EN DEFENSA DEL PUEBLO BOLIVIANO

La comunidad boliviana del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina, junto a organizaciones sociales, sindicales, políticas y de Derechos Humanos que acompañan la lucha del pueblo boliviano, expresamos nuestra más profunda preocupación y nuestro más enérgico repudio frente a la escalada represiva impulsada por el gobierno de Rodrigo Paz.

Denunciamos en primer lugar la promulgación de la Ley N°1740 de Regulación del Estado de Excepción. Se trata de una medida de extrema gravedad que genera las condiciones legales para ampliar la militarización de los conflictos sociales, restringir derechos fundamentales y otorgar mayores facultades represivas al Poder Ejecutivo. En un contexto de creciente movilización popular, esta ley constituye un peligroso antecedente y abre la puerta a la suspensión de garantías democráticas conquistadas por el pueblo boliviano.

La posibilidad de que el gobierno avance hacia la declaración de un Estado de Excepción no puede ser leída como una medida administrativa más. Es la construcción de un marco institucional destinado a legitimar la intervención militar contra la población movilizada y a blindar jurídicamente futuras violaciones a los derechos humanos. La historia reciente de Bolivia obliga a tomar estas señales con la máxima seriedad. Nuestro pueblo conoce demasiado bien las consecuencias de la militarización, la suspensión de derechos y la construcción de enemigos internos para justificar la violencia estatal.

Lo que ocurre hoy en Bolivia no es una conspiración desestabilizadora. Es una insurrección popular de carácter amplio y profundamente arraigada en las organizaciones históricas del pueblo boliviano. Desde hace más de un mes, indígenas, campesinos, trabajadores, mineros, transportistas, juntas vecinales, maestros y población en general sostienen movilizaciones, marchas, bloqueos y un paro indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana en rechazo al ajuste económico, la entrega de recursos estratégicos, la destrucción del poder adquisitivo, la vulneración de derechos colectivos y el desmantelamiento progresivo del Estado Plurinacional.

Frente a esta insurrección popular, el gobierno ha optado por el camino de la represión, la persecución política y la criminalización de la protesta social.

Durante los últimos días se profundizó una ofensiva represiva que incluye centenares de detenciones arbitrarias, allanamientos, persecución judicial contra dirigentes sociales y sindicales, operativos policiales irregulares y la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas de control interno. Numerosos organismos y organizaciones han denunciado graves vulneraciones al debido proceso, detenciones sin orden judicial, traslados forzados, incomunicación de detenidos y el uso desproporcionado de la fuerza contra la población movilizada.

Resulta especialmente grave la denuncia realizada por la Central Obrera Boliviana sobre el secuestro y aprehensión arbitraria de dirigentes nacionales de la organización. Según el pronunciamiento emitido por la COB el 8 de junio, cinco dirigentes fueron interceptados por sujetos encapuchados vestidos de civil, introducidos por la fuerza en vehículos no identificados y posteriormente trasladados a dependencias policiales sin exhibición de orden judicial ni identificación de autoridad competente. La propia organización denuncia que estos hechos constituyen una flagrante violación de la Constitución Política del Estado, del debido proceso y de los derechos humanos fundamentales, además de configurar prácticas incompatibles con un régimen democrático.

Denunciamos asimismo la persecución contra dirigentes vecinales, campesinos, indígenas y sindicales que hoy son objeto de procesos judiciales, órdenes de captura y campañas de estigmatización política destinadas a disciplinar la protesta social y sembrar miedo entre quienes se movilizan.

Resulta igualmente alarmante la reactivación y legitimación de grupos de choque vinculados a la extrema derecha boliviana. Organizaciones como la Unión Juvenil Cruceñista, la Resistencia Juvenil Cochala y otros grupos similares han reaparecido en el escenario político actuando contra organizaciones populares, indígenas, campesinas y sindicales. La tolerancia estatal frente a estas expresiones constituye un peligroso precedente que profundiza la violencia política, el racismo y la confrontación social.

El pasado 6 de junio, el municipio de San Julián, en el departamento de Santa Cruz, fue escenario de hechos particularmente graves. Grupos irregulares actuando bajo protección policial irrumpieron armados, saquearon viviendas y dispararon contra campesinos movilizados. Estos hechos evocan algunos de los episodios más oscuros de la violencia política reciente en Bolivia y no pueden ser normalizados bajo ningún concepto.

Rechazamos también la narrativa oficial que intenta reducir las movilizaciones a una supuesta operación dirigida exclusivamente por Evo Morales. Esa explicación busca ocultar las verdaderas causas del conflicto. Al mismo tiempo, reproduce una mirada profundamente racista y clasista sobre la población movilizada. El malestar que hoy se expresa en las calles es consecuencia de decisiones políticas concretas y de un creciente distanciamiento entre el gobierno y amplios sectores de la sociedad boliviana.

Asimismo, se han acumulado denuncias de que el gobierno pretende llevar adelante un operativo conjunto entre policías, militares y agencias estadounidenses en la región del Chapare. Existen fundadas preocupaciones respecto a posibles acciones dirigidas contra la libertad, la integridad física o incluso la vida del hermano Evo Morales Ayma. Los prolongados cortes de energía registrados en los últimos días en el Trópico de Cochabamba aumentan estas preocupaciones. Por ello, nos declaramos en estado de alerta permanente ante cualquier intento de profundizar la persecución política o generar escenarios de violencia.

Manifestamos además nuestra preocupación por el respaldo político brindado a la represión por distintos gobiernos y actores internacionales. Repudiamos cualquier forma de injerencia extranjera destinada a sostener procesos de militarización, persecución política o vulneración de derechos humanos en Bolivia.

Ante esta situación, reafirmamos que el pueblo boliviano tiene pleno derecho a organizarse, movilizarse y resistir frente a políticas que atenten contra sus derechos, sus territorios y su soberanía.

Exigimos:

• La renuncia de Rodrigo Paz.
  • El cese inmediato de la represión, la militarización y la persecución política.
  • La libertad inmediata de todas y todos los presos políticos y detenidos por participar en las movilizaciones y de dirigentas y dirigentes de organizaciones sociales.
  • El retiro de todas las causas judiciales contra dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, vecinales y populares.
  • Justicia para Rubén Callisaya Marca, Alberto Cruz Chinche, Martha Villca y Víctor Cruz Choque.
  • El respeto irrestricto a la Constitución Política del Estado Plurinacional.
  • La plena vigencia de las libertades democráticas, el derecho a la protesta, a la huelga y a la organización popular.
  • El fin de toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Bolivia.
  • El envío urgente de una misión internacional de Derechos Humanos que investigue las denuncias de represión, detenciones arbitrarias y violaciones a las garantías fundamentales.

Convocamos a las organizaciones populares, sindicales, indígenas, campesinas y de Derechos Humanos de Argentina, América Latina y del mundo a mantenerse alertas y a apoyar activamente la lucha del pueblo boliviano.

Porque defender al pueblo boliviano es defender la democracia, la soberanía popular y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino.

¡Basta de represión!
¡Libertad a las y los detenidos!
¡Fuera militares de las calles!
¡Viva la lucha del pueblo boliviano!
¡Jallalla el Estado Plurinacional de Bolivia!