial atención a niñas, niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, reiteró que toda medida estatal debe respetar la dignidad humana, la autonomía personal y los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
